2012/10/29

Los pasos que vienen en la arista penal del caso La Polar


La fiscalía espera conocer, a fines de noviembre, los resultados de dos informes periciales que, a su juicio, serán determinantes para realizar otras diligencias. Se trata de uno que está realizando la Universidad Católica de Valparaíso y otro encargado a la U. de Chile.

por Karina Ferrando

La Polar se prepara para volver a tomar posiciones en el mapa del retail local, sigue en marcha la búsqueda de responsabilidades penales en el escándalo por la manipulación de créditos. El Ministerio Público, que inició en junio del año pasado una investigación para indagar vulneraciones a la Ley General de Bancos y a la Ley de Mercado de Valores, ha estado tomando declaraciones a personas que trabajaron o que trabajan en la compañía, en calidad de testigos, afirma el fiscal Luis Inostroza. “Con el tiempo, hemos ido encontrando antecedentes para citarlos, porque pueden aportar elementos de relevancia a la investigación”, explica.

Además, la fiscalía espera conocer, a fines de noviembre, los resultados de dos informes periciales que, a su juicio, serán determinantes para realizar otras diligencias. Se trata de uno que está realizando la Universidad Católica de Valparaíso y otro encargado a la Universidad de Chile.

En el primer caso, el trabajo está centrado, entre otras cosas, en la revisión de más de 1,3 millones de correos electrónicos para determinar cómo fluía la información entre los ejecutivos de La Polar. Esto, precisa Inostroza, servirá para dilucidar quién conocía la existencia de las repactaciones unilaterales de deudas.

El otro informe pericial apunta a medir el efecto de esta práctica en los estados financieros de la cadena de tiendas. “Para ello, se están revisando los antecedentes contables en relación con las repactaciones, y pretendemos que sea un informe completo para descifrar qué aspectos eran afectados por esta práctica”, precisa el fiscal.

En paralelo, la compañía ha anunciado que sigue evaluando presentar demandas en contra de las clasificadoras de riesgo Fitch Ratings y Feller Rate. Además, un grupo de unos 400 accionistas minoritarios, representados por la abogada Bárbara Salinas, también buscará establecer la responsabilidad de estas dos entidades. Junto con ello, siguen recabando antecedentes que permitan acreditar la figura de lavado de activos por parte de los principales ex ejecutivos de la firma. La abogada dice que quieren conocer el origen del patrimonio de los principales acusados.

Dentro de los próximos días, los minoritarios también pedirán que la justicia dicte medidas cautelares sobre bienes y dineros de Pablo Alcalde, Julián Moreno, María Isabel Farah, Nicolás Ramírez y Santiago Grage. Los tres primeros continúan con arresto domiciliario y, según Inostroza, no pedirán que ello cambie si siguen cumpliendo las condiciones bajo las cuales se les autorizó dejar los lugares de reclusión donde estaban desde el 16 de diciembre hasta abril.

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