Si bien el adagio popular dice que “hecha la Ley, hecha la trampa” en Chile parece ser al revés en muchos casos, especialmente en lo que respecta al mercado. La última muestra de ello es el cuestionario con 24 preguntas que envió la semana pasada la Bolsa de Comercio a las corredoras para evaluar la forma en que enfrentan los conflictos de interés.
La iniciativa surge luego que el año pasado y ya en 2012, el mercado local se viera remecido por el caso Cascadas, que implicó las transacciones entre las sociedades vinculadas a SQM, puntualmente a su controlador, Julio Ponce Lerou. El escándalo, no sólo implicó a la compañía, sino que también se vieron salpicados ejecutivos de connotadas corredoras.
Así en el ambiente se sembraron dudas y esta semana, luego de otras reacciones, el Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio envió a las administradoras el documento que indaga sobre la forma en que se abordan las transacciones de socios o empleados en negocios que son llevados a cabo por las propias entidades.
En el cuestionario se formulan preguntas del tipo: ¿Cómo se tratan los eventuales conflictos de interés entre clientes de la corredora y los accionistas o ejecutivos de ésta? ¿Qué mecanismos emplea la corredora para conseguir que los empleados conozcan la política de manejo de estos conflictos? ¿Se realizan capacitaciones?
Según indicó el propio Comité en la carta enviada a las corredoras el estudio tiene como propósito “evaluar la necesidad de incorporar mejoras a la regulación”. Y precisamente esto último se ha convertido en una práctica casi común entre las autoridades chilenas.
Por ejemplo, la denominada Ley de OPA de 2000, normativa que protege a los accionistas minoritarios de una sociedad si se lleva a cabo una Oferta Pública de Acciones (OPA), se promulgó tras el escándalo de las Chispas en 1997. Ese caso fue uno de los primeros que estremeció al mercado local, al conocerse que los ejecutivos de las compañías eléctricas negociaron condiciones más ventajosas para la venta de sus valores a Endesa España. En simple, recibieron más dinero por los títulos que los accionistas minoritarios.
Sin ir tan lejos en el tiempo, el caso La Polar, que se hiciera público en 2011, tenía entre las eventuales causas el que el directorio habría ejercido controles menos rigurosos a la multitienda –aunque los directores fueron absueltos de responsabilidad la semana pasada-. Esta situación n dio paso entre otras mediadas a la agilización de la entrada en vigencia del Sernac Financiero –que entre otras cosas protege los derechos de los tarjetahabientes- y dio paso a la promulgación por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de la Norma de Carácter General 341, que entre otras cosas solicita a la alta gerencia de las sociedades inscritas información sobre su conocimiento de los controles internos de las compañías, algo que habría fallado en la multitienda.
Ante los antecedentes históricos y la reciente acción del Comité de Buenas prácticas de la Bolsa de Santiago, es normal preguntarse si vendrán nuevas legislaciones o normas en relación a los conflictos de interés de las corredoras.
Si la respuesta es positiva, no queda más que aplaudirla, porque cualquier iniciativa que tenga por objetivo proteger a los accionistas, sus intereses y hacer el mercado más confiable siempre es bienvenida, ya que ayuda a profundizar el mercado y por su puesto lo hace más atractivo para nuevos inversionistas y emisores. Por otra parte, los inversionistas, especialmente los particulares, deberán estar atentos a las respuestas ya que éstas serán una buena manera de conocer más sobre con quién se está operando –recordemos que para participar en la Bolsa de Santiago es obligatorio hacerlo con una corredora- .
Sin embargo, cabe preguntarse ¿hasta cuándo la Ley chilena espera que se haga la trampa, para entonces hacer la Ley? ¿No sería mejor un poco más de proactividad en la protección a los inversionistas?
Nos reencontramos la semana próxima,
Saludos,
Alejandra
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