Fiscalía contactó a la Universidad Católica de Valparaíso, que en 2012 hizo informe por La Polar.
El fiscal José Morales, jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, había resuelto replicar en el Caso Cascadas la estrategia que siguió en el caso La Polar: encargar un peritaje externo sobre los aspectos centrales de la investigación y que, dada la escasez de recursos públicos, fueran las partes las que financiaran el estudio.
La realización de ese peritaje ya está casi resuelta: Morales contactó para ello a la Universidad Católica de Valparaíso (UCV), cuyo Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (Ceal) hizo en 2012 un informe para el caso La Polar. Dada su experiencia, a Morales le interesa que sea la UCV la que haga el nuevo análisis sobre el Caso Cascadas y por ello pidió una cotización. El Ceal realiza peritajes solo para entidades públicas.
En el caso La Polar, la UCV realizó el Análisis del Proceso de Renegociación unilateral al interior de la Sociedad Empresas La Polar, que fue pagado por la propia empresa querellante en la causa, y cuyo costo ascendió a $ 111 millones.
En el Caso Cascadas, el costo sería superior y ya tiene financiamiento comprometido: Moneda Asset Management, querellante, aceptó asumir los costos del peritaje y está negociando el monto con la universidad. El grupo espera sumar a otros querellantes al financiamiento del peritaje.
Para usar estos análisis en su investigación, la fiscalía ha impuesto condiciones: que el Ministerio Público tenga la tuición técnica sobre la investigación y que las partes no tengan relación ni contacto alguno con la universidad que desarrollará la investigación.
Morales explicó así la diligencia en diciembre: “un peritaje de esta naturaleza es altamente costoso, costo que el Ministerio Público no está en condiciones de asumir. Además, son peritajes lentos, no menos de seis a nueve meses. Esperamos obtener financiamiento de parte de los querellantes e interesados, pero el peritaje estará, obviamente, bajo la dirección técnica del Ministerio Público”, dijo.
La fiscalía pretende obtener un estudio independiente para certificar si las acusaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) tienen fundamentos para una persecución penal. La SVS acusó en septiembre de 2014 a Julio Ponce y varias otras personas de cometer una serie de infracciones a las Leyes de S.A. y Mercado de Valores por transacciones con las sociedades cascadas en 2010 y 2011. La autoridad estableció multas en total por US$ 164 millones (4 millones de UF).
El objetivo de la fiscalía es que el peritaje analice las operaciones de compra y venta de acciones de las cascadas entre 2009 y 2011 que la SVS describió en su resolución sancionatoria.
Morales investiga la acusación principal de la SVS en el Caso Cascadas y ha pesquisado varias otras aristas: pidió el sobreseimiento de la investigación por filtración y la querella por prevaricación contra ex autoridades de la SVS y esta semana formalizó a Aldo Motta, gerente de las cascadas, por la falsificación de actas de directorio de dos empresas.
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