En tanto, los abogados de la entidad pública se encuentran estudiando todas las fórmulas para lograr reparaciones económicas para los consumidores.
La sentencia del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) no es el punto final en el caso farmacias. Tanto Salcobrand como Cruz Verde anunciaron ayer que reclamarán el fallo del organismo antimonopolio ante la Corte Suprema.
“Lamentamos el fallo y no compartimos su decisión, porque no reconoce nuestra inocencia” señaló José Miguel Gana, abogado de Cruz Verde quien, además, agregó que la compañía “ho ha participado en prácticas que atenten contra la libre competencia. Por lo mismo, recurriremos de reclamación a la Corte Suprema”.
En tanto, Salcobrand señaló que también recurrirá al máximo tribunal del país dado que, explica la firma, “es un fallo contrario a derecho y lesivo a nuestra ética”. La compañía es asesorada por el abogado Felipe Vial de Vial y Cía.
Ambas firmas tienen un plazo legal de 10 días hábiles para presentar sus recursos y dado que febrero es feriado legal, es el 13 de marzo cuando vence el plazo. De acuerdo a conocedores del proceso, el caso en la Corte Suprema podría durar hasta un año pero en la plaza creen que en este caso en especial y, producto del revuelo y la relevenacia del mismo, la Corte podría fallar incluso hacia finales del primer semestre. Otro de los flancos que se abre ahora está protagonizado por el Sernac. Juan Antonio Peribonio, director del organismo, anunció que que los abogados del servicio están estudiando la fórmula jurídica para presentar una demanda colectiva.
“Vamos a hacer todos los esfuerzos para buscar reparación económica en favor de los consumidores, porque la multa interpuesta por el TDLC va en beneficio fiscal”, explicó.
Peribonio detalló que si bien en la legislación vigente “no se explicita en forma clara que un atentado a la libre competencia pueda servir de sustento para una demanda colectiva, nuestros abogados están estudiando la fórmula jurídica”.Y es que se habrían producido “a lo menos tres infracciones claras a la ley del consumidor: el deber de información veraz y oportuna; el derecho a la libre elección que tienen los consumidores y la obligación de profesionalismo que tienen que tener los proveedores”. Para determinar el universo de clientes que fueron afectados por las alzas concertadas de precios de las dos farmacias pedirían, por la vía judicial, la exhibición de antecedentes que manejen las propias empresas “y hacer uso de los canales de fidelización de la compañía, donde deben estar registrados”, indicó Peribonio. “Es difícil, pero no imposible”, enfatizó.
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