Por LUIS ESTEBAN G. MANRIQUE
(Especial para Infolatam).- El segundo aniversario de la toma de posesión del presidente peruano, Ollanta Humala, ha coincidido –no por casualidad– con sus menores niveles de aprobación (32%) y las mayores manifestaciones de protesta que se han producido en el país desde las que provocaron la caída de Alberto Fujimori en 2000. Tampoco es casual que la larga sombra del “chino”, hoy en prisión por delitos de lesa humanidad, esté detrás de las movilizaciones.
Nada provocó más el rechazo público que entre los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) y la Defensoría del Pueblo, designados por un acuerdo de cuatro partidos políticos, entre ellos el oficialista Gana Perú, figurara Rolando Sousa, ex congresista y socio del bufete limeño que defiende a Fujimori y a antiguos miembros de los ‘escuadrones de la muerte’ que actuaron durante su gobierno.
Aunque el Congreso estudia ahora como “dejar sin efecto” las resoluciones legislativas que nombraron el 17 de julio a los seis nuevos magistrados del TC y a tres directores del banco central, varios de los cuales ya han renunciado al cargo, el daño a las instituciones –y a la propia imagen de Humala– está ya hecho.
El presidente, un ex militar sin experiencia de gobierno antes de entrar en política en 2006, está pagando el precio de su arduo aprendizaje en la cúpula del Estado. Tras ir abandonado a sus antiguos aliados de izquierda, Humala ha terminado convirtiéndose en un pragmático a ultranza sin otro objetivo aparente que mantener el modelo de crecimiento de los últimos 23 años con algunas medidas correctivas para mejorar la distribución del ingreso.
El inesperado cambio de Humala
Según todos los índices internacionales, el país ha cambiado poco en términos políticos y económicos o de corrupción desde 2011. En su reciente entrevista en El País, su director, Javier Moreno, describe a Humala como “un militar por cómo describe sus objetivos y analiza sus posibilidades, recurriendo una y otra vez en su discurso a las virtudes castrenses: disciplina, jerarquía, respeto, estrategia”.
Pero ese tipo de liderazgo ya no es suficiente para las clases emergentes. Lo que parece estar ocurriendo es un tránsito entre la insatisfacción y la indignación: la paradoja del auge económico con el descontento social de la clase media, que se ha duplicado en los últimos cinco años.
Se trata de un sector cada vez más disconforme con la política tradicional: las diferencias entre desaprobación/aprobación son muy similares entre el Congreso (76%/19%), el poder Judicial (78%/18%), los ministros (69%/24%) y la oposición (56%/32%).
Humala está pagando el precio de sus relaciones con políticos manchados por el estigma de la corrupción como el ex presidente Alejandro Toledo, pero con cuyo partido, Perú Posible (PP), ha establecido una alianza parlamentaria de la que no puede prescindir.
Si la rompiera, no tendría mayoría para gobernar y dejaría que el fujimorismo –hoy por hoy la fuerza política más cohesionada del país– se hiciera con el control de la agenda legislativa.
Keiko Fujimori, segura candidata presidencial en 2016, tiene como prioridad absoluta la liberación de su padre
Keiko Fujimori, segura candidata presidencial en 2016, tiene como prioridad absoluta la liberación de su padre, que sin duda se convertiría en el poder detrás del trono si llegara a gobernar. Sin su “líder natural”, el fujimorismo parece condenado a la irrelevancia.
Solo ello explica que después de queHumala negara el indulto a Fujimori, Keikono asistiera a la reunión convocada por el presidente con representantes de todos los partidos para analizar los escenarios que plantea el próximo fallo del tribunal de La Haya sobre el diferendo territorial marítimo con Chile. Como escribe Abelardo Sánchez León en Quehacer: “Keikoantepuso su rencor a la estrategia política. Prefirió el tema de su papá que el del Perú”.
Las componendas de la clase política quedaron en evidencia en la “repartija” parlamentaria de los cargos, denunciada en una carta abierta firmada por 630 intelectuales encabezados porMario Vargas Llosa. “La lógica de ‘cuoteos’ que predomina en el Congreso lo único que garantiza es el mayor desprestigio de estos organismos, profundizando la crisis de legitimidad del sistema jurídico peruano”, señala el documento.
La reacción en contra fue unánime, desde los medios de prensa a la central sindical CGTP y la patronal Confiep, aunque por diferentes motivos: unos porque quieren que todo cambie, otros porque quieren que todo siga igual. El resultado fue una ola de indignación que sacó a los jóvenes a las calles, congregados al más puro estilo de El Cairo, Estambul o Sao Paulo: a través de las redes sociales y al margen de los partidos.
El pacto laboriosamente pergeñado en el Congreso no resistió al embate de los indignados. Humala y Keiko Fujimori tuvieron que retroceder. El presidente del Congreso, Víctor Isla –que patrocinó la repartija– acabó con cualquier posibilidad de ser reelegido. El Congreso ha llegado a su punto más bajo de aprobación: 10%.
Una imagen empañada
Pero nadie parece haber perdido más que Humala: 20 puntos de apoyo en tres meses. Sobre todo porque la peor crisis de su gobierno se ha producido cuando el modelo de crecimiento, que depende de la cotización de las materias primas (un 57% de las exportaciones son minerales), comienza a dar muestras de agotamiento. Las proyecciones del crecimiento del país para este año ya han bajado al 4,4%, frente a las previsiones oficiales del 6,1%.
A Humala le va a ser difícil concertar alianzas tras haber roto los puentes con quienes le ayudaron a llegar al poder. La derecha nunca lo va a considerar uno de los suyos, el fujimorismo le ha declarado la guerra y la izquierda ha pasado a la oposición.
Incluso su esposa, Nadine Heredia, que había tenido una popularidad mayor que él, está en torno al 38%, tras haber desmentido que vaya a ser candidata en 2016. Las muchas evidencias de su influencia política en el gobierno sin haber sido elegida para cargo alguno, han terminando minando su figura pública.
El gobierno ha demostrado capacidad de rectificar, como ahora con las designaciones impresentables y antes con la “reelección conyugal”. Pero suele tardar tanto que acaba por asumir de todas formas el desgaste político de sus errores. En cualquier caso, a pesar del oportunismo, hace bien en reconocerlos.
Como subraya Steven Levistky en La República, según los estándares peruanos una aprobación presidencial de 35-40% no está nada mal en un país tan difícil de gobernar, con un Estado muy débil y con grandes déficit en seguridad, educación y salud. En el segundo año de su segunda presidencia, Alan García estaba en 26% yToledo aun peor.
Pero si la aprobación de Humala baja a esos niveles, podría producirse una crisis de gobernabilidad. García pudo gobernar con el 25% porque es un político consumado, tenía un partido detrás, mantenía alianzas con fuerzas importantes y gozaba del apoyo de la derecha. Humala no tiene de su parte ninguno de esos factores, por lo que corre el riesgo de llegar aislado y renqueante a 2016.
Y quizá solo para entregar el poder a García, su gran adversario y acusado ahora por conceder indultos a narcotraficantes a cambio de sobornos. Es difícil pensar en un desenlace más adverso para su mandato: quien prometió un nueva forma de hacer política terminaría beneficiando un político cuya máxima aspiración ha sido siempre el poder. Una tercer mandato de García implicaría una “presidencia vitalicia intermitente”, como la ha calificado el propio Humala: desde 1980 a 2020.
Humala y la economía
Humala parece haberse convencido que no importa una mala política si se tiene una buena economía, retrasando cambios constitucionales, la reforma de la justicia, una ley de partidos políticos y la postergación de lo que llamó “la gran transformación”.
El propio Humala ha declarado que las comunidades aimaras y quechuas de la zona andina no son en realidad “indígenas sino agrarias”
Aunque su gobierno ha creado el Servicio Nacional de Certificación Ambiental y aprobado una ley de consulta para que los grandes proyectos extractivos tomen en cuenta la opinión de las poblaciones nativas y los gobiernos locales, sus responsables han anunciado que 14 proyectos mineros serán excluidos de las consultas y tendrán facilidades para cumplir con los requerimientos medioambientales. Se han renovado además una decena de concesiones petroleras sin tomar en cuenta el nuevo marco normativo.
El propio Humala ha declarado que las comunidades aimaras y quechuas de la zona andina –donde se encuentran la mayor parte de las explotaciones mineras, las mayores bolsas de pobreza y la menor densidad del Estado– no son en realidad “indígenas sino agrarias”, por lo que los proyectos que las afectan no les tienen que ser consultados.
Pero el gobierno tiene aun margen de maniobra para corregir el rumbo. Las reservas internacionales registran un récord de 66.800 millones de dólares (37% del PIB) y la inflación se mantiene baja (2,65%). La recaudación fiscal entre los medianos y pequeños contribuyentes aumentó un 20,8% el año pasado, un reflejo de la ampliación de la base tributaria.
“Un comandante debe guardar sus reservas, que son las que permiten cambiar el rumbo de la batalla en un momento determinado”, le dijo Humala a Moreno. Y no piensa guardarlas en las bóvedas del banco central sino invertirlas en programas como Pensión 65 y Beca 18, que financia los estudios superiores de jóvenes de escasos recursos, y en proyectos de infraestructuras como el metro de Lima y nuevos gasoductos. De su éxito depende que en 2016 el país no tenga que elegir entre García y Fujimori.
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