La demanda interpuesta por Penta, Consorcio y Saint Thomas contra Pablo Alcalde toma cuerpo. Ahora, la defensa del ex presidente de La Polar, cuestionado por ocultamiento de información en la antesala de la sexta emisión de bonos de la compañía, pidió citar a declarar a ocho altos ejecutivos relacionados con las firmas demandantes.
Los ejecutivos están vinculados con las empresas que adquirieron efectos de comercio previo al escándalo de las repactaciones unilaterales, las que hoy demandan el pago de $26.427 millones por perjuicios por la pérdida de valor de sus inversiones.
El abogado de Alcalde, Jorge Bofill, entregó una lista de ejecutivos al 26 Juzgado Civil de Santiago, donde solicita que comparezcan Santiago Vial Echeverría, en representación de Inversiones Saint Thomas, ligada a Leonidas Vial; Andrés Chechilnitzki, de Banco Penta; Patricio Parodi, en representación de Consorcio Financiero; Fernando Cambara, de Compañía de Seguros Generales Penta Security; Christian Villouta Wheeler, en representación de Penta Administradora de Fondos de Inversión y Carlos Celis Morgan, en representación de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida. A éstos se suman Manuel Bulnes Muzard, en representación de Inversiones San José, y Raimundo Valenzuela Lang, de Inmobiliaria Estrella del Sur Limitada, quienes también participaron en la compra de bonos indirectamente.
La estrategia
Según Jorge Bofill, esta citación es una absolución de posiciones, que en palabras simples es “una diligencia que permite citar a declarar a los representantes legales de una de las partes a responder un listado de preguntas que se contienen en un sobre cerrado y que se abre en el momento de la comparecencia al tribunal”, explica.
Según Jorge Bofill, esta citación es una absolución de posiciones, que en palabras simples es “una diligencia que permite citar a declarar a los representantes legales de una de las partes a responder un listado de preguntas que se contienen en un sobre cerrado y que se abre en el momento de la comparecencia al tribunal”, explica.
La defensa de Alcalde ya tiene definidos los puntos a atacar. Uno relevante es demostrar que los demandantes firmaron el convenio judicial preventivo de La Polar. El estudio de Bofill envió al juzgado (el pasado 21 de abril) copias de este convenio en el cual figura una nómina de los acreedores con derecho a voto, entre los que están Penta y Consorcio.
“En este convenio los demandantes aprobaron las condiciones de pago de sus créditos. Esos créditos sólo pueden ser cobrados a La Polar por sus titulares en las condiciones pactadas en el convenio. Los demandantes no pueden desconocer las condiciones que ellos mismos pactaron ni reclamar supuestos perjuicios por haber decidido deshacerse anticipadamente de algunos de esos créditos”, explica el abogado Sebastián Yanine, de la defensa de Pablo Alcalde.
Otra estrategia que trabaja la defensa del ex ejecutivo de La Polar es debilitar la postura de Consorcio, argumentando que dicha sociedad adquirió los efectos de comercio con pleno y total conocimiento sobre el momento que atravesaba la multitienda. Para certificarlo, Alcalde espera comprobar frente a la justicia que Consorcio adquirió los pagarés el 13 y 20 de junio de 2011, días después de que La Polar revelara su situación financiera, es decir, el 9 de junio de ese mismo año
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