Éste es uno de los cinco puntos que comentó en el informe de estabilidad financiera a raíz del escándalo.
Advierte que proyectos como Tasa Máxima y deuda consolidada amplían tareas de regulador bancario.
Uno de los efectos del caso La Polar sobre el sistema financiero fue el poner en duda todas las regulaciones existentes, incluida aquella que norma a los emisores no bancarios de tarjetas de crédito.
Y si bien en su momento el consejero del Banco Central, Enrique Marshall, hizo una férrea defensa de las facultades que se le habían entregado a la Superintendencia de Bancos (SBIF) para fiscalizar a estos emisores, ahora el instituto rector parece haber tomado apuntes de algunas críticas.
En el Informe de Estabilidad Financiera, el Banco Central señala que si bien el cumplimiento de la regulación de tarjetas de crédito no se ha visto afectada por el caso La Polar, “su Consejo dispuso la revisión exhaustiva de dicha normativa para efectos de incorporar, dentro de un plazo prudente, los ajustes o perfeccionamientos necesarios que guarden relación con su mandato legal y con las facultades que se le han conferido en esta materia”.
Ampliar la regulación
El reporte el Banco Central también comenta que en la discusión pública se ha argumentado que el caso La Polar se podría haber evitado entregando atribuciones a un regulador para que fiscalizara directamente los procesos y políticas de créditos de casas comerciales. Aunque aclara que ese diseño regulatorio no es común en el mundo, tras la crisis de 2008 se sugiere ampliar el perímetro fiscalizador hacia entidades crediticias que aunque no reciban dinero del público, por su tamaño o complejidad puedan suponer un riesgo a la establidad financiera.
Eso sí, el Central apunta que proyectos de ley relacionados con la Tasa Máxima Convencional y la deuda consolidada “implicarían una ampliación considerable de las responsabilidades asignadas a la SBIF” respecto de agentes distintos a los que tradicionalmente ha supervisado, lo que “puede ser positivo, en tanto aumente la efectividad de las iniciativas legislativas mencionadas”. Sin embargo, plantea también el desafío de no afectar el adecuado desenvolvimiento de la Superintendencia.
Directores y auditoras
El Banco Central también declara que este caso releva la importancia de abordar el fortalecimiento de los gobiernos corporativos “y el manejo de conflictos de interés, estableciendo la importancia del rol que juega la junta de directores en el monitoreo de cada compañía”.
También se refirió al cuestionado desempeño de las auditoras y clasificadoras de riesgo. Apuntó que estas firmas juegan un rol complementario en la detección de anomalías, y que “la rigurosidad de revisión por parte de estas entidades es primordial para fortalecer la transparencia de información en el mercado y la promoción de la confianza entre sus partícipes”.
www.df.cl
Advierte que proyectos como Tasa Máxima y deuda consolidada amplían tareas de regulador bancario.
Uno de los efectos del caso La Polar sobre el sistema financiero fue el poner en duda todas las regulaciones existentes, incluida aquella que norma a los emisores no bancarios de tarjetas de crédito.
Y si bien en su momento el consejero del Banco Central, Enrique Marshall, hizo una férrea defensa de las facultades que se le habían entregado a la Superintendencia de Bancos (SBIF) para fiscalizar a estos emisores, ahora el instituto rector parece haber tomado apuntes de algunas críticas.
En el Informe de Estabilidad Financiera, el Banco Central señala que si bien el cumplimiento de la regulación de tarjetas de crédito no se ha visto afectada por el caso La Polar, “su Consejo dispuso la revisión exhaustiva de dicha normativa para efectos de incorporar, dentro de un plazo prudente, los ajustes o perfeccionamientos necesarios que guarden relación con su mandato legal y con las facultades que se le han conferido en esta materia”.
Ampliar la regulación
El reporte el Banco Central también comenta que en la discusión pública se ha argumentado que el caso La Polar se podría haber evitado entregando atribuciones a un regulador para que fiscalizara directamente los procesos y políticas de créditos de casas comerciales. Aunque aclara que ese diseño regulatorio no es común en el mundo, tras la crisis de 2008 se sugiere ampliar el perímetro fiscalizador hacia entidades crediticias que aunque no reciban dinero del público, por su tamaño o complejidad puedan suponer un riesgo a la establidad financiera.
Eso sí, el Central apunta que proyectos de ley relacionados con la Tasa Máxima Convencional y la deuda consolidada “implicarían una ampliación considerable de las responsabilidades asignadas a la SBIF” respecto de agentes distintos a los que tradicionalmente ha supervisado, lo que “puede ser positivo, en tanto aumente la efectividad de las iniciativas legislativas mencionadas”. Sin embargo, plantea también el desafío de no afectar el adecuado desenvolvimiento de la Superintendencia.
Directores y auditoras
El Banco Central también declara que este caso releva la importancia de abordar el fortalecimiento de los gobiernos corporativos “y el manejo de conflictos de interés, estableciendo la importancia del rol que juega la junta de directores en el monitoreo de cada compañía”.
También se refirió al cuestionado desempeño de las auditoras y clasificadoras de riesgo. Apuntó que estas firmas juegan un rol complementario en la detección de anomalías, y que “la rigurosidad de revisión por parte de estas entidades es primordial para fortalecer la transparencia de información en el mercado y la promoción de la confianza entre sus partícipes”.
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