¿Por qué es clave esta querella del CDE? Los consumidores aseguran que el argumento que dio La Polar para justificar las repactaciones unilaterales, que consistió en la existencia de una cláusula de mandato en el contrato, “se cae al vacío”.
Preparando su artillería legal están los consumidores y La Polar, a la espera que dentro de esta y la próxima semana se dé el vamos al juicio colectivo en contra de la multitienda liderada hoy por César Barros –que arriesga el pago de millonarias indemnizaciones y multas–, que repactó unilateralmente a más de un millón de clientes desde, al menos, el año 2000 en adelante.
Pero justo antes de que comience la pelea del Sernac, la Fundación Chile Ciudadano y La Polar en tribunales, detonó un hecho clave para el proceso. A raíz del testimonio publicado en ESTRATEGIA de una ex empleada del retailer, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal en contra de todos los responsables por mal uso de los datos del Instituto de Normalización Previsional (INP, hoy IPS), entre 2004 y 2006.
El CDE acusa en su escrito presentado al Segundo Juzgado de Garantía de Santiago la existencia del delito de violación de secretos o información reservada, luego de que Rosario Albornoz, ex trabajadora del área de Crédito y Cobranza de La Polar, declarara que el cuestionado retailer compró las bases de datos del INP en el período 2004-2005, incluyendo a los pensionados –algunos de ellos fallecidos– como clientes sujetos de crédito sin consultarles.
Así, La Polar abultaba su cartera de clientes y de crédito de manera relevante, no solamente renegociando ilegalmente a las personas, sino agregando a clientes no sujetos de crédito a través de la compra de las bases de datos del INP. Aparte de cruzar información con Fonasa, cosa que está en investigación por ahora. Cabe recordar que, finalmente, se descubrió que la compañía arrojaba pérdidas por sobre los US$1.000 millones.
Asimsimo, los datos de los pensionados eran utilizados por La Polar para campañas de promoción, venta de créditos y productos, siendo que el convenio suscrito con el INP establecía que nada más se les debía proporcionar mejoras en los precios y en las condiciones de compra, sin incluir el traspaso ni menos la venta de la información de los afiliados del INP, recalca la querella del CDE.
La clave
¿Por qué es clave esta querella del CDE? El director ejecutivo de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, responde que “va a ser una gran ayuda para la demanda colectiva. El argumento que dio La Polar para justificar las repactaciones unilaterales, que consistió en la existencia de una cláusula de mandato en el contrato, se cae al vacío respecto de las cuentas abiertas a los afiliados al IPS, que nunca firmaron contrato alguno con la multitienda”.
Y pese a que el CDE solicitó en su querella investigar el número de afiliados al INP que figuraron en las bases de datos y sistemas computacionales como clientes de La Polar, aparte del modus operandi para efectuarlo, se estima que serían miles los pensionados que habrían sido agregados por la multitienda como clientes. Esto reforzaría la posición de los consumidores en el juicio colectivo en contra del retailer.
Igualmente, el CDE exigió que se decrete la pericia del laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones a los equipos computacionales del Departamento de Cobranzas de La Polar, especialmente a los que tengan incorporados el sistema MENCONS.
Sin rastro
El INP inició un convenio con La Polar el 27 de octubre de 2004, el cual se extendió hasta el 30 de octubre de 2006. Consta en la querella del CDE que como para el actual IPS no significaba gastos, el trámite de toma de razón a la Contraloría no se llevó a cabo, con lo que no existen rastros de este pacto.
Fue el entonces director del INP, Ernesto Evans, quien firmó con La Polar un acuerdo para que los pensionados pudieran ser sujetos de crédito, en tiempos en que Pablo Alcalde –a la fecha en prisión preventiva– era gerente general de la empresa.
En la indagatoria de la Fiscalía Centro Norte fue interrogada Alejandra Contardo, quien era la secretaria de Manuel de la Prida, ex subgerente del área de Captación de La Polar, confirmando la compra de la base de datos del INP.
Contardo manifestó que las personas que intervinieron en el negocio habrían sido el propio gerente corporativo de Productos Financieros, Julián Moreno, que al momento también está bajo prisión preventiva.
El Testimonio
Los siguientes son extractos del testimonio de la ex empleada de La Polar, Rosario Albornoz, a diario ESTRATEGIA, el 19 de julio de 2011.
- Me dí cuenta que mi papá y mi mamá figuraban como clientes de La Polar en el sistema –los que jamás aceptaron serlo ni se los pidieron–, así que comencé a indagar y me enteré que en la compañía habían comprado esta cartera del Instituto de Normalización Previsional.
- Todo esto se lo pregunté al área que lideraba Manuel de la Prida, ex gerente de Promociones y de Servicio al Cliente de La Polar, que era el encargado de efectuar las captaciones de personas, y ellos me lo dijeron.
- La gente que trabajaba en las áreas de Crédito y Cobranza, tenía acceso a la pantalla del cliente, donde aparecían cada uno de sus datos. De hecho, había mucha gente de edad incorporada al sistema MECONS de la empresa. La llamaban, le decían si quería la tarjeta de crédito, siendo que ya había un cupo aprobado para ellas con antelación sin haberles preguntado.
- Estábamos todos conscientes de que se realizaban repactaciones unilaterales en La Polar, por lo menos desde el 2003. Eran órdenes de Julián Moreno, ex gerente corporativo de Productos Financieros, que se normalizara a la gente y no cayera en Dicom ni en protesto.
- Cuando yo a veces estaba con poco trabajo, me decían que normalizara a los clientes, sobre todo cuando se requería de personal de refuerzo al estar baja la producción. Ahí se incluía a todo tipo de empleados, no sólo los del Contact Center. Era en los últimos días del mes, del 25 en adelante.
- Intuíamos que podía ser algo malo, sin embargo, eran órdenes y había que cumplirlas.
www.estrategia.cl
Preparando su artillería legal están los consumidores y La Polar, a la espera que dentro de esta y la próxima semana se dé el vamos al juicio colectivo en contra de la multitienda liderada hoy por César Barros –que arriesga el pago de millonarias indemnizaciones y multas–, que repactó unilateralmente a más de un millón de clientes desde, al menos, el año 2000 en adelante.
Pero justo antes de que comience la pelea del Sernac, la Fundación Chile Ciudadano y La Polar en tribunales, detonó un hecho clave para el proceso. A raíz del testimonio publicado en ESTRATEGIA de una ex empleada del retailer, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal en contra de todos los responsables por mal uso de los datos del Instituto de Normalización Previsional (INP, hoy IPS), entre 2004 y 2006.
El CDE acusa en su escrito presentado al Segundo Juzgado de Garantía de Santiago la existencia del delito de violación de secretos o información reservada, luego de que Rosario Albornoz, ex trabajadora del área de Crédito y Cobranza de La Polar, declarara que el cuestionado retailer compró las bases de datos del INP en el período 2004-2005, incluyendo a los pensionados –algunos de ellos fallecidos– como clientes sujetos de crédito sin consultarles.
Así, La Polar abultaba su cartera de clientes y de crédito de manera relevante, no solamente renegociando ilegalmente a las personas, sino agregando a clientes no sujetos de crédito a través de la compra de las bases de datos del INP. Aparte de cruzar información con Fonasa, cosa que está en investigación por ahora. Cabe recordar que, finalmente, se descubrió que la compañía arrojaba pérdidas por sobre los US$1.000 millones.
Asimsimo, los datos de los pensionados eran utilizados por La Polar para campañas de promoción, venta de créditos y productos, siendo que el convenio suscrito con el INP establecía que nada más se les debía proporcionar mejoras en los precios y en las condiciones de compra, sin incluir el traspaso ni menos la venta de la información de los afiliados del INP, recalca la querella del CDE.
La clave
¿Por qué es clave esta querella del CDE? El director ejecutivo de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, responde que “va a ser una gran ayuda para la demanda colectiva. El argumento que dio La Polar para justificar las repactaciones unilaterales, que consistió en la existencia de una cláusula de mandato en el contrato, se cae al vacío respecto de las cuentas abiertas a los afiliados al IPS, que nunca firmaron contrato alguno con la multitienda”.
Y pese a que el CDE solicitó en su querella investigar el número de afiliados al INP que figuraron en las bases de datos y sistemas computacionales como clientes de La Polar, aparte del modus operandi para efectuarlo, se estima que serían miles los pensionados que habrían sido agregados por la multitienda como clientes. Esto reforzaría la posición de los consumidores en el juicio colectivo en contra del retailer.
Igualmente, el CDE exigió que se decrete la pericia del laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones a los equipos computacionales del Departamento de Cobranzas de La Polar, especialmente a los que tengan incorporados el sistema MENCONS.
Sin rastro
El INP inició un convenio con La Polar el 27 de octubre de 2004, el cual se extendió hasta el 30 de octubre de 2006. Consta en la querella del CDE que como para el actual IPS no significaba gastos, el trámite de toma de razón a la Contraloría no se llevó a cabo, con lo que no existen rastros de este pacto.
Fue el entonces director del INP, Ernesto Evans, quien firmó con La Polar un acuerdo para que los pensionados pudieran ser sujetos de crédito, en tiempos en que Pablo Alcalde –a la fecha en prisión preventiva– era gerente general de la empresa.
En la indagatoria de la Fiscalía Centro Norte fue interrogada Alejandra Contardo, quien era la secretaria de Manuel de la Prida, ex subgerente del área de Captación de La Polar, confirmando la compra de la base de datos del INP.
Contardo manifestó que las personas que intervinieron en el negocio habrían sido el propio gerente corporativo de Productos Financieros, Julián Moreno, que al momento también está bajo prisión preventiva.
El Testimonio
Los siguientes son extractos del testimonio de la ex empleada de La Polar, Rosario Albornoz, a diario ESTRATEGIA, el 19 de julio de 2011.
- Me dí cuenta que mi papá y mi mamá figuraban como clientes de La Polar en el sistema –los que jamás aceptaron serlo ni se los pidieron–, así que comencé a indagar y me enteré que en la compañía habían comprado esta cartera del Instituto de Normalización Previsional.
- Todo esto se lo pregunté al área que lideraba Manuel de la Prida, ex gerente de Promociones y de Servicio al Cliente de La Polar, que era el encargado de efectuar las captaciones de personas, y ellos me lo dijeron.
- La gente que trabajaba en las áreas de Crédito y Cobranza, tenía acceso a la pantalla del cliente, donde aparecían cada uno de sus datos. De hecho, había mucha gente de edad incorporada al sistema MECONS de la empresa. La llamaban, le decían si quería la tarjeta de crédito, siendo que ya había un cupo aprobado para ellas con antelación sin haberles preguntado.
- Estábamos todos conscientes de que se realizaban repactaciones unilaterales en La Polar, por lo menos desde el 2003. Eran órdenes de Julián Moreno, ex gerente corporativo de Productos Financieros, que se normalizara a la gente y no cayera en Dicom ni en protesto.
- Cuando yo a veces estaba con poco trabajo, me decían que normalizara a los clientes, sobre todo cuando se requería de personal de refuerzo al estar baja la producción. Ahí se incluía a todo tipo de empleados, no sólo los del Contact Center. Era en los últimos días del mes, del 25 en adelante.
- Intuíamos que podía ser algo malo, sin embargo, eran órdenes y había que cumplirlas.
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