El fallo, que se esperaba más bien para noviembre, abre espacio para que el grupo del ámbito de las comunicaciones solicite una indemnización.
El Cronista, Argentina.
Un día para olvidar tuvo ayer el Grupo Clarín en la bolsa. De hecho, las transacciones de sus acciones se suspendieron en el mercado de Buenos Aires cuando perdían 5,76% hasta 26,20 pesos cada una y en Londres se llegaron a hundir 20,83% hasta US$ 4,75 por papel, luego que la Corte Suprema de Justicia declarara constitucional la Ley de Medios impulsada por la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
Lo anterior, por cuanto se asume que la decisión afecta fundamentalmente al citado conglomerado, obligándolo a readecuar su presencia en el ámbito de las licencias de radio y televisión.
En todo caso, el fallo -según el Centro de Información Judicial (CIJ)-, señala que “deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización” y que es “en la etapa de aplicación de la ley en donde deben resolverse muchas de las cuestiones que se plantearon en este juicio”.
“Los jueces -agrega el CIJ- afirmaron que deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial; que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes; que el AFSCA debe ser independiente y la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso”.
En principio, el fallo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se esperaba para noviembre, pero los tiempos se aceleraron.
La causa a la que la Corte le puso punto final ayer analizaba un reclamo del Grupo Clarín por la supuesta inconstitucionalidad de los artículos 45 y 48, relacionados con las licencias, y el 41 y el 161, vinculados al plazo de desinversión.
Para los magistrados, en el juicio no se probó que exista una afectación actual de la libertad de expresión ni a la sustentabilidad ecónomica del grupo Clarín.
Respeto por decisiones judiciales
En una declaración pública tras el fallo, el grupo Clarín ratificó que se “encuentra a derecho y que respeta las decisiones judiciales. También, que analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales”.
El conglomerado considera que los artículos cuestionados contradicen no sólo principios de la Constitución Argentina sino de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como recientes precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. “Tanto la ley como el fallo -añadió la declaración-, al desconocer licencias vigentes con varios años por delante, violentan abiertamente los derechos adquiridos (...) Y al silenciar, sin justificación técnica ni competitiva alguna, medios que hoy ejercen periodismo crítico, configuran una clara afectación a la libertad de expresión”.
Lo anterior, por cuanto se asume que la decisión afecta fundamentalmente al citado conglomerado, obligándolo a readecuar su presencia en el ámbito de las licencias de radio y televisión.
En todo caso, el fallo -según el Centro de Información Judicial (CIJ)-, señala que “deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización” y que es “en la etapa de aplicación de la ley en donde deben resolverse muchas de las cuestiones que se plantearon en este juicio”.
“Los jueces -agrega el CIJ- afirmaron que deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial; que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes; que el AFSCA debe ser independiente y la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso”.
En principio, el fallo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se esperaba para noviembre, pero los tiempos se aceleraron.
La causa a la que la Corte le puso punto final ayer analizaba un reclamo del Grupo Clarín por la supuesta inconstitucionalidad de los artículos 45 y 48, relacionados con las licencias, y el 41 y el 161, vinculados al plazo de desinversión.
Para los magistrados, en el juicio no se probó que exista una afectación actual de la libertad de expresión ni a la sustentabilidad ecónomica del grupo Clarín.
Respeto por decisiones judiciales
En una declaración pública tras el fallo, el grupo Clarín ratificó que se “encuentra a derecho y que respeta las decisiones judiciales. También, que analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales”.
El conglomerado considera que los artículos cuestionados contradicen no sólo principios de la Constitución Argentina sino de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como recientes precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. “Tanto la ley como el fallo -añadió la declaración-, al desconocer licencias vigentes con varios años por delante, violentan abiertamente los derechos adquiridos (...) Y al silenciar, sin justificación técnica ni competitiva alguna, medios que hoy ejercen periodismo crítico, configuran una clara afectación a la libertad de expresión”.
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