Según el gremio, la propuesta del programa de Michelle Bachelet no tendrá un efecto recaudatorio, porque hará caer las ventas y fomentará el mercado negro.
por Karina Ferrando
Peor que las heladas de septiembre pasado, que el alza en los costos, que el bajo tipo de cambio, y que el precio de la energía que los viene asfixiando desde hace ya un par de años. Así describen en Vinos de Chile el impacto que tendría para la industria la aplicación de un impuesto específico a los alcoholes, propuesta en el programa de gobierno de la Presidenta electa, Michelle Bachelet.
“Estableceremos un impuesto a las bebidas alcohólicas específico, en proporción al volumen de alcohol puro incluido en cada tipo de bebida, cuya tasa estará en torno al promedio de las establecidas en los países de la Ocde”. Aunque este párrafo, en el cual las próximas autoridades mencionan su intención de elevar los tributos al alcohol, es casi todo lo que conocen del plan, en el gremio decidieron estudiar a fondo una situación que consideran preocupante.
En noviembre crearon un comité tributario para analizar esta medida y contrataron a Cristóbal Huneeus, ingeniero industrial de la Universidad de Chile, para que mida el efecto de un alza tributaria en el sector. Con ese estudio ya en la mano, aseguran que un nuevo impuesto implicaría un cambio estructural y un escenario muy negativo para las viñas.
Esta visión la han ido socializando en las últimas semanas con distintas entidades que viven en torno al mundo del vino, como la Asociación de Enólogos y la Corporación Chilena del Vino, entre otras, y esperan planteársela a las nuevas autoridades a partir de marzo. El mensaje es claro y alarmante: este impuesto específico haría caer en cerca de US$ 100 millones las ventas del sector, lo que equivale a perder un mercado del tamaño de Brasil, Holanda o Japón.
Hoy, las viñas tienen ingresos por unos US$ 2.500 millones al año, de los cuales US$ 500 millones corresponden a ventas en el mercado interno. Araneda afirma que perder 20% de ese total es muy grave, porque “para ser exitosa globalmente, la industria requiere de un mercado interno sólido y con buena rentabilidad de los productores. Una industria alicaída no puede pretender ser un actor mundial”.
En volumen, lo que dejarían de vender tras el alza de impuestos serían unos 45 millones de litros, de los 220 millones de litros que demandan los chilenos al año. Esto, según Araneda, “pone en jaque todo el desarrollo del sector”, incluyendo sus actividades de investigación y desarrollo, el enoturismo, la promoción de las exportaciones y actividades vinculadas a la sustentabilidad, entre otras.
Lo peor, dicen, es que esto no ayudaría a corregir el consumo indiscriminado de alcohol, como esperan las autoridades electas, porque quienes beben en exceso consiguen alcohol independientemente del precio. “Será el bebedor responsable quien pague los platos rotos”, indica.
En el mismo sentido, dicen que el consumo per cápita de vino en Chile es de 50 centímetros cúbicos diarios, en el caso de los adultos, y que el consumo recomendado es de 125 cc al día para las mujeres y el doble para los hombres. “No somos un problema para la salud pública. El chileno se ha ido encauzando al consumo moderado y responsable”, asegura.
En el gremio destacan que, junto con golpear fuertemente a las viñas y a los productores que los abastecen de uvas, un nuevo impuesto tampoco sería efectivo desde el punto de vista recaudatorio. Araneda dice que hoy el Fisco capta unos US$ 90 millones de impuestos aplicados a los vinos y que con el nuevo tributo esa cifra podría subir, en teoría, a unos US$ 400 millones. Sin embargo, advierte que este monto no será tal en la práctica, porque “se va a reducir el consumo, pero con impuestos muy fuertes, también se puede producir evasión y aparecer clandestinaje y contrabando, males que ya estaban erradicados de la industria. Entonces, se va a perder parte de esa venta que hoy sí paga impuestos”, señala.
Como alternativa, indica que se debe mejorar la eficiencia del gasto público y declara, a nivel personal, que “si hay que recurrir a más impuestos, uno fácil de recaudar y que no genera distorsiones en el sistema económico es el IVA. Así se podría subsanar el eventual bache que se puede producir entre las necesidades presupuestarias y su financiamiento”.
Alza de $ 920 por litro
Desde el punto de vista económico, la industria también tiene una opinión. Según Araneda, el nuevo tributo parte del supuesto equivocado de que el impuesto que hoy pagan los vinos en Chile es “sumamente bajo”. Sin embargo, aseguran que el tributo actual supera ampliamente el promedio de los países de la Ocde.
Esto, porque mientras aquí se pagan en promedio $ 180 de impuesto por un litro de vino, en los países de la Ocde más Argentina (cercano competidor de Chile) este monto es un poco menor a $ 30. “Pagamos seis veces más que un país productor de la Ocde y tenemos la mitad del ingreso per cápita. Entonces, consideramos que el impuesto actual es sumamente alto”, comenta el ejecutivo.
Agrega que la propuesta considera un tributo de 20 UTM por hectolitro de alcohol puro y que eso, aplicado al precio promedio del vino, equivale a un tributo promedio de $ 920 por litro. Como este valor se aplicaría al volumen de alcohol puro de la bebida y no a su precio, en el gremio afirman que esto “castigará fundamentalmente a los vinos más baratos, porque se le pondrá el mismo impuesto a un vino que vale $ 1.000 que a uno de $ 8.000. Entonces, es regresivo respecto de los consumidores de vinos económicos, sobre quienes va a recaer todo el impuesto”, asegura (ver tabla).
Producto de la caída del consumo, también se verán golpeados los productores de uvas, que en su mayoría son pequeños agricultores de las regiones VII y VIII. Por eso, el gremio que reúne a las principales viñas del país plantea que la propuesta es inequitativa desde el punto de vista regional, pues impactará la actividad de esos productores para inyectar recursos a las arcas fiscales.
Por otra parte, para Vinos de Chile, el vino no debe estar incluido en una medida que afecte a todos los alcoholes, porque la industria, además de generar US$ 2 mil millones en exportaciones y 100 mil empleos directos e indirectos, aporta fuertemente a la imagen país. Araneda también afirma que aunque comparten algunas apreciaciones con otros rubros productores de bebidas alcohólicas, optaron por dar esta pelea solos, porque “el vino tiene argumentos para diferenciarse de otros productos que contienen alcohol”.
En Vinos de Chile admiten que no tienen información sobre la celeridad que el equipo económico de Bachelet dará a la implementación del nuevo impuesto, pero que tampoco tienen certeza de que esta medida no sea parte de las prioridades del programa tributario. Por eso, decidieron “levantar la voz antes de que sea demasiado tarde”.
Industrias del pisco y de la cerveza también acusan impacto por nuevo tributo
Similar preocupación a la de la industria del vino se replica entre los productores de pisco y de cerveza. La gerenta general de la Asociación de Productores de Cerveza de Chile (Acechi), Ximena Bravo, dice que aunque el alza es aún una declaración de intenciones por parte del próximo gobierno, prevén efectos negativos para la industria y para la recaudación fiscal. “El mercado no responderá de manera lineal y el consumo se va a desplazar hacia otro mercado que es ilegal”, advierte. Según los cálculos del gremio, si se materializa la propuesta, el precio de la cerveza subirá, en promedio, 40% por litro y el doble en el caso de las líneas más económicas, debido a que, tras el cambio, el tributo se aplicaría a la cantidad de alcohol puro que tenga el producto y no respecto de su valor.
Bravo afirma que hoy las cervezas pagan un impuesto que equivale a $ 1,84 por litro de alcohol puro y que equiparar esto al promedio de la Ocde significaría llegar a $ 7. “Este no es un escenario justo para la industria. Además, está demostrado que es casi proporcional el alza que se aplica en los impuestos con el crecimiento del mercado ilegal”, señala. Agrega que las ventas de la industria caerían cerca de 45% y que esto repercutiría en los cerca de 110 mil empleos directos e indirectos que el sector genera.
En el caso del pisco, también consideran que un nuevo tributo sería negativo para el sector productivo y para los agricultores que los proveen de uvas en las regiones III y IV, sobre todo, considerando que estos últimos ya cargan con las dificultades propias de ocho años consecutivos de sequía. “Esto va a ser un nuevo castigo para el sector”, dice el gerente general de Capel, Roberto Salinas.
El ejecutivo considera que es prematuro sacar cuentas, pero que un impuesto mayor obviamente haría caer el consumo. Agrega que la proporción en que eso ocurra dependerá de la magnitud del cambio tributario. Salinas también confía en que cualquier decisión que se adopte al respecto considerará la opinión de la industria. “Estoy cierto de que el próximo gobierno consultará y podremos entregar nuestras opiniones para tratar de compatibilizar los intereses generales con estos particulares”, indica. Por ahora, el gerente de Capel prefiere no cuantificar el efecto en el consumo. Asegura que esperará conocer la propuesta final de las próximas autoridades antes de entrar al detalle del tema. “Una vez que se debata el tema, queremos estar sentados a la mesa de negociación para dar a conocer nuestra opinión”, asegura.
“Estableceremos un impuesto a las bebidas alcohólicas específico, en proporción al volumen de alcohol puro incluido en cada tipo de bebida, cuya tasa estará en torno al promedio de las establecidas en los países de la Ocde”. Aunque este párrafo, en el cual las próximas autoridades mencionan su intención de elevar los tributos al alcohol, es casi todo lo que conocen del plan, en el gremio decidieron estudiar a fondo una situación que consideran preocupante.
En noviembre crearon un comité tributario para analizar esta medida y contrataron a Cristóbal Huneeus, ingeniero industrial de la Universidad de Chile, para que mida el efecto de un alza tributaria en el sector. Con ese estudio ya en la mano, aseguran que un nuevo impuesto implicaría un cambio estructural y un escenario muy negativo para las viñas.
Esta visión la han ido socializando en las últimas semanas con distintas entidades que viven en torno al mundo del vino, como la Asociación de Enólogos y la Corporación Chilena del Vino, entre otras, y esperan planteársela a las nuevas autoridades a partir de marzo. El mensaje es claro y alarmante: este impuesto específico haría caer en cerca de US$ 100 millones las ventas del sector, lo que equivale a perder un mercado del tamaño de Brasil, Holanda o Japón.
Hoy, las viñas tienen ingresos por unos US$ 2.500 millones al año, de los cuales US$ 500 millones corresponden a ventas en el mercado interno. Araneda afirma que perder 20% de ese total es muy grave, porque “para ser exitosa globalmente, la industria requiere de un mercado interno sólido y con buena rentabilidad de los productores. Una industria alicaída no puede pretender ser un actor mundial”.
En volumen, lo que dejarían de vender tras el alza de impuestos serían unos 45 millones de litros, de los 220 millones de litros que demandan los chilenos al año. Esto, según Araneda, “pone en jaque todo el desarrollo del sector”, incluyendo sus actividades de investigación y desarrollo, el enoturismo, la promoción de las exportaciones y actividades vinculadas a la sustentabilidad, entre otras.
Lo peor, dicen, es que esto no ayudaría a corregir el consumo indiscriminado de alcohol, como esperan las autoridades electas, porque quienes beben en exceso consiguen alcohol independientemente del precio. “Será el bebedor responsable quien pague los platos rotos”, indica.
En el mismo sentido, dicen que el consumo per cápita de vino en Chile es de 50 centímetros cúbicos diarios, en el caso de los adultos, y que el consumo recomendado es de 125 cc al día para las mujeres y el doble para los hombres. “No somos un problema para la salud pública. El chileno se ha ido encauzando al consumo moderado y responsable”, asegura.
En el gremio destacan que, junto con golpear fuertemente a las viñas y a los productores que los abastecen de uvas, un nuevo impuesto tampoco sería efectivo desde el punto de vista recaudatorio. Araneda dice que hoy el Fisco capta unos US$ 90 millones de impuestos aplicados a los vinos y que con el nuevo tributo esa cifra podría subir, en teoría, a unos US$ 400 millones. Sin embargo, advierte que este monto no será tal en la práctica, porque “se va a reducir el consumo, pero con impuestos muy fuertes, también se puede producir evasión y aparecer clandestinaje y contrabando, males que ya estaban erradicados de la industria. Entonces, se va a perder parte de esa venta que hoy sí paga impuestos”, señala.
Como alternativa, indica que se debe mejorar la eficiencia del gasto público y declara, a nivel personal, que “si hay que recurrir a más impuestos, uno fácil de recaudar y que no genera distorsiones en el sistema económico es el IVA. Así se podría subsanar el eventual bache que se puede producir entre las necesidades presupuestarias y su financiamiento”.
Alza de $ 920 por litro
Desde el punto de vista económico, la industria también tiene una opinión. Según Araneda, el nuevo tributo parte del supuesto equivocado de que el impuesto que hoy pagan los vinos en Chile es “sumamente bajo”. Sin embargo, aseguran que el tributo actual supera ampliamente el promedio de los países de la Ocde.
Esto, porque mientras aquí se pagan en promedio $ 180 de impuesto por un litro de vino, en los países de la Ocde más Argentina (cercano competidor de Chile) este monto es un poco menor a $ 30. “Pagamos seis veces más que un país productor de la Ocde y tenemos la mitad del ingreso per cápita. Entonces, consideramos que el impuesto actual es sumamente alto”, comenta el ejecutivo.
Agrega que la propuesta considera un tributo de 20 UTM por hectolitro de alcohol puro y que eso, aplicado al precio promedio del vino, equivale a un tributo promedio de $ 920 por litro. Como este valor se aplicaría al volumen de alcohol puro de la bebida y no a su precio, en el gremio afirman que esto “castigará fundamentalmente a los vinos más baratos, porque se le pondrá el mismo impuesto a un vino que vale $ 1.000 que a uno de $ 8.000. Entonces, es regresivo respecto de los consumidores de vinos económicos, sobre quienes va a recaer todo el impuesto”, asegura (ver tabla).
Producto de la caída del consumo, también se verán golpeados los productores de uvas, que en su mayoría son pequeños agricultores de las regiones VII y VIII. Por eso, el gremio que reúne a las principales viñas del país plantea que la propuesta es inequitativa desde el punto de vista regional, pues impactará la actividad de esos productores para inyectar recursos a las arcas fiscales.
Por otra parte, para Vinos de Chile, el vino no debe estar incluido en una medida que afecte a todos los alcoholes, porque la industria, además de generar US$ 2 mil millones en exportaciones y 100 mil empleos directos e indirectos, aporta fuertemente a la imagen país. Araneda también afirma que aunque comparten algunas apreciaciones con otros rubros productores de bebidas alcohólicas, optaron por dar esta pelea solos, porque “el vino tiene argumentos para diferenciarse de otros productos que contienen alcohol”.
En Vinos de Chile admiten que no tienen información sobre la celeridad que el equipo económico de Bachelet dará a la implementación del nuevo impuesto, pero que tampoco tienen certeza de que esta medida no sea parte de las prioridades del programa tributario. Por eso, decidieron “levantar la voz antes de que sea demasiado tarde”.
Industrias del pisco y de la cerveza también acusan impacto por nuevo tributo
Similar preocupación a la de la industria del vino se replica entre los productores de pisco y de cerveza. La gerenta general de la Asociación de Productores de Cerveza de Chile (Acechi), Ximena Bravo, dice que aunque el alza es aún una declaración de intenciones por parte del próximo gobierno, prevén efectos negativos para la industria y para la recaudación fiscal. “El mercado no responderá de manera lineal y el consumo se va a desplazar hacia otro mercado que es ilegal”, advierte. Según los cálculos del gremio, si se materializa la propuesta, el precio de la cerveza subirá, en promedio, 40% por litro y el doble en el caso de las líneas más económicas, debido a que, tras el cambio, el tributo se aplicaría a la cantidad de alcohol puro que tenga el producto y no respecto de su valor.
Bravo afirma que hoy las cervezas pagan un impuesto que equivale a $ 1,84 por litro de alcohol puro y que equiparar esto al promedio de la Ocde significaría llegar a $ 7. “Este no es un escenario justo para la industria. Además, está demostrado que es casi proporcional el alza que se aplica en los impuestos con el crecimiento del mercado ilegal”, señala. Agrega que las ventas de la industria caerían cerca de 45% y que esto repercutiría en los cerca de 110 mil empleos directos e indirectos que el sector genera.
En el caso del pisco, también consideran que un nuevo tributo sería negativo para el sector productivo y para los agricultores que los proveen de uvas en las regiones III y IV, sobre todo, considerando que estos últimos ya cargan con las dificultades propias de ocho años consecutivos de sequía. “Esto va a ser un nuevo castigo para el sector”, dice el gerente general de Capel, Roberto Salinas.
El ejecutivo considera que es prematuro sacar cuentas, pero que un impuesto mayor obviamente haría caer el consumo. Agrega que la proporción en que eso ocurra dependerá de la magnitud del cambio tributario. Salinas también confía en que cualquier decisión que se adopte al respecto considerará la opinión de la industria. “Estoy cierto de que el próximo gobierno consultará y podremos entregar nuestras opiniones para tratar de compatibilizar los intereses generales con estos particulares”, indica. Por ahora, el gerente de Capel prefiere no cuantificar el efecto en el consumo. Asegura que esperará conocer la propuesta final de las próximas autoridades antes de entrar al detalle del tema. “Una vez que se debata el tema, queremos estar sentados a la mesa de negociación para dar a conocer nuestra opinión”, asegura.
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