2014/01/11

Chile on fire: las presiones de un país bajo llamas




El país que se presenta como un ejemplo para la región no sólo tiene el desafío de apagar los incendios forestales, sino también de afrontar sus consecuencias económicas, sanitarias, ambientales, sociales y políticas.

Cuando escribo esta columna existen en el territorio central de Chile -700 km al norte y 700 km al sur de la capital- 23 focos activos de incendios forestales y en algunos casos urbanos. En la víspera la autoridad decretó alerta sanitaria para las regiones: Metropolitana, de Valparaíso, del Maule y de la Araucanía y ya hay un par de  detenidos acusados de causar el fuego.

En cifras, las llamas han destruido 44.000 hectáreas de terreno. Llegaron a haber más de un cincuentenar de siniestros activos. Y si bien arden principalmente pastizales, matorrales y árboles, esto no quiere decir que el fenómeno sea exclusivo de los terrenos dedicados al cultivo. En las últimas semanas se han producido incendios en fábricas, centros de distribución, viviendas y otro tipo de construcciones productivas y residenciales.

En la mayoría de los casos las causas, según los expertos, son ser similares: irresponsabilidad humana y exceso de calor productos de las altas temperaturas que se han dejado sentir en el valle central las últimas semanas. Eso sumado al hecho  que el país está en su cuarto año de sequía y la dirección de los vientos que poco a colaboradora con apagar el fuego (más bien ha sido aleada a la hora de expandir el humo).

Desde el punto de vista de la preocupación nacional, las personas y la opinión pública parecen estar acostumbrados a vivir con el desagradable olor a humo y las nubes grises sobre sus cabezas. Las mismas  que durante varias horas del día hacen irrespirables el aire de las ciudades como Santiago, Valparaíso, Constitución y otras aledañas a los incendios.

Hay focos emblemáticos, como el de Melipilla que viene ardiendo  ya casi una semana; el registrado en la ruta 68 -que une Santiago y Valparaíso- los días previos al año nuevo (cuando todos se dirigían al Puerto); el de Constitución que cada día suma decenas de hectáreas consumidas y el registrado en la Ruta 78 -que va desde capital y el Litoral Central- durante el fin de semana pasado.

Caso aparte ocupan los incendios en la Araucanía donde en más de algún paso se presume relación con el conflicto mapuche. Por alguna razón desconocida la autoridad ha separado esa relación y asegura que sólo en esa zona hay relación entre fuego y conflicto, en el resto del país las causas son otras, según fuentes oficiales.

Pero más allá de la promoción mediática de uno u otro incendio hay temas relevantes que se ocultan tras la cortina de humo que éstos levantan.

Como punto de partida hay que recordar que en términos económicos el tema no es menor, el ministro de Agricultura, Luis Mayol precisó  que hasta ahora la cantidad de terreno afectado es representa un 860% más que la temporada pasada y los daños causados llegan a los US$60 millones.

Ni hablar de las pérdidas para la agricultura y forestales, tanto por el daño causado por el fuego propiamente tal, como por lo que significa la paralización de actividades como medida preventiva ante la eventual propagación de los incendios.

Cabe recordar que los sectores productivos afectados varían de una región a otra, mientras desde Santiago hacia el norte los más perjudicados son monocultivos agrícolas (principalmente productores pequeños), en el sur el mayor daño se lo llevan las forestales.

Puntualmente, estas compañías tienen un compromiso con el Sistema de Certificación de Buen Manejo Forestal (FSC), este consiste en  cumplir con el estándar donde se menciona (indicador 7.1.7), que el plan de ordenación forestal deben contemplar la prevención y control de incendios que considere a los menos: cartografía, vientos dominantes, cortafuegos, identificación de áreas de mayor riesgo por comunidades cercanas y de uso agrícola. Para ello, éstas deben tener sistemas eficientes de prevención, comunicación y  combate de incendios.

Además, las empresas  voluntariamente, se han comprometido a cumplir el estándar de FSC que exige preocuparse de las comunidades aledañas, pero en la práctica, ellas sólo protegen su patrimonio forestal, a través de sus equipos de combate. Para salvaguardarse de las pérdidas económicas que causan estos eventos, las empresas cuentan con seguros que cubren sus bienes, pero en ningún caso los de terceros. Vale decir, ni el seguro ni la empresa forestal reponen las pérdidas de las familias campesinas, como casas, cultivos, galpones, ganado, entre otros.

Zona de emergencia

Con el país en llamas, la decisión del Presidente de la República de decretar alerta sanitaria en  cuatro regiones, otorga mayores facultades al Ministerio de Salud para gestionar la emergencia, pero no hay mucho más que eso.

Además, al anunciar la medida, el gobierno puso un poco más de leña al fuego provocado por los incendios. A la emergencia suscitada a causa del fuego se suma el hecho que, según informó el Ejecutivo, de  un eventual brote de virus Hanta en las zonas afectadas.

Ocurre que, como este año floreció el colihue (o quila) hay mayor población de “ratones de cola larga”, portadores de la enfermedad, que justamente viven en las zonas afectadas por el fuego  y que si se ven amenazados arrancan…como ratones.  Entonces se van a la ciudad y pueden contagiar a las personas.

El tema no se había dado a conocer masivamente pero ahí, mientras hablaba de la emergencia ambiental luego del presidente de la República, el ministro de Salud Sergio Mañalich se refirió a lo que está ocurriendo con el Hanta: desde agosto de 2013 a la fecha se suman once muertos y se han detectado 22 casos.

Así las cosas, los incendios resultan ser una verdadera emergencia país que afecta distintos ámbitos: desde la perspectiva ambiental, la contaminación que generan los focos; desde la perspectiva de salud, por los problemas respiratorios que causan, como también por las eventuales posibilidades de mayor contagio de virus Hanta; por el impacto político, en un gobierno saliente: nadie quiere que los incendios forestales se transformen para la gestión de Piñera en lo que fue el Terremoto del 27 F para el primer gobierno de Bachelet. Ni pensar lo que podría ser si se descubre que la mayoría de los incendios tiene relación con el conflicto mapuche.

Y finalmente en materia económica, las pérdidas que genera en las empresas y sectores productivos instalados en las zonas afectadas. Habrá que ver entonces, como Chile y su gobierno capean esta ola de fuego.

Un saludo.

Alejandra.


 

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