El magistrado Thomas Griesa calificó "ilegal" el proyecto de ley que propuso la Presidenta Cristina Fernández para pagar en el país a los bonistas de deuda reestructurada.
El Gobierno argentino afirmó hoy que el juez Thomas Griesa "pretende imponer condiciones al Congreso" después de que el magistrado de Nueva York calificara de "ilegal" el proyecto de ley que propuso la Presidenta Cristina Fernández para pagar en el país a los bonistas de deuda reestructurada.
"El hecho de declarar 'ilegal' a un proyecto de ley que el poder ejecutivo envía al Parlamento demuestra también, nuevamente, su desprecio por la soberanía nacional de Argentina y su absoluto desconocimiento del funcionamiento de las instituciones democráticas", sostuvo un comunicado del Ministerio de Economía.
Griesa, agrega el documento, "pretende ahora, a pedido de los fondos buitres, imponer condiciones al Congreso, máximo órgano legislativo de la Nación".
Según el Gobierno argentino, "en un nuevo exceso de jurisdicción y desconocimiento de la soberanía, Griesa opinó sobre la ilegalidad de un proyecto de ley que ni siquiera comprendió en toda su extensión (al desconocer elementos centrales del mismo) y que fue enviado para su tratamiento en el Congreso de la Nación, como debe ser en todo Estado democrático".
"Una vez más, la audiencia convocada por el juez de Nueva York Thomas Griesa finaliza sin resoluciones para ninguna de las cuestiones realmente importantes ocasionadas por su sentencia", añadió el ministerio que encabeza Axel Kicillof.
"Lejos de impartir justicia y generar condiciones equilibradas entre las partes, el juez sólo busca favorecer a los fondos buitre", concluyó.
Thomas Griesa, que falló a favor de los fondos especulativos que demandaron a Argentina en Estados Unidos para cobrar la deuda en mora desde 2001, calificó este jueves de "inválida e ilegal" la última propuesta anunciada desde Buenos Aires para destrabar los pagos.
En una audiencia desarrollada en los tribunales de Nueva York, el magistrado expresó que el proyecto de ley que ya fue remitido por el Gobierno el Parlamento argentino para abrir la puerta al pago local a los acreedores de deuda reestructurada, viola las órdenes dadas por la Justicia estadounidense.
Griesa mantiene bloqueados los fondos que Argentina depositó en un banco estadounidense para cumplir con sus obligaciones de pago con los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, que implicaron importantes quitas sobre las cifras originales.
El proyecto que impulsa el Ejecutivo de Fernández pretende esquivar el bloqueo del magistrado y hacer que sus acreedores cobren lo que les corresponde a través del Banco de la Nación Argentina o presenten un agente fiduciario alternativo, antes del próximo vencimiento de deuda, el próximo 30 de septiembre.
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