OPINIÓN
Por Dr. Antonio Reyes
El México que no es
Bien se podría decir filosóficamente que cada quién construye su mundo y cada quién interpreta, por lo tanto, la realidad. Pero de ello no se podría concluir lógicamente que la realidad sólo existe a partir de nosotros. La realidad está, con un alto grado de certeza, más allá de nuestras pretensiones, aspiraciones y deseos. Por más que tratemos de negarla u ocultarla, con relativa objetividad la realidad existe per se, más allá de nuestra voluntad. Por ello, cuando no actuamos en consecuencia a la relativa realidad lo que nos puede pasar es que terminemos engañándonos y tratando de engañar a los demás.
Hoy estas consideraciones sobre la realidad resultan harto pertinentes, toda vez que los medios reproducen la propaganda política sin ton ni son y las alocuciones de los candidatos a la presidencia de la república generan un ruido oscurantista, sin haber viso alguno de objetividad sobre la realidad. Así, los propios candidatos han tratado de contextualizar políticamente a sus oponentes en el presente, considerando lo que sus corrientes y simpatías representaron en el pasado, enfatizando, además, la oferta de un futuro mejor o, en otros casos, prometiendo la continuidad de una imaginada realidad exitosa para todos.
Los candidatos ofrecen un futuro que no es fácilmente alcanzable, ya sea por que el presente es bastante diferente al que conjeturan o por que la continuidad del presente nos puede llevar perversamente a resultados deliberadamente no deseados de manera colectiva. Por ello, todo deja indicar que los candidatos presidenciales bordan sobre un país que no es y que probablemente nunca ha sido, tanto por la magnitud de sus problemas, sus capacidades valederas o sus potencialidades no desarrolladas. Así, se promete y se alude políticamente a un México que no existe, que no está más que en los afanes electorales o en los intereses de unos cuantos, tal como los datos y cifras oficiales lo evidencian.
Como la necia realidad contradice los discursos de los cuatro candidatos presidenciales o la fortaleza del país resulta endeble para lograr el futuro prometido, vale la pena tratar de repasar con cierto orden conceptual como está el país en el que ahora vivimos, o al menos como ha sido su pasado inmediato. Tal esfuerzo es posible hacerlo en el ámbito social y económico, sin dejar de abordar las finanzas públicas, que tanta atención actual han despertado, a raíz de la crisis global que se vive.
A pesar de lo festivo de los discursos oficiales el desarrollo social en los últimos años ha continuado con el agravamiento observado desde la crisis económica y financiera de 1995. Así, de acuerdo al CONEVAL, entre 2006 y 2010 el país incrementó en 6.5 millones mexicanos la población en pobreza alimentaria, 8.0 millones en pobreza de capacidades y 12.2 millones en pobreza de patrimonio, estando alrededor del 50% de esta población asentada en el medio rural.
Comprensiblemente, entre 2008 y 2010 la población con un ingreso menor a la línea de bienestar económico creció en 4.8 millones, la población con ingreso menor a la línea de bienestar mínimo creció en 3.4 millones, la población con carencias por acceso a la alimentación, que no es más que hambre, creció en 4.2 millones. Por lo que el volumen de personas en condición de pobreza alcanzó a un total de 52 millones de pobres, casi 50% de la población. De este total, 11.7 millones se consideran en pobreza extrema, encontrándose destacadamente en Chiapas, Veracruz, Estado de México y Oaxaca.
Por otra parte, ante la gran propaganda federal y estatal, la realidad manifiesta que 35.8 millones de nacionales tienen carencias por acceso a los servicios de salud; hecho estadístico que ha impelido a que los dos principales candidatos opositores enfaticen la oferta de ampliar los servicios de salud a toda la población. En este mismo contexto y en el afán de identificarse con la juventud, los candidatos han ofrecido ampliar el acceso a la universidad, hasta en un caso ofrecer el acceso a los estudios universitarios a todos los jóvenes.
Pero la realidad es que en el país subsiste un poco más de 30 millones de connacionales, de 15 años y más, que no tienen la educación básica completa-primaria y secundaria-, al tiempo que se ha ampliado la obligatoriedad oficial de la educación media superior, preparatoriana o de bachillerato. ¿No debería ser la prioridad del gobierno atender el rezago educativo básico, atender al menos a parte de los 7 millones de ninis –que no estudian ni trabajan según ha estimado la UNAM- y mejorar la calidad de la educación superior, antes de expandirla desproporcionada e improductivamente?
Amén de que la economía nacional se ha rezagado desde hace casi seis lustros frente a países del sureste asiático -como sería frente a Corea, Singapur- y de que en los últimos años ha observado las tasas de crecimiento más bajas de la región –quedando muy abajo por ejemplo de Perú, Chile, Brasil-, el aparato productivo ha experimentado un cambio estructural importante. La economía se ha ido “terciarizando”, por lo que, de acuerdo al INEGI, el rubro de servicios en 2011 alcanzó 67.8% del PIB, después de que en 2002 significó 64.3%. Así, la industria el año pasado únicamente representó 31.9% del PIB y el sector primario sólo 3.1%. Porcentaje éste último casi equiparable al peso que la agricultura norteamericana tiene en su economía nacional; nivel que era “panglosianamente” (panglossian, entendido siempre como lo mejor en el mejor de los mundos) la aspiración salinista, olvidando que el vecino país cuenta con la agricultura más importante del mundo.
Tales cambios estructurales se explican si se considera que el país no ha tenido una política industrial pertinente, por lo que se ha vuelto mayormente maquilador, y los campesinos han sido deliberadamente olvidados. En el primer caso, el componente nacional de las exportaciones ha caído drásticamente y, en el segundo, el país se volvió un importador neto de sus alimentos. Este cambio del aparato productivo limita el potencial de crecimiento acelerado del país y de la absorción de mano de obra calificada, al tiempo que define claramente su estancamiento de seguir las políticas vigentes.
Dada la importancia económica y fiscal del petróleo; fortalecer a Pemex o dejar que tenga inversión privada pareciera ser uno de los dilemas electorales más importantes. Por ello es apremiante tener en consideración la balanza petrolera, antes de que tengamos una grave sorpresa. En 2000 las exportaciones petroleras representaron 9.7% del total nacional y 16% en 2011. Sin embargo, para los mismos años, las importaciones petroleras representaron 4.5% y 12%, respectivamente del total importado. Como consecuencia, entre 2000 y 2011, el superávit de la balanza petrolera ha caído de 5% a 4%, después de haber alcanzado casi 8% en 2006.
La dependencia creciente de las importaciones petroleras, que incluyen productos petroquímicos, ha significado que, entre 2000 y 2011, pasaran de $7.9 miles de millones de dólares a $42.7 miles de millones, casi 500% más. El mayor crecimiento nominal de importaciones ha sido en los derivados del petróleo, que pasaron de $ 4.6 miles de millones de dólares a $ 29.7 miles de millones, más de cinco veces. De esta manera, entre 2000 y 2011 las importaciones de derivados, que incluyen gasolinas y diesel, entre otros, pasaron de representar 57.9% a 69.7% del total de las importaciones petroleras.
En toda lógica industrial y económica, la transformación interna del petróleo permitiría abatir las importaciones de derivados y petroquímicos para desatar su efecto multiplicador en el sector industrial, antes de pensar en abrir a la inversión privada una “empresa” que está técnicamente quebrada. Situación que se explica, en mucho, por el poco más de un billón de pesos anuales que aporta al erario federal y porque, entre otras acciones opacas, triangula importaciones que debería hacer directamente de su planta de Deer Park, cuya propiedad comparte con otra compañía americana. Hoy, además, México tiene menos refinerías que en 1990.
De acuerdo con los datos de la SHCP, en el periodo de 2000 a 2011 los ingresos petroleros representaron en promedio 34% de los ingresos presupuestarios del sector público, significando en 2011 $1.1 billones de pesos. En 2000 los ingresos presupuestarios fueron el equivalente del 18.5% del PIB y en 2011 alcanzaron 22.8%, habiendo sido 23.5% en 2008; lo que es explicado, así, por mayores ingresos petroleros y relativamente por más deuda. Sin embargo, dada la baja dinámica de la economía y la menguada recaudación fiscal, en el corto plazo seguirá la dependencia federal de los ingresos petroleros.
A la situación de dependencia de los ingresos petroleros se agrega la avidez por la deuda pública que han tenido los dos últimos gobiernos. Aunque estridentemente se diga que no se ha endeudado al país y a las familias, la realidad en cifras es otra. Según la SHCP, a marzo de 2012, la deuda neta total ascendió a $ 5.5 billones de pesos, lo que representa un incremento de 168%, $3.4 billones de pesos más en relación a 2000. Sólo de 2006 a marzo de 2012 el endeudamiento público creció $ 2.3 billones de pesos, 115% más que durante el gobierno previo.
El actual gobierno en promedio ha endeudado más al país cada año en medio billón de pesos. El costo financiero del sector público al cierre de 2011 ascendió a 273 mil 952 millones de pesos, siendo 94.4% para pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda pública presupuestaria y el 5.6% para programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Por lo que el país se ha estado endeudando para pagar intereses y abultar más la deuda total, y es posible concluir, que el crecimiento de la deuda a los niveles observados desde 2006 es insostenible.
A la caída en las disponibilidades reales de los ingresos del petróleo y la no sostenibilidad futura del aumento de la deuda, se agrega el hecho de que el presupuesto público federal pasó de $ 1.2 billones en 2000 a $ 3.7 billones para 2012, observando asignaciones escasamente productivas. Por ejemplo, contempló para 2012 caídas en la inversión pública, en tanto se asignó únicamente para el sector agropecuario $ 300 millones de pesos, efectiva y sorprendentemente sólo $ 300 millones de pesos. En este contexto, la banca de desarrollo en 2011 asignó como crédito al sector agropecuario el equivalente de un milésimo del PIB y para el sector industrial únicamente 0.5% del PIB.
Al rezago social, al evidente problema del excesivo gasto público, la elevada deuda pública y el bajo financiamiento, finalmente se agrega la existencia de una banca cuyas actividades presentan nuevos riesgos internos y externos. Fuera de México parece haber una tormenta casi perfecta, al menos en Europa y Estados Unidos, en tanto aquí los candidatos presidenciales parecen ofrecer una fiesta en un lugar que desconocen, para invitados que pretender servir, sin saber si las viandas y las bebidas estarán a tiempo y disponibles, o al menos se contará con recursos para sufragarlas.
Ojalá que en la fiesta no haya algún desorden para que no aparezcan los guardianes del orden y los impartidores de la justicia, quienes han terminado por tener secuestrado al México cotidiano, para servir a impunes virreyes, en este México cada vez más balcanizado y lleno de miles de muertos y desaparecidos. Esperemos que al menos las camisetas, bolsas, cemento, tejas o el dinero obtenido por la compra de credenciales de elector, que reciben los ciudadanos junto con las promesas de campaña puedan paliar alguna necesidad de los más pobres de este empobrecido país.
Si todo el problema nacional fuera de simple voluntad, de presentar las mejores e inalcanzables promesas, de echarle ganas, crear emprendedores y seguir bordando sobre una realidad que no existe, bien podríamos pedir que las campañas se realizaran de manera más frecuente y tuvieran más semanas de duración. Al fin que nos distraerían de nuestros pesares, aunque después tuviéramos que pagar las culpas propias y las de otros, y los ciudadanos acabáramos por encontrarnos con el México que realmente es. Dios quiera y el candidato triunfador presidencial del próximo 1 de julio haya comenzado desde antes a conocer al México que es y no al que se pretende que hoy sea.
Hoy estas consideraciones sobre la realidad resultan harto pertinentes, toda vez que los medios reproducen la propaganda política sin ton ni son y las alocuciones de los candidatos a la presidencia de la república generan un ruido oscurantista, sin haber viso alguno de objetividad sobre la realidad. Así, los propios candidatos han tratado de contextualizar políticamente a sus oponentes en el presente, considerando lo que sus corrientes y simpatías representaron en el pasado, enfatizando, además, la oferta de un futuro mejor o, en otros casos, prometiendo la continuidad de una imaginada realidad exitosa para todos.
Los candidatos ofrecen un futuro que no es fácilmente alcanzable, ya sea por que el presente es bastante diferente al que conjeturan o por que la continuidad del presente nos puede llevar perversamente a resultados deliberadamente no deseados de manera colectiva. Por ello, todo deja indicar que los candidatos presidenciales bordan sobre un país que no es y que probablemente nunca ha sido, tanto por la magnitud de sus problemas, sus capacidades valederas o sus potencialidades no desarrolladas. Así, se promete y se alude políticamente a un México que no existe, que no está más que en los afanes electorales o en los intereses de unos cuantos, tal como los datos y cifras oficiales lo evidencian.
Como la necia realidad contradice los discursos de los cuatro candidatos presidenciales o la fortaleza del país resulta endeble para lograr el futuro prometido, vale la pena tratar de repasar con cierto orden conceptual como está el país en el que ahora vivimos, o al menos como ha sido su pasado inmediato. Tal esfuerzo es posible hacerlo en el ámbito social y económico, sin dejar de abordar las finanzas públicas, que tanta atención actual han despertado, a raíz de la crisis global que se vive.
A pesar de lo festivo de los discursos oficiales el desarrollo social en los últimos años ha continuado con el agravamiento observado desde la crisis económica y financiera de 1995. Así, de acuerdo al CONEVAL, entre 2006 y 2010 el país incrementó en 6.5 millones mexicanos la población en pobreza alimentaria, 8.0 millones en pobreza de capacidades y 12.2 millones en pobreza de patrimonio, estando alrededor del 50% de esta población asentada en el medio rural.
Comprensiblemente, entre 2008 y 2010 la población con un ingreso menor a la línea de bienestar económico creció en 4.8 millones, la población con ingreso menor a la línea de bienestar mínimo creció en 3.4 millones, la población con carencias por acceso a la alimentación, que no es más que hambre, creció en 4.2 millones. Por lo que el volumen de personas en condición de pobreza alcanzó a un total de 52 millones de pobres, casi 50% de la población. De este total, 11.7 millones se consideran en pobreza extrema, encontrándose destacadamente en Chiapas, Veracruz, Estado de México y Oaxaca.
Por otra parte, ante la gran propaganda federal y estatal, la realidad manifiesta que 35.8 millones de nacionales tienen carencias por acceso a los servicios de salud; hecho estadístico que ha impelido a que los dos principales candidatos opositores enfaticen la oferta de ampliar los servicios de salud a toda la población. En este mismo contexto y en el afán de identificarse con la juventud, los candidatos han ofrecido ampliar el acceso a la universidad, hasta en un caso ofrecer el acceso a los estudios universitarios a todos los jóvenes.
Pero la realidad es que en el país subsiste un poco más de 30 millones de connacionales, de 15 años y más, que no tienen la educación básica completa-primaria y secundaria-, al tiempo que se ha ampliado la obligatoriedad oficial de la educación media superior, preparatoriana o de bachillerato. ¿No debería ser la prioridad del gobierno atender el rezago educativo básico, atender al menos a parte de los 7 millones de ninis –que no estudian ni trabajan según ha estimado la UNAM- y mejorar la calidad de la educación superior, antes de expandirla desproporcionada e improductivamente?
Amén de que la economía nacional se ha rezagado desde hace casi seis lustros frente a países del sureste asiático -como sería frente a Corea, Singapur- y de que en los últimos años ha observado las tasas de crecimiento más bajas de la región –quedando muy abajo por ejemplo de Perú, Chile, Brasil-, el aparato productivo ha experimentado un cambio estructural importante. La economía se ha ido “terciarizando”, por lo que, de acuerdo al INEGI, el rubro de servicios en 2011 alcanzó 67.8% del PIB, después de que en 2002 significó 64.3%. Así, la industria el año pasado únicamente representó 31.9% del PIB y el sector primario sólo 3.1%. Porcentaje éste último casi equiparable al peso que la agricultura norteamericana tiene en su economía nacional; nivel que era “panglosianamente” (panglossian, entendido siempre como lo mejor en el mejor de los mundos) la aspiración salinista, olvidando que el vecino país cuenta con la agricultura más importante del mundo.
Tales cambios estructurales se explican si se considera que el país no ha tenido una política industrial pertinente, por lo que se ha vuelto mayormente maquilador, y los campesinos han sido deliberadamente olvidados. En el primer caso, el componente nacional de las exportaciones ha caído drásticamente y, en el segundo, el país se volvió un importador neto de sus alimentos. Este cambio del aparato productivo limita el potencial de crecimiento acelerado del país y de la absorción de mano de obra calificada, al tiempo que define claramente su estancamiento de seguir las políticas vigentes.
Dada la importancia económica y fiscal del petróleo; fortalecer a Pemex o dejar que tenga inversión privada pareciera ser uno de los dilemas electorales más importantes. Por ello es apremiante tener en consideración la balanza petrolera, antes de que tengamos una grave sorpresa. En 2000 las exportaciones petroleras representaron 9.7% del total nacional y 16% en 2011. Sin embargo, para los mismos años, las importaciones petroleras representaron 4.5% y 12%, respectivamente del total importado. Como consecuencia, entre 2000 y 2011, el superávit de la balanza petrolera ha caído de 5% a 4%, después de haber alcanzado casi 8% en 2006.
La dependencia creciente de las importaciones petroleras, que incluyen productos petroquímicos, ha significado que, entre 2000 y 2011, pasaran de $7.9 miles de millones de dólares a $42.7 miles de millones, casi 500% más. El mayor crecimiento nominal de importaciones ha sido en los derivados del petróleo, que pasaron de $ 4.6 miles de millones de dólares a $ 29.7 miles de millones, más de cinco veces. De esta manera, entre 2000 y 2011 las importaciones de derivados, que incluyen gasolinas y diesel, entre otros, pasaron de representar 57.9% a 69.7% del total de las importaciones petroleras.
En toda lógica industrial y económica, la transformación interna del petróleo permitiría abatir las importaciones de derivados y petroquímicos para desatar su efecto multiplicador en el sector industrial, antes de pensar en abrir a la inversión privada una “empresa” que está técnicamente quebrada. Situación que se explica, en mucho, por el poco más de un billón de pesos anuales que aporta al erario federal y porque, entre otras acciones opacas, triangula importaciones que debería hacer directamente de su planta de Deer Park, cuya propiedad comparte con otra compañía americana. Hoy, además, México tiene menos refinerías que en 1990.
De acuerdo con los datos de la SHCP, en el periodo de 2000 a 2011 los ingresos petroleros representaron en promedio 34% de los ingresos presupuestarios del sector público, significando en 2011 $1.1 billones de pesos. En 2000 los ingresos presupuestarios fueron el equivalente del 18.5% del PIB y en 2011 alcanzaron 22.8%, habiendo sido 23.5% en 2008; lo que es explicado, así, por mayores ingresos petroleros y relativamente por más deuda. Sin embargo, dada la baja dinámica de la economía y la menguada recaudación fiscal, en el corto plazo seguirá la dependencia federal de los ingresos petroleros.
A la situación de dependencia de los ingresos petroleros se agrega la avidez por la deuda pública que han tenido los dos últimos gobiernos. Aunque estridentemente se diga que no se ha endeudado al país y a las familias, la realidad en cifras es otra. Según la SHCP, a marzo de 2012, la deuda neta total ascendió a $ 5.5 billones de pesos, lo que representa un incremento de 168%, $3.4 billones de pesos más en relación a 2000. Sólo de 2006 a marzo de 2012 el endeudamiento público creció $ 2.3 billones de pesos, 115% más que durante el gobierno previo.
El actual gobierno en promedio ha endeudado más al país cada año en medio billón de pesos. El costo financiero del sector público al cierre de 2011 ascendió a 273 mil 952 millones de pesos, siendo 94.4% para pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda pública presupuestaria y el 5.6% para programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Por lo que el país se ha estado endeudando para pagar intereses y abultar más la deuda total, y es posible concluir, que el crecimiento de la deuda a los niveles observados desde 2006 es insostenible.
A la caída en las disponibilidades reales de los ingresos del petróleo y la no sostenibilidad futura del aumento de la deuda, se agrega el hecho de que el presupuesto público federal pasó de $ 1.2 billones en 2000 a $ 3.7 billones para 2012, observando asignaciones escasamente productivas. Por ejemplo, contempló para 2012 caídas en la inversión pública, en tanto se asignó únicamente para el sector agropecuario $ 300 millones de pesos, efectiva y sorprendentemente sólo $ 300 millones de pesos. En este contexto, la banca de desarrollo en 2011 asignó como crédito al sector agropecuario el equivalente de un milésimo del PIB y para el sector industrial únicamente 0.5% del PIB.
Al rezago social, al evidente problema del excesivo gasto público, la elevada deuda pública y el bajo financiamiento, finalmente se agrega la existencia de una banca cuyas actividades presentan nuevos riesgos internos y externos. Fuera de México parece haber una tormenta casi perfecta, al menos en Europa y Estados Unidos, en tanto aquí los candidatos presidenciales parecen ofrecer una fiesta en un lugar que desconocen, para invitados que pretender servir, sin saber si las viandas y las bebidas estarán a tiempo y disponibles, o al menos se contará con recursos para sufragarlas.
Ojalá que en la fiesta no haya algún desorden para que no aparezcan los guardianes del orden y los impartidores de la justicia, quienes han terminado por tener secuestrado al México cotidiano, para servir a impunes virreyes, en este México cada vez más balcanizado y lleno de miles de muertos y desaparecidos. Esperemos que al menos las camisetas, bolsas, cemento, tejas o el dinero obtenido por la compra de credenciales de elector, que reciben los ciudadanos junto con las promesas de campaña puedan paliar alguna necesidad de los más pobres de este empobrecido país.
Si todo el problema nacional fuera de simple voluntad, de presentar las mejores e inalcanzables promesas, de echarle ganas, crear emprendedores y seguir bordando sobre una realidad que no existe, bien podríamos pedir que las campañas se realizaran de manera más frecuente y tuvieran más semanas de duración. Al fin que nos distraerían de nuestros pesares, aunque después tuviéramos que pagar las culpas propias y las de otros, y los ciudadanos acabáramos por encontrarnos con el México que realmente es. Dios quiera y el candidato triunfador presidencial del próximo 1 de julio haya comenzado desde antes a conocer al México que es y no al que se pretende que hoy sea.
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