Para el controlador de SQM "una multa de US$70 millones no tiene un efecto sancionatorio ni disuasivo si se considera que ganó US$128 millones", planteó el abogado Mauricio Daza.
La millonaria e histórica multa aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra Julio Ponce y el resto de los acusados por el Caso Cascada, que en total suma US$164 millones, no es suficiente para el abogado Mauricio Daza, protagonista de la arista penal en su calidad de abogado querellante en representación del accionista minoritario de SQM y Potasios, Norte Grande y Oro Blanco, Roberto Lobos Cerda.
"La señal que se manda al mercado es equívoca, porque la multa que se aplica a Julio Ponce es de US$70 millones y el beneficio estimado es de US$128 millones, con lo cual tras pagar la multa, se quedará con una ganancia de US$58 millones. Es por esto que la sanción criminal es fundamental tanto para que se establezca castigo real y efectivo contra quienes cometieron el fraude financiero más grande de la historia de Chile y prevenir que estas conductas se puedan repetir bajo la convicción de que aunque sean descubiertos los ilícitos, igualmente se puede obtener una ganancia", plantea.
Y arremete: "Para Julio Ponce una multa de US$70 millones no tiene un efecto sancionatorio ni disuasivo real si se consideran las ganancias que obtuvo y que, según la revista Forbes, posee un patrimonio estimado de US$2.300 millones".
-¿Qué aporta la sanción de la SVS a la causa penal?
-Es una resolución importante porque finalmente se estableció que el conjunto de infracciones investigadas y sancionadas vulneraron aquellas disposiciones de las leyes del mercado de valores que, además de generar una responsabilidad administrativa, también gatillan una responsabilidad de carácter criminal, que es lo que hemos planteado en nuestra acusación.
Entonces, avala la tesis que hemos sostenido ante el Ministerio Público y que puede derivar en penas que van desde los 541 días hasta los 10 años de presidio efectivo.
El fiscal José Morales no tiene ninguna excusa para no formalizar a Julio Ponce y a los demás involucrados.
-¿Qué pena pedirán?
-A partir del número de operaciones realizadas y los montos involucrados, se debiese aplicar el máximo. Pediremos 10 años de cárcel para Julio Ponce.
Investigación puede abarcar desde 2006 en adelante
En el comunicado de prensa divulgado ayer por la SVS, explicó que "todas las actuaciones y operaciones analizadas en el procedimiento administrativo y que forman parte del esquema -entre 2008 y 2011- constituyen infracciones que ameritarían una sanción de multa. Sin embargo, la SVS ha atendido que algunas de las infracciones imputadas tienen una antigüedad de más de cuatro años. Por ello, conforme al artículo 33 del DL 3.538, se ha visto impedida de extender su facultad sancionatoria más allá del plazo antes mencionado".
-La SVS sólo pudo sancionar por operaciones ocurridas hasta 4 años atrás. ¿Ustedes tienen los mismos plazos?
-Nosotros presentamos la querella en 2011 y la justicia determina que en este caso se pueden investigar hasta 5 años antes, es decir, desde 2006 en adelante. Considerando que el esquema fraudulento operó entre 2008 y 2011, podremos entonces abarcar todas y cada una de las operaciones.
Esas son en número a lo menos equivalentes a las operaciones que fueron objeto del reproche de la SVS, deben representar un monto más importante que por el que aplicó sanciones.
-¿Qué responsabilidad tienen quienes son o han sido directores de las sociedades Cascada?
-Los directores estaban en posición de conocer la existencia y operación del esquema fraudulento montado por Julio Ponce y de denunciarlo en beneficio de las empresas que administraban y de sus accionistas minoritarios. Tienen una responsabilidad a lo menos administrativa que debe ser investigada.
www.lasegunda.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario