Diputados indicaron que el “cuestionamiento y el debate deben recaer” sobre el actuar del regulador.
Por Kharla Caniupán
La comisión de Economía de la Cámara de Diputados, constituida en investigadora para el caso BancoEstado, entregó sus conclusiones finales tras el acuerdo entre la entidad financiera y Conadecus luego de nueve años de litigio por el cobro de comisiones a clientes por la mantención de las cuentas de ahorro a la vista.
La instancia desestimó que las autoridades políticas de la época tuvieran injerencia en la decisión del cobro, avaló que la conducta de la administración de BancoEstado fue en base a la legislación vigente, consideró que no existe conflicto entre las normas de la SBIF y la Ley de Protección al Consumidor (LPC) e indicó que es el regulador quien ha sostenido una interpretación limitativa en cuanto a la aplicación de la LPC.
Críticas al regulador
El informe indica que “el cuestionamiento y el debate necesariamente debe recaer sobre el rol cumplido por la SBIF por cuanto es la autoridad facultada para interpretar las normas aplicables al sector financiero”.
El documento indica que existió, a lo menos, una errónea interpretación de la SBIF en torno al ámbito de aplicación de la LPC en relación con su propia normativa.
Adicionalmente indica que la SBIF sostuvo una interpretación limitativa en cuanto a la aplicación de la LPC, y concluye que BancoEstado se ciñó a su ley orgánica y cumplió con lo que la normativa sectorial le permitía hacer. Y establece que no existió problema de jerarquía normativa: “la LPC tiene un rango normativo superior al de cualquier circular u otra norma dictada en virtud de la potestad reglamentaria”.
En cambio, el documento indica que “es acertada la política del Sernac de privilegiar la autonomía y el protagonismo de las organizaciones de consumidores, pero debe hacerlo siempre prestando acompañamiento y asesoría y, en caso de que las organizaciones de consumidores así lo soliciten, hacerse parte de las acciones judiciales”.
Esto, porque se criticó el que la entidad sólo se hiciera parte de la demanda de Conadecus durante el período de Juan José Ossa, nueve años más tarde de comenzado el litigio.
La comisión hizo hincapié en que es la SBIF la que se ha resistido a “modificar la normativa sectorial e impulsar las gestiones suficientes para impedir existencia de clausulas abusivas”.
Rol de políticos y administración
El informe concluye “de manera categórica que ni el Presidente de la República ni el Ministro de Hacienda de la época tuvieron injerencia alguna en las decisiones de administración adoptadas por BancoEstado (…) no cabe atribuir responsabilidad alguna a las autoridades políticas de la época”.
En tanto, determinó que “las autoridades competentes de BancoEstado adoptaron esta decisión amparados en la legislación vigente, y por cierto en las disposiciones de su propia ley orgánica, que los somete a la fiscalización exclusiva de la SBIF”.
www.df.cl
No hay comentarios.:
Publicar un comentario