La medida es una de las propuestas planteadas a la candidata, contenidas en un documento que elaboraron los 15 integrantes del equipo, que coordinó la abogada Antonia Urrejola.
Por Ángela Chávez Molina
“Desafíos para la construcción de una nueva relación del Estado con los Pueblos Indígenas de Chile” se titula el documento que recopila las principales propuestas programáticas que permitirían avanzar en una nueva agenda en materia de política de pueblos originarios discutidas por la comisión convocada por la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet.
El documento, que sintetiza una serie de acciones a emprender en el terreno institucional, de orden público y en al ámbito sectorial, desde hace más de una semana que está en manos de la abanderada, quien finalmente es la que zanjará cuáles de las medidas incorporará en el texto que consolidará su programa de gobierno, el mismo que se podría dar a conocerse entre el 4 y 5 de octubre próximo.
Así, entre las medidas que se incluyeron destaca la propuesta, en materia de política de tierras y aguas indígenas, que sugiere estudiar “la aplicación de un mecanismo de expropiación similar al que ocupa el MOP, que facilite la tarea de transferir tierras a comunidades indígenas”.
La medida, dicen conocedores del tema, permitiría frenar lo que algunos consideran es la especulación en el precio de las tierras que adquiere la Conadi para transferirlas a las comunidades indígenas, principalmente mapuches, del sur del país, y se usaría principalmente en el caso de aquellas predios que están en conflicto.
En el mismo ámbito, el grupo que coordinó la abogada -cercana al PS- Antonia Urrejola, también propone “dar una especial consideración a propuestas relativas a autonomía y autodeterminación territorial, en consulta con los pueblos indígenas y brindar mayor jerarquía a una nueva y mejor ordenación territorial de las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), mediante un Estatuto de Autonomía local”.
Asimismo se plantea “dar cumplimiento al proceso de restitución de tierras indígenas y proporcionar los recursos suficientes para proteger los derechos de los Pueblos sobre sus tierras y recursos ancestrales y respetar todos los compromisos asumidos de compra de tierras”.
Plurinacionalidad
Y si bien las iniciativas arriba consignadas son en lo medular una suerte de insumos para que la abanderada tenga en cuenta a la hora de la construcción de su programa de gobierno, lo que significa que finalmente no vean la luz, lo cierto es que a la fecha una de las pocas medidas que si se implementaría en un eventual próximo mandato de Bachelet, es la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, tal como lo anunció la ex directora de ONU Mujeres, en una visita a la región de Temuco a inicios de septiembre.
En esa ocasión, la candidata no sólo confirmó que en Chile “tenemos una deuda de justicia, equidad y reconocimiento”, sino que también existe el desafío de avanzar en “una institucionalidad del más alto rango político para coordinar las temáticas que importan a la diversidad de nuestros pueblos originarios”, confirmando así que de llegar a La Moneda retomaría el proyecto de ley que crea el mencionado ministerio.
Un anuncio del que también se hicieron cargo los 15 miembros de la comisión y que incorporaron en el acápite referido a las reformas políticas, donde plantean que “es fundamental que exista un reconocimiento de los Pueblos Indígenas en la Carta Magna”.
En ese sentido, los convocantes -quienes debían tener una vinculación partidaria y experiencia en el tema para integrar el grupo- proponen que se garantice “la plena participación de los Pueblos Indígenas en el proceso de debate y de decisión sobre una Nueva Constitución, teniendo presente la idea de una Estado plurinacional que garantice sus derechos colectivos, en conformidad con el marco internacional de Derechos Indígenas” El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios también fue un encargo que se le hizo a la comisión que estudio la nueva Carta Fundamental.
“Desafíos para la construcción de una nueva relación del Estado con los Pueblos Indígenas de Chile” se titula el documento que recopila las principales propuestas programáticas que permitirían avanzar en una nueva agenda en materia de política de pueblos originarios discutidas por la comisión convocada por la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet.
El documento, que sintetiza una serie de acciones a emprender en el terreno institucional, de orden público y en al ámbito sectorial, desde hace más de una semana que está en manos de la abanderada, quien finalmente es la que zanjará cuáles de las medidas incorporará en el texto que consolidará su programa de gobierno, el mismo que se podría dar a conocerse entre el 4 y 5 de octubre próximo.
Así, entre las medidas que se incluyeron destaca la propuesta, en materia de política de tierras y aguas indígenas, que sugiere estudiar “la aplicación de un mecanismo de expropiación similar al que ocupa el MOP, que facilite la tarea de transferir tierras a comunidades indígenas”.
La medida, dicen conocedores del tema, permitiría frenar lo que algunos consideran es la especulación en el precio de las tierras que adquiere la Conadi para transferirlas a las comunidades indígenas, principalmente mapuches, del sur del país, y se usaría principalmente en el caso de aquellas predios que están en conflicto.
En el mismo ámbito, el grupo que coordinó la abogada -cercana al PS- Antonia Urrejola, también propone “dar una especial consideración a propuestas relativas a autonomía y autodeterminación territorial, en consulta con los pueblos indígenas y brindar mayor jerarquía a una nueva y mejor ordenación territorial de las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), mediante un Estatuto de Autonomía local”.
Asimismo se plantea “dar cumplimiento al proceso de restitución de tierras indígenas y proporcionar los recursos suficientes para proteger los derechos de los Pueblos sobre sus tierras y recursos ancestrales y respetar todos los compromisos asumidos de compra de tierras”.
Plurinacionalidad
Y si bien las iniciativas arriba consignadas son en lo medular una suerte de insumos para que la abanderada tenga en cuenta a la hora de la construcción de su programa de gobierno, lo que significa que finalmente no vean la luz, lo cierto es que a la fecha una de las pocas medidas que si se implementaría en un eventual próximo mandato de Bachelet, es la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, tal como lo anunció la ex directora de ONU Mujeres, en una visita a la región de Temuco a inicios de septiembre.
En esa ocasión, la candidata no sólo confirmó que en Chile “tenemos una deuda de justicia, equidad y reconocimiento”, sino que también existe el desafío de avanzar en “una institucionalidad del más alto rango político para coordinar las temáticas que importan a la diversidad de nuestros pueblos originarios”, confirmando así que de llegar a La Moneda retomaría el proyecto de ley que crea el mencionado ministerio.
Un anuncio del que también se hicieron cargo los 15 miembros de la comisión y que incorporaron en el acápite referido a las reformas políticas, donde plantean que “es fundamental que exista un reconocimiento de los Pueblos Indígenas en la Carta Magna”.
En ese sentido, los convocantes -quienes debían tener una vinculación partidaria y experiencia en el tema para integrar el grupo- proponen que se garantice “la plena participación de los Pueblos Indígenas en el proceso de debate y de decisión sobre una Nueva Constitución, teniendo presente la idea de una Estado plurinacional que garantice sus derechos colectivos, en conformidad con el marco internacional de Derechos Indígenas” El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios también fue un encargo que se le hizo a la comisión que estudio la nueva Carta Fundamental.
Revisión y adecuación del 169
En su visita a la Región de la Araucanía, la abanderada de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, reconoció que está pendiente la implementación del Convenio 169 de la OIT -ratificado por Chile en 2008- de modo que se garantice el reconocimiento y protección de la identidad y derechos de los Pueblos Indígenas, impidiendo la discriminación y sobre todo resolviendo los mecanismos para que se haga efectivo el mecanismo de consulta.
La comisión, en tanto, propone "adecuar los marcos regulatorios vigentes a las normas del Convenio 169, de manera de velar por su adecuada implementación y respeto".
Lo anterior, consigna el texto, "incluye la revisión y eventual modificación -con consulta- del reglamento general de consulta en proceso de aprobación como también respecto del nuevo reglamento del SEIA vigente desde hace un par de meses".
La comisión, en tanto, propone "adecuar los marcos regulatorios vigentes a las normas del Convenio 169, de manera de velar por su adecuada implementación y respeto".
Lo anterior, consigna el texto, "incluye la revisión y eventual modificación -con consulta- del reglamento general de consulta en proceso de aprobación como también respecto del nuevo reglamento del SEIA vigente desde hace un par de meses".
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