El abogado del ex presidente de la multitienda dice que es un hito que la fiscalía haya desechado la acusación por uso de información privilegiada, porque eso derriba también el supuesto lavado de activos.
por Karina Ferrando y Carolina Pizarro
Que no denunció y no tomó medidas, porque nunca supo lo que estaba pasando en La Polar. Ese es el principal argumento de la defensa del ex gerente general y ex presidente de la cadena, Pablo Alcalde, en el proceso penal que se abrió hace dos años, luego de estallar el escándalo por repactaciones unilaterales masivas de deudas a clientes de la multitienda.
Esta semana el Ministerio Público presentó ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago la acusación contra el ex ejecutivo y otros ocho profesionales vinculados al caso. ¿La petición? En su caso, 14 años de presidio efectivo, la incautación de más de $ 1.000 millones y la inhabilitación durante 10 años para desempeñarse como directivo de alguna entidad fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El abogado de Alcalde, Jorge Bofill, dice que lo relevante de esta etapa es que, en el texto de 700 páginas, la fiscalía desestimó la acusación de uso de información privilegiada contra el ingeniero comercial, quien sigue colaborando en la preparación de su defensa.
Bofill, quien además representa al presidente y controlador de SQM, Julio Ponce, en la arista penal del caso cascada, ha tenido un fin de año intenso, pues también participa activamente en un grupo de siete expertos convocados por el Ministerio de Justicia para preparar un anteproyecto de Código Penal. Entre las numerosas reuniones que ha tenido en los últimos días para elaborar el documento, que debe entregar en los próximos días, el jurista analizó lo que viene en el caso La Polar.
¿Qué expectativas tiene ante la acusación?
No es ninguna sorpresa. No se puede acusar por hechos que no estén en la formalización de la investigación. La gran pregunta que nos hacíamos era qué iba a hacer el Ministerio Público respecto del uso de información privilegiada en relación con Pablo Alcalde, y finalmente optó por renunciar a esa acusación.
Pero él continúa acusado por lavado de activos.
En nuestra opinión, ese delito no puede configurarse y hasta ahora en todas las instancias los tribunales han rechazado utilizarlo como fundamento de medidas cautelares. Eso marca una tendencia con respecto a este cargo. Esto es particularmente claro en el caso de Pablo Alcalde. Si él no usó información privilegiada, la pregunta es ¿qué fondos lavó? Pero el Ministerio Público sigue adelante con su tesis en un ejercicio que, a estas alturas, más bien parece un testeo de ese cargo en esta clase de delitos. Eso no tenemos cómo impedirlo y sólo resta discutirlo en el juicio oral.
Sin uso de información privilegiada ¿no hay lavado de activos?
No es condición usar información privilegiada, pero para lavar activos éstos deben provenir de un delito. ¿Qué delito queda en la acusación, que pueda generar fondos que se puedan lavar? ¡Ninguno! Por eso, creemos que es un cargo completamente infundado. Pero más allá de todas esas consideraciones, lo más importante es que el Ministerio Público terminó por convencerse que en el caso de Pablo Alcalde no hay uso de información privilegiada y ese es un gran hito, porque él nunca tuvo acciones más allá de esa estructura de stock options, nunca compró acciones de La Polar, nunca se endeudó, nunca entregó ni sus acciones ni su patrimonio en garantía de las acciones de cadena.
¿Eso qué implica?
Allí hay una diferencia objetiva entre él y todos los demás ejecutivos, quienes sí tenían no sólo stock options, sino que además tenían asociadas a esos stock options compras adicionales de acciones garantizadas con sus patrimonios personales. Eso significa que el precio de las acciones les impactaba directamente en el patrimonio. En el caso de Pablo Alcalde, ese cargo no existe (...) Y si esto es así, la pregunta es: Si él no tenía un interés patrimonial en esto, ¿para qué iba a coordinarse, a participar de este sistema de repactaciones ilegales u ocultas que impactaban en los estados financieros? ¿Qué sentido razonable puede haber tenido que él supiera, no denunciara y no intentara resolverlo? El Ministerio Público ha intentado algunas respuestas, como que pudo haber sido por el orgullo de haber sido el ejecutivo de la década. Pero a menos que sea vanidoso al extremo, es bien difícil imaginar que alguien que se entera de una situación así, y no tiene ningún interés económico comprometido, lo deje seguir adelante sólo por orgullo, porque va a manchar su nombre o va a perder su trabajo.
El mea culpa
¿Entonces el error, falta o delito de Pablo Alcalde fue de omisión?
Pablo Alcalde no cometió ningún delito. Es legítimo preguntarse qué le pasó, por qué no se dio cuenta. Pero esta pregunta vale para mucha gente. Es decir, ¿qué falló en La Polar que este sistema no fue detectado a tiempo para darle una solución? En su caso, hay que reconocer que pasó algo similar al resto de los directores. El no sabía que existía esta práctica ni que existía un problema con los estados financieros desde el punto de vista de las provisiones. Y como no supo, nunca intentó ponerle remedio. Ciertamente, hay una cuestión de inadvertencia de su parte. Esto lo hemos conversado muchas veces y no podemos menos que conceder que había algo que estaba ocurriendo, que debió advertir y que lamentablemente no lo hizo y ocurrió lo que ocurrió.
Por lo tanto, ¿asumen una falta administrativa, pero no un delito?
Asumimos que así como el resto de los directores, Pablo Alcalde incurrió en incumplimiento de sus deberes de vigilancia.
En ese sentido, la pena de 14 años solicitada ¿es excesiva?
La pena de 14 años supone que él cometió varios delitos, pero él no tiene que cumplir ninguna pena criminal, porque no los cometió.
¿Y qué tan probable ve que él vaya a la cárcel?
Desde el comienzo ha habido un evidente y marcado escepticismo respecto de Pablo y su intervención en estos hechos y hemos ido demostrando de a poco la verdad. Pablo es un hombre que hoy día tiene algo más de 60 años y toda su vida fue un hombre correcto. Estamos confiados en que vamos a demostrar que no conocía las repactaciones unilaterales masivas. Si esto se logra, él no va a ser condenado por ningún delito y será absuelto.
¿Cuál es su mea culpa?
Eso es muy personal y no puedo hablar por él, pero él tuvo que haber estado más alerta. De hecho, tuvo ciertas intuiciones respecto de qué tan buen o mal incentivo eran los stocks options, sobre todo cuando involucraban mayores endeudamientos, pero lamentablemente no siguió su intuición.
El símbolo del caso
¿Cuánto influye en este caso la condena social?
Afortunadamente, esto no lo decide la gente en la calle, sino un tribunal compuesto por jueces imparciales, y confiamos en que la presión social no pesará.
¿Cómo reaccionó Pablo Alcalde cuando conoció la acusación?
Nadie a quien le pidan 14 años de cárcel queda indiferente, pero tanto él como yo estamos muy satisfechos de haber visto desaparecer de los cargos el uso de información privilegiada. Creemos que esa es una base extraordinariamente importante para demostrar que él está en una situación distinta de los restantes acusados y que, además, a falta de una motivación económica, por lo menos se abre un gran signo de interrogación respecto del sentido que tendría que él se hubiera enterado de una cosa así y no hubiera hecho nada.
¿Los demás acusados sí deberían cumplir condena?
No tenemos opinión de quienes sí deben cumplir condena y quienes no, lo que importa es que de los acusados, él no tiene uso de información privilegiada y los otros ejecutivos principales sí y eso marca la diferencia.
¿Le atribuye un rol distinto a los otros ejecutivos?
A estas alturas es un hecho indesmentible que había personas, entre los acusados, que conocían perfectamente lo que estaba ocurriendo en la gerencia de productos financieros y esa es la base de las imputaciones que hace el Ministerio Público.
Pero para los demás el Ministerio Público pidió penas menores…
Claro, porque él (Pablo Alcalde) es el símbolo de este caso y así lo ha sido para el Ministerio Público.
¿Cómo lo ha afectado estar en esta posición?
Es evidente que hay etapas de los juicios en las cuales la opinión pública sí pesa. Y cualquier discusión de medidas cautelares es un caso que atrae a la opinión pública, se resuelve en buena medida en función del ambiente que lo rodea.
Considerando que la mayor pena solicitada es para él, ¿no es demasiado optimista pensar que saldrá absuelto de todo?
Yo estoy esperando el juicio oral, no porque tenga una posición particularmente optimista, porque esto no entra en juego en este tema. En esa etapa se prueban los hechos y allí demostraremos que Pablo Alcalde no es responsable, porque hasta ahora no hemos tenido nunca la oportunidad de hacerlo.
Diligencias pendientes: "Es evidente que la investigación no se puede cerrar"
Aunque la investigación del Ministerio Público por el caso La Polar ya cumplió dos años, el abogado Jorge Bofill estima que a este proceso le queda un largo camino por recorrer. En lo más inmediato, el 27 de enero el tribunal deberá resolver si reabre la investigación para que se realicen algunas diligencias que han sido solicitadas por las defensas de los imputados y que no se han cumplido. En el caso de Alcalde, explica que es fundamental acceder a un servidor de La Polar que proporcionó la información base para un informe pericial que se transformó en uno de los principales antecedentes de la fiscalía. “Hemos tratado, desde hace mucho tiempo, tener acceso a un servidor de correos electrónicos que es el principal respaldo de un informe pericial del Ministerio Público. Necesito revisar que la información que está en el servidor haya sido recogida íntegramente por los peritos y, por ejemplo, que no hayan seleccionado correos para apoyar una tesis y descartar otra. Mientras no tenga la posibilidad de preparar mi interrogatorio a los peritos, es evidente que la investigación no se puede cerrar”, sostiene.
Esta semana el Ministerio Público presentó ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago la acusación contra el ex ejecutivo y otros ocho profesionales vinculados al caso. ¿La petición? En su caso, 14 años de presidio efectivo, la incautación de más de $ 1.000 millones y la inhabilitación durante 10 años para desempeñarse como directivo de alguna entidad fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El abogado de Alcalde, Jorge Bofill, dice que lo relevante de esta etapa es que, en el texto de 700 páginas, la fiscalía desestimó la acusación de uso de información privilegiada contra el ingeniero comercial, quien sigue colaborando en la preparación de su defensa.
Bofill, quien además representa al presidente y controlador de SQM, Julio Ponce, en la arista penal del caso cascada, ha tenido un fin de año intenso, pues también participa activamente en un grupo de siete expertos convocados por el Ministerio de Justicia para preparar un anteproyecto de Código Penal. Entre las numerosas reuniones que ha tenido en los últimos días para elaborar el documento, que debe entregar en los próximos días, el jurista analizó lo que viene en el caso La Polar.
¿Qué expectativas tiene ante la acusación?
No es ninguna sorpresa. No se puede acusar por hechos que no estén en la formalización de la investigación. La gran pregunta que nos hacíamos era qué iba a hacer el Ministerio Público respecto del uso de información privilegiada en relación con Pablo Alcalde, y finalmente optó por renunciar a esa acusación.
Pero él continúa acusado por lavado de activos.
En nuestra opinión, ese delito no puede configurarse y hasta ahora en todas las instancias los tribunales han rechazado utilizarlo como fundamento de medidas cautelares. Eso marca una tendencia con respecto a este cargo. Esto es particularmente claro en el caso de Pablo Alcalde. Si él no usó información privilegiada, la pregunta es ¿qué fondos lavó? Pero el Ministerio Público sigue adelante con su tesis en un ejercicio que, a estas alturas, más bien parece un testeo de ese cargo en esta clase de delitos. Eso no tenemos cómo impedirlo y sólo resta discutirlo en el juicio oral.
Sin uso de información privilegiada ¿no hay lavado de activos?
No es condición usar información privilegiada, pero para lavar activos éstos deben provenir de un delito. ¿Qué delito queda en la acusación, que pueda generar fondos que se puedan lavar? ¡Ninguno! Por eso, creemos que es un cargo completamente infundado. Pero más allá de todas esas consideraciones, lo más importante es que el Ministerio Público terminó por convencerse que en el caso de Pablo Alcalde no hay uso de información privilegiada y ese es un gran hito, porque él nunca tuvo acciones más allá de esa estructura de stock options, nunca compró acciones de La Polar, nunca se endeudó, nunca entregó ni sus acciones ni su patrimonio en garantía de las acciones de cadena.
¿Eso qué implica?
Allí hay una diferencia objetiva entre él y todos los demás ejecutivos, quienes sí tenían no sólo stock options, sino que además tenían asociadas a esos stock options compras adicionales de acciones garantizadas con sus patrimonios personales. Eso significa que el precio de las acciones les impactaba directamente en el patrimonio. En el caso de Pablo Alcalde, ese cargo no existe (...) Y si esto es así, la pregunta es: Si él no tenía un interés patrimonial en esto, ¿para qué iba a coordinarse, a participar de este sistema de repactaciones ilegales u ocultas que impactaban en los estados financieros? ¿Qué sentido razonable puede haber tenido que él supiera, no denunciara y no intentara resolverlo? El Ministerio Público ha intentado algunas respuestas, como que pudo haber sido por el orgullo de haber sido el ejecutivo de la década. Pero a menos que sea vanidoso al extremo, es bien difícil imaginar que alguien que se entera de una situación así, y no tiene ningún interés económico comprometido, lo deje seguir adelante sólo por orgullo, porque va a manchar su nombre o va a perder su trabajo.
El mea culpa
¿Entonces el error, falta o delito de Pablo Alcalde fue de omisión?
Pablo Alcalde no cometió ningún delito. Es legítimo preguntarse qué le pasó, por qué no se dio cuenta. Pero esta pregunta vale para mucha gente. Es decir, ¿qué falló en La Polar que este sistema no fue detectado a tiempo para darle una solución? En su caso, hay que reconocer que pasó algo similar al resto de los directores. El no sabía que existía esta práctica ni que existía un problema con los estados financieros desde el punto de vista de las provisiones. Y como no supo, nunca intentó ponerle remedio. Ciertamente, hay una cuestión de inadvertencia de su parte. Esto lo hemos conversado muchas veces y no podemos menos que conceder que había algo que estaba ocurriendo, que debió advertir y que lamentablemente no lo hizo y ocurrió lo que ocurrió.
Por lo tanto, ¿asumen una falta administrativa, pero no un delito?
Asumimos que así como el resto de los directores, Pablo Alcalde incurrió en incumplimiento de sus deberes de vigilancia.
En ese sentido, la pena de 14 años solicitada ¿es excesiva?
La pena de 14 años supone que él cometió varios delitos, pero él no tiene que cumplir ninguna pena criminal, porque no los cometió.
¿Y qué tan probable ve que él vaya a la cárcel?
Desde el comienzo ha habido un evidente y marcado escepticismo respecto de Pablo y su intervención en estos hechos y hemos ido demostrando de a poco la verdad. Pablo es un hombre que hoy día tiene algo más de 60 años y toda su vida fue un hombre correcto. Estamos confiados en que vamos a demostrar que no conocía las repactaciones unilaterales masivas. Si esto se logra, él no va a ser condenado por ningún delito y será absuelto.
¿Cuál es su mea culpa?
Eso es muy personal y no puedo hablar por él, pero él tuvo que haber estado más alerta. De hecho, tuvo ciertas intuiciones respecto de qué tan buen o mal incentivo eran los stocks options, sobre todo cuando involucraban mayores endeudamientos, pero lamentablemente no siguió su intuición.
El símbolo del caso
¿Cuánto influye en este caso la condena social?
Afortunadamente, esto no lo decide la gente en la calle, sino un tribunal compuesto por jueces imparciales, y confiamos en que la presión social no pesará.
¿Cómo reaccionó Pablo Alcalde cuando conoció la acusación?
Nadie a quien le pidan 14 años de cárcel queda indiferente, pero tanto él como yo estamos muy satisfechos de haber visto desaparecer de los cargos el uso de información privilegiada. Creemos que esa es una base extraordinariamente importante para demostrar que él está en una situación distinta de los restantes acusados y que, además, a falta de una motivación económica, por lo menos se abre un gran signo de interrogación respecto del sentido que tendría que él se hubiera enterado de una cosa así y no hubiera hecho nada.
¿Los demás acusados sí deberían cumplir condena?
No tenemos opinión de quienes sí deben cumplir condena y quienes no, lo que importa es que de los acusados, él no tiene uso de información privilegiada y los otros ejecutivos principales sí y eso marca la diferencia.
¿Le atribuye un rol distinto a los otros ejecutivos?
A estas alturas es un hecho indesmentible que había personas, entre los acusados, que conocían perfectamente lo que estaba ocurriendo en la gerencia de productos financieros y esa es la base de las imputaciones que hace el Ministerio Público.
Pero para los demás el Ministerio Público pidió penas menores…
Claro, porque él (Pablo Alcalde) es el símbolo de este caso y así lo ha sido para el Ministerio Público.
¿Cómo lo ha afectado estar en esta posición?
Es evidente que hay etapas de los juicios en las cuales la opinión pública sí pesa. Y cualquier discusión de medidas cautelares es un caso que atrae a la opinión pública, se resuelve en buena medida en función del ambiente que lo rodea.
Considerando que la mayor pena solicitada es para él, ¿no es demasiado optimista pensar que saldrá absuelto de todo?
Yo estoy esperando el juicio oral, no porque tenga una posición particularmente optimista, porque esto no entra en juego en este tema. En esa etapa se prueban los hechos y allí demostraremos que Pablo Alcalde no es responsable, porque hasta ahora no hemos tenido nunca la oportunidad de hacerlo.
Diligencias pendientes: "Es evidente que la investigación no se puede cerrar"
Aunque la investigación del Ministerio Público por el caso La Polar ya cumplió dos años, el abogado Jorge Bofill estima que a este proceso le queda un largo camino por recorrer. En lo más inmediato, el 27 de enero el tribunal deberá resolver si reabre la investigación para que se realicen algunas diligencias que han sido solicitadas por las defensas de los imputados y que no se han cumplido. En el caso de Alcalde, explica que es fundamental acceder a un servidor de La Polar que proporcionó la información base para un informe pericial que se transformó en uno de los principales antecedentes de la fiscalía. “Hemos tratado, desde hace mucho tiempo, tener acceso a un servidor de correos electrónicos que es el principal respaldo de un informe pericial del Ministerio Público. Necesito revisar que la información que está en el servidor haya sido recogida íntegramente por los peritos y, por ejemplo, que no hayan seleccionado correos para apoyar una tesis y descartar otra. Mientras no tenga la posibilidad de preparar mi interrogatorio a los peritos, es evidente que la investigación no se puede cerrar”, sostiene.
Bofill destaca que esta es sólo una de las diligencias que tiene pendiente su equipo y que las defensas de los otros acusados han presentado otros argumentos para pedir la reapertura.“No pretendo retrasar esto”, asegura.
Una vez que se cierre en definitiva la investigación, empieza a correr un plazo de entre 25 y 35 días para fijar la fecha de la audiencia preparatoria del juicio oral, que tiene por objetivo establecer las posiciones de las partes frente a los hechos y delinear cuáles son las pruebas que se van a rendir en el juicio. Allí se discute si las pruebas, peritos y los testigos propuestos se justifican en el contexto del caso. Esta etapa puede durar varias jornadas, dada la cantidad de involucrados y la extensión de las acusaciones formuladas por la fiscalía. Una vez concluida la audiencia, el juez de garantía debe dictar una resolución llamada Auto de Apertura de Juicio Oral, que es una especie de resumen de lo discutido en la audiencia preparatoria. Con este documento en la mano, el tribunal debe agendar el comienzo del juicio, que según Bofill podría extenderse, al menos, por unos seis meses. “En un caso como éste, uno sólo puede ponerle día y hora al comienzo del juicio, porque después dura lo que tenga que durar”, dice.
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