Enviada por Ramón Briones y Hernán Bosselin. Abogados
A propósito del caso Enersis y de las comparaciones con otros
escándalos financieros, se ha sostenido por algún involucrado que la
situación no es igual al de La Polar y que más bien sería un simple
aumento de capital como otros que se han hecho en Chile anteriormente.
La cuestión Enersis se parece a La Polar, en que el mercado no tiene
la misma información que los controladores y eso causa un daño
gigantesco a nuestro modesto mercado de capitales. Con razón los
accionistas minoritarios están pensando dos veces sobre como obrar
frente a estas situaciones y cubrirse de los riesgos.
El caso Enersis no es asimilable a otros en que se han emitido
acciones o han existido fusiones de cierta importancia. En efecto, aquí
nos encontramos frente a una decisión tomada, no solo por su monto
cuantitativamente desconocida, sino que además cualitativamente importa
una decisión sólo desde el punto de vista privado en orden a que una
empresa chilena, donde se invierten cuantiosos fondos previsionales,
pasaría a tener un altísimo control de empresas ubicadas en países
extranjeros, en América Latina y en algunos casos limítrofes.
De esta forma la cuestión debatida no es un inocuo aumento de
capital, sino que una materia de gran complejidad jurídica y que tiene
directa relación con otros aspectos muy relevantes para el desarrollo
del país y sus relaciones internacionales y el tipo de vinculación que
el país quiere tener en el mundo global.
En el caso de Enersis, además, su vinculación directa es con una
empresa española en que el Estado español tiene una intervención
especial y que, además, es controlada por una empresa italiana en que el
Estado es su principal accionista, con más de un 30% de su capital, que
está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas de Italia.
Todo lo anterior obliga a que las más altas autoridades del país
analicen estos temas en profundidad, incluyendo el Congreso Nacional y
por ello no resultan aceptables opiniones que desean radicar el tema
sólo en la Superintendencia de Valores y Seguros, como si solo importara
la correcta interpretación de normas societarias y no las otras
materias que hay en juego, específicamente el manejo de los gobiernos
corporativos de sociedades que se transan en el mercado bursátil, la
necesaria fiscalización de los mismos y la injerencia de grupos
transnacionales que no obedecen a requerimientos económicos nacionales,
sino que a intereses externos.
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