El pasado jueves, La Polar informó que su Directorio había fijado el precio de colocación del aumento de capital en marcha, con un mecanismo que permite reflejar el valor de mercado que tenga la acción durante el proceso de colocación, con un mínimo de $160 por acción. Lo anterior, en un contexto en que los potenciales inversionistas carecen de un acceso normal a la información financiera de la compañía emisora. En efecto, en junio pasado, La Polar divulgó su información financiera a marzo de 2012, en términos sobre los cuales la misma administración declaró que no podía asumir responsabilidad por la información enviada.
Sin perjuicio de la positiva reacción del mercado (el jueves) a la decisión del Directorio de La Polar sobre el precio de colocación del aumento de capital, uno podría cuestionarse si los inversionistas cuentan con las herramientas necesarias para tomar una adecuada decisión respecto de este aumento de capital. En efecto, en condiciones normales, un emisor sólo puede realizar una oferta de valores previa entrega de información financiera sobre la que se haga responsable y, cuando corresponde, auditada. Todo ello, para que los inversionistas puedan hacerse una idea adecuada respecto de la conveniencia de la inversión, sea con la revisión personal de la información o a través del apoyo de clasificadores y analistas.
Pero el caso La Polar es precisamente una excepción a las reglas generales, y por ello resulta interesante el mecanismo propuesto para esta colocación, que permite a los inversionistas tomar la decisión de participar a un precio que refleja la real apreciación que el mercado tiene de la empresa. Creemos que éste es un caso en que el mercado tiene suficientemente internalizada la situación del emisor, aun a falta de información contable de completa fiabilidad. Por ello, la conveniencia de que el precio de la colocación pueda seguir la opinión más experta en este caso, como sería la del mercado.
Además, lo anterior permitiría a los nuevos inversionistas ingresar a La Polar en condiciones similares a las de los actuales accionistas de La Polar: no habría un “subsidio” de los nuevos accionistas para los actuales, ni tampoco una dilución de los actuales accionistas frente a los nuevos, evitando mayores perjuicios a las verdaderas víctimas del escándalo del año pasado: los que invirtieron en La Polar.
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