Pero sus planes quedaron en la nebulosa el lunes, cuando el fundador y dueño de la empresa Gonzalo Vial, comunicó al directorio su decisión de paralizar en forma indefinida las faenas. Las protestas locales y las nuevas exigencias impuestas por la autoridad al proyecto enfocado en la producción de carne de cerdo terminaron por convencerlo de que la millonaria inversión que había anunciado justo ocho años atrás se hacía inviable.
Tras esa reunión, comenzó una semana intensa. Los directores, que apoyaron en forma unánime la decisión de Vial, han estado en permanente contacto para definir el plan de acción ante lo que consideran una resolución sin sustento técnico, que buscó dar una señal política en medio de la oposición al proyecto. La mesa, que preside Vial, la integran además Fernando Barros (vicepresidente), Juan Claro, Antonio Tusset, Verónica Edwards y Canio Corbo.
La primera medida de Agrosuper será acudir al Comité de Ministros, instancia ante la que harán una presentación a más tardar en los primeros días de enero, confidencian altas fuentes de la empresa. Este órgano, que resuelve recursos contra resoluciones referidas a estudios de impacto ambiental, es presidido por la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, e integrado por los ministros de Salud; Economía; Agricultura; Energía, y Minería.
El documento está siendo preparado por abogados externos y desde la compañía aseguran que con esta acción persiguen -más que una pronta reapertura- defender un principio empresarial que, a su juicio, vulneró la autoridad ambiental al modificar aspectos centrales de un permiso que ya tenían.
Lo preocupante, advierten, es que la empresa planificó sus inversiones sobre la base de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) emitida en 2005, donde se le autorizaba una capacidad productiva máxima de 150 mil cerdos hembras. La RCA del 23 de noviembre, sin embargo, rebajó esa cantidad a 30 mil y le puso un techo de 80 mil reproductores.
En este contexto, creen en la firma, este es un intento por imponer pautas de producción a una empresa en marcha y “un intento por expropiar un derecho ya concedido”, afirma un directivo. Además, critican la exigencia de agregar al proyecto dos plantas, una de ellas faenadora, lo que eleva la inversión en US$ 100 millones a un proyecto al que ya se han destinado US$ 500 millones.
Ello, dicen en Agrosuper, busca evitar el traslado por las carreteras del país de la masa porcina, lo que no tiene justificación. En el gobierno, sin embargo, responden que el proyecto original consideraba la faenadora, algo necesario en un proyecto que, según asesorías externas, no tiene paralelo en el mundo en cuanto a su tamaño.
El viernes cobró fuerza en La Moneda la teoría de que se lograría un acercamiento con la empresa y en la firma asumen que esa instancia existe. “ A nadie le gusta estar mal con el gobierno”, comentan. Pero por ahora hay distancia.
A juicio de Agrosuper, lo ocurrido es tan grave y aseguran que un informe legal encargado por el Ministerio de Interior a abogados externos advierte que la actuación de la autoridad ambiental podría afectar las inversiones en el país. Asesores de Palacio desconocían ese reporte.
Agrosuper sabe que la solución no es de corto plazo. La ley ordena resolver los reclamos al Comité de Ministros en un plazo de 60 días, pero casos como HidroAysén llevan esperando un año y medio. Por lo mismo, en la firma asumen que este reclamo podría ser fallado ya en el próximo gobierno.
Lo que buscará con ello la compañía es que en algún momento se reviertan las condiciones que hacen inviables el proyecto. Sobre todo, porque los números indican que si la planta finalmente se cierra definitivamente y se desarma, las pérdidas alcanzarían a US$ 400 millones.
Por ahora, lo que habrá es una menor producción anual del orden de los US$ 1.000 millones. Lo que se busca, según declaró el gerente general, José Guzmán, es claridad para seguir adelante. “No estamos en desacuerdo con las exigencias medioambientales. Al contrario, estamos de acuerdo y están implementadas. El punto está en la incertidumbre que se genera a un proyecto como este en el futuro”, dijo a La Tercera.
La decisión
Los días previos al directorio que se realizó el lunes 10 en Santiago en las oficinas de Fernando Barros, Vial discutió su decisión con su círculo más cercano. Si las imágenes que veía de Freirina en la televisión lo tenían afectado, más preocupante fue para él la impresión de que los problemas en Huasco seguirían repitiéndose.
Las protestas medioambientales no daban señales de tregua, pese a que la firma asegura que había solucionado la falla que gatilló la crisis de mayo.
Cercanos a Vial aseguran que la decisión fue tomada “sin calculadora” y que refleja la personalidad del empresario: “Es alguien capaz de abandonar mucha plata a cambio de su tranquilidad”. Esta es la cuarta vez que la empresa frena el proyecto desde que se anunció.
En la semana, cuentan cercanos, la desazón de Vial fue en aumento. Ya en el directorio había planteado que no entendía cómo la autoridad retribuía con indiferencia su trayectoria de más de 50 años.
Internamente hay una autocrítica que apunta principalmente a un problema comunicacional. En primer lugar, de los ejecutivos de la empresa en Huasco, que no habrían transmitido la real magnitud del problema hacia la administración y, en segundo lugar, entre la compañía y la comunidad. Así lo admitió Vial en una entrevista que dio en junio a El Mercurio. “Debimos conversar más con la gente”, dijo.
La compañía asume también que la crisis se activó luego de que fallara la planta para tratar los desechos orgánicos de los cerdos. Piscinas que contenían 200 mil metros cúbicos de residuos líquidos -equivalentes a una planta de tratamiento para un millón de personas- se quebraron y generaron los malos olores. Con la llegada del verano, el tema se desbordó, provocando el malestar de habitantes de la zona.
Tensión con el gobierno
Esta semana se agudizó la incómoda relación que ha sostenido la empresa con el gobierno desde mayo, cuando el Ministerio de Salud decretó el cierre de la planta e inició un sumario sanitario.
Desde La Moneda señalan que la relación se desgastó más durante estos días, en especial después de que la compañía criticó a la autoridad por haber cambiado las reglas del juego. “En lo que no estamos de acuerdo es que a este proyecto se le redujera su capacidad a la mitad”, dijo Guzmán a comienzos de la semana.
En la empresa saben de la molestia que hay en el Ejecutivo, pero aseguran que el conflicto empeoró porque la autoridad no creyó en lo que le comunicó el gerente general, José Guzmán, el fin de semana previo al anuncio. El mensaje, dicen, fue claro y lo recibió el ministro de Interior, Andrés Chadwick: en esas condiciones, el proyecto no seguiría adelante.
“Aparentemente creyeron que era una amenaza y esta vez el gobierno hizo un cálculo erróneo”, dice un profesional ligado a Agrosuper. En el Ejecutivo admiten los contactos, pero niegan que la firma haya alertado sobre el cierre.
La oficialización de esa decisión desató una serie de declaraciones de ministros que salpicaron incluso al ex Presidente Ricardo Lagos, bajo cuya administración se autorizó el complejo.
En el gobierno critican que se haya aprobado en 2005 un proyecto de dimensiones inéditas en el mundo y recuerdan que en la crisis de mayo había 40 mil hembras reproductoras. Con 150 mil, añaden, la situación medioambiental podría ser inmanejable. En la firma niegan que el tamaño sea problema.
La decisión de Agrosuper sorprendió a La Moneda y al propio Presidente Piñera, quien fue informado por Chadwick del cierre cuando volaba desde Antofagasta a Santiago.
El Mandatario preguntó a Chadwick si la decisión era transitoria o definitiva. Mientras en la firma atribuyen la sorpresa presidencial a que no fue bien informado sobre el alcance de la última RCA, en el Ejecutivo dan otra razón: La Moneda autorizó la operación de una planta impopular asumiendo el costo político y esperaba, por ello, otra actitud de Agrosuper.
La empresa terminará en estos días de finiquitar a 470 trabajadores de Freirina. Permanecerán, eso sí, unas 30 personas que se encargarán de mantener las instalaciones hasta que se pueda quitar el candado que a fines de febrero lucirá el complejo.
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