La detención de la termoeléctrica le cuesta a la firma más de US$630 mil diarios. La próxima semana la Corte Suprema vería los recursos presentados por comunidades contra el complejo.
por antonio astudillo m.
Tras siete meses desde que la justicia decretó su paralización, en diciembre de 2013, la central carbonera Bocamina II (370 MW) se ha convertido en el mayor dolor de cabeza para Endesa.
La unidad ubicada en Coronel completó ayer 214 días sin operar, lo que ha impactado las finanzas de la filial de Enersis, no sólo por lo que ha dejado de ganar, sino que al ser ésta una central de base en el Sistema Interconectado Central (SIC), su ausencia también incide en la evolución del costo marginal de la energía.
A fines de febrero y a partir de información oficial que entregó la compañía, se estableció que cada día de paralización de Bocamina II costaría unos US$ 633 mil. De esta firma, el acumulado desde el 17 de diciembre correspondería a un menor margen de contribución de US$ 135,4 millones.
A esto se debe sumar el sobrecosto que Endesa asumiría al comprar energía en el mercado spot para cubrir parte de sus contratos sus contratos.
Según datos del sistema, en lo que va de julio el costo marginal se ubica en
US$ 225,1 por MW/h.
Esta central, que forma parte de un complejo, es el mayor proyecto de Endesa que inició su operación en los últimos años y representa cerca del 5% de la demanda diaria del SIC y la próxima semana enfrentaría un momento clave desde la paralización.
La vía judicial
Para los próximos días, eventualmente el lunes, están previstos los alegatos en la Corte Suprema de los recursos de protección presentados por comunidades contrarias a este proyecto.
Esta será la última instancia en que los jueces de la Tercera Sala del máximo tribunal escucharán a las partes, pues luego de esto resolverán el fondo de las acciones, lo que se estima demoraría al menos un mes.
Conocedores de estos temas explican que aquí los escenarios post fallo para Endesa seguirán siendo complejos.
Asimismo, la eléctrica también mantiene abierto un proceso sancionatorio en contra de su central por parte de la Superintendencia de Medioambiente (SMA), el que debería resolverse en las próximas semanas, una vez que concluya la etapa de análisis de los argumentos presentados por la firma ante la autoridad ambiental.
El rol del gobierno
Endesa ha planteado su preocupación por este tema en todas las esferas del gobierno, tratando de encontrar apoyo de la autoridad para volver a poner nuevamente operación la central.
Asimismo, la semana pasada el CEO de Enel, Francesco Starace, criticó la forma en que la generadora ha enfrentado el desarrollo de sus proyectos de inversión en el país, dando cuenta de la disconformidad que existe a nivel del grupo.
Pero no son los únicos. Entre los privados reconocen que la forma en que Endesa logre resolver este conflicto definirá el desarrollo de nuevos proyectos en la zona, como la segunda unidad del complejo Santa María, de Colbún, que ya cuenta con aprobación ambiental.
Endesa ha estado trabajando en al menos dos líneas de acción: la primera, establecer planes de desarrollo económico y compensaciones para las comunidades afectadas por la central, con el objetivo de mejorar su relación con ellas.
En mayo, la compañía propuso una serie de medidas para “abrir el diálogo” con las comunidades, y anunció que destinaría recursos por
$ 13 mil millones (unos
US$ 23 millones) por los próximos 20 años para mejorar las condiciones de vida de la comunidad de Lo Rojas.
“Con el convencimiento de que la comunidad debe participar en el valor generado por el complejo termoeléctrico Bocamina, el aporte se canalizará a través de un Consejo Social de Desarrollo de la Región y Coronel, para lo cual Endesa Chile propone que un mínimo del 70% de estos recursos se destine a los vecinos de Lo Rojas”, explicó la firma en la oportunidad.
El uso de los recursos debería ser decidido por el directorio del Consejo, el que estaría compuesto entre otros por “autoridades regionales, municipales, sindicatos, juntas de vecinos y Endesa Chile”.
“Los fondos se orientarán preferentemente a gastos e inversiones en educación, mejora ambiental, equipamiento productivo, capacitación y proyectos de equipamiento y de mejoramiento urbano”, precisó la empresa.
A esto se suman los $ 10 mil millones ya comprometidos en el plan de relocalización de 700 nuevas viviendas.
Monitoreo del gobierno
La segunda área de acción activida por la generadora ha sido hacer ver a la autoridad la complejidad social que afecta a la zona que rodea la central, y que podría transformarse en un foco de conflicto.
En este sentido, en La Moneda habrían tomado nota del tema. Según señalan fuentes, se habría encargando el monitoreo de la situación al Seremi de Vivienda y Urbanismo del Biobío, Jaime Arévalo, quien tendría la misión de mantener informado al gobierno sobre los avances logrados.
Esta autoridad también se habría reunido con representantes de las comunidades y pescadores de la zona para escuchar de primera mano sus demandas y darlas a conocer a la autoridad central. Un papel similar también estaría cumpliendo el director local del Serviu, Francisco Merino.
EL ESCENARIO POST FALLO
La situación que deberá enfrentar Endesa una vez que la Corte Suprema falle los recursos presentados no será fácil debido al clima de beligerancia que se vive en la zona y a que hoy es el mayor flanco que mantiene abierto la eléctrica, al ser un proyecto que está construido y en operación. En el caso que la justicia autorice a reanudar las operaciones de Bocamina II, fuentes señalan que la compañía podría enfrentar un "estallido social" por la disconformidad de los opositores, reviviendo situaciones como la toma de las instalaciones, huelgas de hambre y protestas públicas contra el funcionamiento de la carbonera, tal como ha sucedido con anterioridad. Esto podría tensar aún más las relaciones con las comunidades. Asimismo, si la justicia falla en contra de Endesa y mantiene la paralización de la central, se abre un espacio amplio de incertidumbre respecto del tiempo que la unidad podría estar fuera de servicio -se habla de entre uno y dos años-, lo que podría afectar gravemente la situación financiera de la firma. Por otra parte, tampoco se descarta que la justicia solicite nuevas medidas de mitigación que encarecerían el proyecto.
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