Por David Roberts -
El Gobierno chileno ha reaccionado de manera negativa, para no decir débilmente, a los comentarios preliminaresdel relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y contraterrorismo, Ben Emmerson, sobre la aplicación de la ley antiterrorista contra mapuches acusados de cometer actos de violencia en conflictos por tierras en las regiones de Biobío y Araucanía, en el sur del país.
Sin entregar detalles específicos, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmó que Emmerson carecía de información. "No nos parece adecuado que un observador de Naciones Unidas que no tiene ninguna responsabilidad sobre la seguridad del país emita una información que carece de fundamento y de información adecuada", aseveró.
En otras palabras, el ministro evadió el tema en vez de responder los puntos planteados por Emmerson.
El funcionario de Naciones Unidades entregó tres recomendaciones fundamentales. En primer lugar, que la ley antiterrorista -decretada en un principio por la dictadura militar en 1984, aunque con modificaciones desde entonces- no sea usada en casos en que estén implicados mapuches, ya que "la ley antiterrorista ha sido aplicada de manera desproporcionada contra los acusados mapuches, y se ha implementado sin una política coherente y objetiva para distinguir aquellos casos que cumplen con el umbral para determinar si un acto es de terrorismo y los que no". Esto "ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como un factor de estigmatización y de deslegitimación de los reclamos y protestas territoriales" de los mapuches.
En segundo lugar, el relator especial instó a las autoridades chilenas a promover la adopción de una estrategia nacional, cuya piedra angular debiera ser el "reconocimiento constitucional del derecho de los mapuches a existir como pueblo indígena dentro del Estado de Chile, junto con la creación (...) de un Ministerio de Asuntos Indígenas dotado adecuadamente de personal y financiamiento".
En tercer lugar, Emmerson exhortó a las autoridades a poner fin a la "impunidad de facto" que goza de personal policial que supuestamente ha recurrido en violencia excesiva contra las comunidades mapuches.
La última recomendación resulta lógica, así que profundicemos sobre las otras dos, partiendo por la ley antiterrorista. Aparte de que la reputación de Chile a nivel internacional se vea empañada por un tema delicado como los derechos indígenas, los gobiernos (no solo el actual) han usado esta ley a su conveniencia de acuerdo con el clima político del día. En esencia, cuando un gobierno quiere mostrar una postura dura contra la delincuencia, aplica la ley en vez de usarla de manera coherente y justa. Es más, esta simplemente no es necesaria ya que -tal como Emmerson también lo destaca- la legislación penal ordinaria de Chile es perfectamente adecuada para enjuiciar a mapuches y se debiera recurrir a ella.
Esta estigmatización a la que Emmerson hace alusión resulta agravada como resultado de que las autoridades y los medios de comunicación catalogan el asunto como "el conflicto mapuche" o "el problema mapuche" como si toda la comunidad mapuche estuviera insurreccionada, en vez de considerar que una pequeña minoría realiza actos de violencia, en los cuales de ningún modo todos los que participan son mapuches. Por ende, al emplear la ley antiterrorista, las autoridades etiquetan involuntariamente a toda la comunidad como una amenaza terrorista. El "problema mapuche" es indudablemente el problema de Chile.
La creación de una estrategia nacional es un asunto más complicado de abordar. Aquellos que han argumentado que esto debiera comprender el desarrollo económico y social de las comunidades indígenas no tienen una imagen cabal de la situación, ya que son los mismos que consideran que la solución radica en el promoción de maneras tradicionales de vida, en forma separada del resto de la sociedad.
Si bien el desarrollo es una parte importante de la ecuación –y algo que la mayoría de los mapuches desea– temas como la cultura, las tradiciones y el idioma son también importantes. El reconocimiento constitucional de los derechos de los mapuches podría ayudar, pero es más importante el respeto y el aprecio por la diversidad étnica que enriquece a toda la sociedad. El problema de las tierras es algo que tampoco debiera ser subestimado (mapuche significa "gente de la tierra"). Muchas de las tierras ancestrales han sido divididas y vendidas a personas, a menudo a quienes no son mapuches o, por ejemplo, a compañías forestales que han sido objeto de gran parte de la violencia. Aunque los programas de compra de terrenos del gobierno han tenido cierto éxito y si bien no se puede culpar a los actuales moradores de -alguna vez- tierras ancestrales por las acciones de anteriores generaciones y gobiernos, claramente hay un resentimiento de fondo.
Por lo tanto, los temas son complejos, pero algo es seguro: la aplicación de la ley antiterrorista solo agrava la situación.
bnamericas.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario