Tras la salida de Venezuela del G3, México vería beneficios en comercio e inversión, según Patricia Espinosa (para 2010 el TLC con Colombia superó los 4,500 millones de dólares). Caracas argumentó que su población estaba en desventaja por el esquema del acuerdo “neoliberal”, que “simplemente sufrió un ajuste”.
Tratado de Libre Comercio México - Colombia,
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El ajuste hecho por México y Colombia al Tratado de Libre Comercio (TLC) del G3, tras la salida de Venezuela el 22 de abril de 2011, abriría grandes perspectivas para ambos países en materia de comercio e inversión, dijo la responsable de la política exterior de México.
Patricia Espinosa declaró en entrevista que el documento se encontraba en proceso de ratificación por los respectivos Congresos y que esperaba que estuviera listo en agosto, cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos realizara una visita oficial a nuestro país.
La secretaria de Relaciones Exteriores de México, que regresó el 5 de abril tras una breve visita a Colombia, se entrevistó en Bogotá con el presidente Santos y revisó la agenda bilateral con su homóloga María Ángela Holguín.
Espinosa manifestó que con el ajuste al TLC se "abren nuevas perspectivas, nuevas posibilidades a una relación económica que ha venido creciendo muy bien, pero que aún está lejos de lo que debiera estar".
Después de dos años de gestión, ambos países culminaron, el 12 de agosto de 2009, la adecuación al TLC, el cual se ajustó a las nuevas realidades comerciales luego de la salida de Venezuela -en 2006- del instrumento conocido como Grupo de los Tres (G3).
La negociación incluyó algunos productos agrícolas e industriales que estaban fuera del programa de desgravación o pendientes de su incorporación.
Espinosa sostuvo que lo más importante para profundizar la relación es mantener activo el trabajo de los equipos técnicos y hacer cada año un encuentro a nivel de cancilleres para hacer la revisión de la agenda bilateral.
"Esto es muy importante, estos son los procesos que permiten identificar en qué nos estamos quedando retrasados y dar lineamientos para que funcionen", subrayó.
Para Espinosa, "más allá de las reuniones oficiales de gobierno", es importante darle contenido concreto a las relaciones económicas y, en ese sentido, que se impulsarían encuentros bilaterales entre empresarios e inversionistas.
El primer tratado de comercio que firmaron Colombia y México data de 1823 y actualmente los dos países tienen suscritos 12 acuerdos, entre los que se destacan el TLC, vigente desde 1995 y que está en ajuste, y un convenio para evitar la doble tributación.
El comercio en 2010 entre los dos países superó los 4,500 millones de dólares, de los cuales 82% corresponde a exportaciones de México y 18% a exportaciones de Colombia.
Las inversiones acumuladas de México en Colombia entre 1999 y 2010, según cifras oficiales, ascendían a 5,700 millones de dólares, mientras que los capitales de Colombia en México llegaron en el mismo período a 193 millones de dólares.
Espinosa consideró importante que en la relación bilateral haya una corrección al déficit comercial, pero advirtió que ésta se debe hacer con un criterio integral, es decir comercio-inversión.
Explicó que, si bien la balanza comercial favorece a México, en inversión el país del norte colocó más de cinco 1,700 millones de dólares, un flujo de capitales importante que genera empleo en Colombia.
"Creemos que hay que hacer una evaluación completa de la relación. En ese sentido, tenemos para los dos países una gran oportunidad", puntualizó Espinosa.
Para el 19 de noviembre del 2006 se hizo efectiva la salida de Venezuela del G3.
Historia
En 1994, en Cartagena de Indias, en el marco de la IV Conferencia Iberoamericana, fue suscrito por Venezuela, México y Colombia un tratado de libre comercio conocido como “Acuerdo del G3”, que entró en vigencia el 1º de enero de 1995.
Corrían los tiempos de los programas de ajustes impuestos por el Fondo Monetario Internacional bajo el esquema neoliberal en los países de América Latina. La aplicación de estos programas ya había hecho colapsar varias economías de la región, comprometiendo además, por sus perversos efectos, la legitimidad política y social de muchos gobiernos latinoamericanos en los años 80 y 90 del siglo XX.
La concepción aperturista y privatizadora de los programas neoliberales dictada desde Estados Unidos, había producido el desplazamiento de los activos estatales hacia los grupos económicos privados. En Venezuela, este proceso fue desarrollado fundamentalmente durante los mandatos de los presidentes Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, entre 1989 y 1998.
En 1994, paralelamente a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos de América (TLCAN), se cierran los acuerdos que dan origen a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y un año después se propone la conformación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que tenía como ejes centrales los mismos contenidos del TLCAN, pero extendiéndolos a todos los países del continente, procurando la total libertad para el movimiento de los capitales y el control de las fuentes de recursos de la región, bajo la excusa del aprovechamiento, por parte de los países latinoamericanos, de las supuestas ventajas competitivas de estos acuerdos de libre comercio.
Razones de peso
El esquema bajo el cual funcionó el G3, dio cobijo a concepciones que propiciaron graves dependencias en áreas muy sensibles, como por ejemplo, en lo relacionado con la producción de medicamentos, en virtud de que la excesiva protección de los derechos de propiedad intelectual incita la configuración de monopolios que durante muchos años obstaculizan la potestad de los Estados de fabricar medicamentos genéricos a precios accesibles para la población necesitada.
Dentro del G3, Venezuela se vio obligada a otorgar a grandes empresas transnacionales el mismo trato que les daba a pequeños y medianos productores nacionales. Por ejemplo, en el sector minero, muchas empresas venezolanas tuvieron que cerrar ante la imposibilidad de competir con empresas transnacionales con bases en México y Colombia, lo cual generó la pérdida de miles de puestos de trabajo, con severas consecuencias sociales para humildes familias venezolanas. Es fácil imaginar el impacto que tendría esta visión sobre la estrategia de economía social y desarrollo endógeno vigente en Venezuela. Significaría, sólo por citar un caso, la ruina del sistema de cooperativas recientemente impulsado.
Si se evaluara la presencia de Venezuela en el G3 bajo el solo punto de vista de los aspectos estrictamente comerciales, se concluiría que tampoco había sido provechoso para la economía nacional, pues había sometido a sectores productivos a la competencia, en condiciones desventajosas, con productos importados que gozaban de protección en sus países de origen.
Esta inequidad llegó al extremo de que muchos productos importados bajo este esquema de libre mercado habían sido elaborados con materia prima venezolana procesada por industrias transnacionales con base en México y Colombia, develando así la relegación de Venezuela dentro del G3 al rol de mero proveedor de materias primas, lo cual generó severos desequilibrios en el desarrollo industrial venezolano, situación que en lo sucesivo se intentaría revertir con la participación del empresariado venezolano.
Con base en la promulgación de la constitución de 1999, Venezuela --se informó-- considera que la vigencia de estos tratados reduce simplistamente al plano comercial aspectos fundamentales para la vida de los pueblos, anteponiendo los aspectos económicos a los derechos humanos y limitando la capacidad de los Estados para realizar políticas públicas acordes con el interés de las mayorías nacionales.
Al denunciar el acuerdo del G3, el 22 de mayo, cuyo plazo de 180 días para hacerse efectiva se cumplió este 19 de noviembre, el gobierno del presidente Hugo Chávez adoptó una posición fundamentada en los principios de integración latinoamericanista, cooperación y solidaridad establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este contexto, el país asumió con plena libertad el reto de establecer políticas para apuntalar el desarrollo productivo y proteger el desempeño de su industria nacional.
Esta decisión, que --continuó la argumentación-- hoy se ratifica de forma pública, permite orientar los esfuerzos de Venezuela –que fue expulsada de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) al concluirse el viernes 22 de abril de 2011 el plazo de cinco años que tenía para dejar atrás obligaciones y derechos en el grupo regional-- en el proceso de integración al MERCOSUR, bajo los principios de alcance gradual, trato diferencial, flexibilidad, equilibrio, reconocimiento de las diferencias, complementariedad, así como con los principios de asegurar alimentos, medios de subsistencia y desarrollo rural integral que garanticen la generación de capacidades nacionales y regionales a fin de satisfacer las necesidades del pueblo venezolano.
Chávez decidió en 2006 sacar a su país de la CAN (que integraba con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), luego de que Colombia y Perú anunciaran que negociaban tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, lo que el venezolano diagnosticó como una herida "de muerte" al acuerdo andino.
Los TLC son parte, según Chávez, de la "estrategia imperialista" definida por Estados Unidos tras constatar el fracaso, asimismo a mediados de la década, de su empeño por imponer en el continente el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Chávez prefiere nombrar “alcitas” a los TLC, que buscan por la vía bilateral el dominio de los mercados locales por las empresas estadounidenses, algo que no lograron en la multilateral ALCA.
El récord de 12,421 millones de dólares del intercambio anual de Venezuela con sus socios andinos fue impuesto en 2008. De esa suma, 7,290 millones correspondieron al intercambio colombo-venezolano.
Con Bolivia y Ecuador, las otras dos naciones de la CAN, Venezuela acordó a su vez sendos acuerdos sustitutivos llamados de Cooperación y Complementación Económica, con vigencia de cinco años.
Estos acuerdos se rigen por los principios de solidaridad social y complementariedad productiva y comercial que se atribuye la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), instancia que asocia a Bolivia, Ecuador y Venezuela con Cuba, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Nicaragua, Antigua y Barbuda.
Los principios de la ALBA, enfrentados a los de la libre empresa y libre competencia propios de los TLC, permiten el uso del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), una especie de moneda virtual de intercambio para tratar de superar la que llaman "innecesaria dependencia" del dólar.
Habría que encontrar la solución a fin de que lo económico empate con lo social y que esa integración no sea sólo con unos cuantos países y no reproducir los esquemas que traen ventaja de unos y desventaja de otros.
Venezuela entró al MERCOSUR al costo de la presidencia de Fernando Lugo de Paraguay.
Por: Verónica Valenzuela González
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