PwC, una de las big four en el mapa de las auditoras locales, enfrenta su momento más complejo. La SVS formuló cargos contra la firma por su responsabilidad en el escándalo financiero de La Polar. En la empresa se defienden, dicen que son víctimas de la misma estafa que sorprendió a directivos y accionistas. Pero las querellas están a la orden del día y en las oficinas de la avenida Andrés Bello se respira preocupación. Por Fernando Vega y Carla Sánchez.
Las alarmas saltaron temprano. Como cada mañana, el área técnica de PwC (como se conoce desde el año pasado a la tradicional PricewaterhouseCoopers), a cargo de la revisión de sitios web, echó un vistazo a la página de la Superintendencia de Valores y Seguros. Eran las 8:06 horas del jueves 9 de junio cuando se encontraron con la sorpresa: a través de un hecho esencial, el directorio de La Polar informaba que había tomado conocimiento de malas prácticas en la gestión de su cartera de crédito, las que se habrían efectuado de una forma no autorizada por el directorio, cambiando radicalmente su balance.
Desde ese día, la firma de auditores más antigua de Chile permanece en el centro de la polémica. Su rol como auditor externo de la tienda por departamentos se debate y cuestiona por haber certificado estados financieros que camuflaban la real situación de esa compañía. Buena parte del mercado ya conoce la defensa de la auditora: que, al igual que el directorio, fue engañada por unos empleados inescrupulosos. Que una auditoría puede detectar un error, pero que un fraude de este tipo sale a la luz sólo cuando alguien lo sopla.
Pero el 13 de julio pasado la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) estimó que Price no hizo bien su trabajo en La Polar y formuló cargos contra la firma, su socio a cargo de la revisión del balance 2010 –Luis Alejandro Joignant Pacheco– y 18 ex ejecutivos y directores del retailer, por sus responsabilidades en este escándalo financiero.
Los cargos contra PwC por la presunta infracción a las obligaciones que le imponen la Ley de Mercado de Valores y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas cayeron como un balde de agua fría al interior de la firma. Según el ente regulador, tanto Price como Joignant arriesgan no sólo millonarias multas, sino hasta situaciones más extremas, como una eventual suspensión de actividades y penas aflictivas. Acostumbrada a operar con un perfil discreto, la firma comenzó a preparar la defensa. Desde su cuartel general en avenida Andrés Bello, sus máximos ejecutivos han diseñado la estrategia para enfrentar este inesperado y adverso escenario: contrataron al estudio de abogados del destacado penalista Pablo Rodríguez Grez –que destinó al caso en exclusiva al abogado Pedro Pablo Vergara– y a la empresa de comunicaciones Nexos para enfrentar la avalancha mediática.
El comentario que suele escucharse una y otra vez es que Price considera que fue tan víctima del fraude de La Polar como todos los clientes de la compañía repactados automáticamente y los accionistas de la firma, quienes nunca se enteraron de la bicicleta financiera que maquillaba los resultados. Las explicaciones de los ejecutivos sonaban razonables: la crisis económica de 2008-2009 era la gran oportunidad para La Polar. Aprovechando que el retail iba a contraerse, el plan era aplicar una política expansiva de crédito. Para ello, se daría más plazo a los deudores de los segmentos C3 y D, considerados “los mejores pagadores”.
Sin embargo, el directorio de La Polar inició una acción preparatoria contra PwC con el objetivo de recabar antecedentes para futuras acciones en su contra. Y en todas las acciones legales que ya se acumulan sobre el caso, dirigidas contra quienes resulten responsables como autores, encubridores o cómplices, los querellantes apuntan a la responsabilidad de la firma al no haber detectado ninguna irregularidad durante todos los años que auditó al retailer.
La Ley de Valores establece que las auditoras tienen la misión de dar fiabilidad y veracidad a la información financiera de las empresas. Pero también pueden ayudar a detectar potenciales problemas escondidos entre los números presentados por sus clientes. Y es por eso que en el mercado subsisten las voces escépticas sobre la actuación de Price en el caso.
Actualizadas el año 2010, las Normas de Auditorías Generalmente Aceptadas en Chile (NAGAS) establecen que “el auditor tiene la responsabilidad de planificar y desarrollar la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de representaciones incorrectas significativas, sean éstas causadas por error o fraude”. Y en el caso de La Polar había indicios de que algo raro ocurría; en particular, si se comparaban sus números con los de buena parte de la competencia: era la segunda cartera de crédito por volumen del retail, a pesar de tener hasta 10 veces menos en términos de ventas, como comprobaron los abogados de Gutiérrez y Silva, el bufete que presentó la demanda ante el Sernac.
La más antigua
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| Luis Alejandro Joignant Pacheco, el socio a cargo de la revisión del balance 2010 de La Polar, fue formalizado por la SVS –junto a la auditora y a 18 ex ejecutivos y directores del retailer– por sus responsabilidades en el escándalo financiero. Según el ente regulador, tanto Price como Joignant arriesgan no sólo millonarias multas, sino hasta situaciones más extremas, como una eventual suspensión de actividades y penas aflictivas. |
Según estadísticas de la SVS, por ingresos informados durante 2010, PwC es la segunda del mercado, con un 29,2% de participación e ingresos por 37.658 millones de pesos; sólo superada por Deloitte, con un 31,5%.
Atractivos como su experiencia, el conocimiento del negocio, el buen clima laboral y las perspectivas de ingresos la tienen entre los destinos preferidos para los estudiantes de auditoría. “Price es el perfil del auditor moderno. Ellos no conciben la auditoría como un commodity, y es una compañía global que supone el desafío de conocer diferentes normas contables”, sintetiza un profesor de la carrera de Contador Auditor de la Universidad de Santiago.
En el rubro destacan las redes de contacto y el fomento a la meritocracia que existen en PwC. Sus socios provienen de distintas realidades y es usual que en pocos años un contador destacado logre hacer carrera y ascender en la escala. Al igual que en un estudio de abogados, cada uno de los socios administra cierta cantidad de trabajo. Pero aquí no cuentan los apellidos: en el mundo de las auditoras, la meritocracia manda. Cualquier persona que ingresa a sus filas tiene la posibilidad de llegar a lo más alto de la pirámide, siempre y cuando demuestre capacidad y tenga la integridad necesaria, pues el trabajo de las auditoras se basa en la confianza. “Estas empresas son como el ejército: nadie entra como coronel. Todos parten muy de abajo”, cuentan los entendidos.
Como todos los otros 30 socios de la firma, Alejandro Joignant también empezó desde cero. Fue un par de años asistente y participó en las labores más simples, como ingresar datos en las planillas de cálculo. Luego siguió el mismo camino por el que han pasado todos los máximos ejecutivos de la compañía: se convirtió en senior; es decir, en jefe del equipo de auditoría en terreno. Esta responsabilidad la ejecutan profesionales que tienen entre 3 y 8 años de experiencia. Pasado ese tiempo, tuvo la posibilidad de ser gerente, liderando las auditorías a varios clientes. Y hace 10 años se convirtió en socio, una figura responsable de las labores máximas de planificación.
Joignant es contador auditor de la UTEM e ingeniero comercial de la Usach. Con un MBA de por medio, es considerado un experto altamente respetado en la industria. “Alejandro es un tipo muy capaz, especialista en retail y con mucha experiencia en tecnología”, es la frase que se repite en el sector.
A sus 42 años, Joignant ha hecho carrera en el mundo de la contabilidad, al igual que su hermano Daniel, socio de Deloitte. Casado con una compañera de universidad –la más linda de la clase, dicen– el socio de PwC tiene propiedades en La Dehesa y en San Alfonso del Mar.
A pesar de las dificultades, no ha dejado de cumplir con sus responsabilidades laborales, aunque sus cercanos confiesan que está muy afectado por el caso. No ha faltado ni un solo día al trabajo, pero está concentrado 100% en su defensa y cuenta con el apoyo total de la plana mayor de PwC para entregar respuestas a tribunales y a las superintendencias de Valores y Bancos.
La Polar, puertas adentro
Durante los últimos cuatro años, Price estuvo a cargo de auditar a La Polar. Sucedió en la tarea a Ernst&Young, luego de que el directorio de la firma acordara rotar a su auditor externo.
Acostumbrada a tratar con la mayoría de las empresas en Chile, para PwC se trataba de un cliente de tamaño medio, que pagaba unas 6 mil unidades de fomento al año por sus servicios (unos 140 millones de pesos). Según sus procedimientos habituales, para un cliente de esa envergadura asignaba un equipo de entre 15 y 20 profesionales que todos los años se instalaban en las oficinas centrales de la firma, en Renca, a fin de revisar los libros, previo a la publicación de los balances anuales.
El equipo, que estaba a cargo de Joignant, visitaba tres veces al año a la compañía: una, para evaluar aspectos de control interno; otra, para adelantar todo el trabajo de contabilidad a una fecha próxima al cierre del periodo y la del verano, la más intensa, consistía en revisar los estados financieros al 31 de diciembre. En cada una de esas instancias, el grupo se instalaba por 2 o 3 semanas en oficinas del retailer destinadas sólo para su uso y se relacionaban con la dirección y el departamento financiero de la compañía.
Esta forma de trabajar, en todo caso, es común en la industria. Todas las grandes auditoras constituyen grupos de especialistas para los diferentes sectores de la economía. En los últimos años, según ejecutivos del sistema, las áreas que más han crecido son banca, servicios financieros y retail.
A principios de julio, el nuevo directorio de La Polar –que preside César Barros– encargó a PwC rehacer los estados financieros de 2010 de la firma. Pero las desconfianzas y amenazas de querellas mutuas hicieron que finalmente la firma fuera alejada del proceso y en su reemplazo entrara Ernst&Young, la misma que auditó La Polar hasta 2006. Hoy, según fuentes del retailer, las diferencias entre ambas partes son irreconciliables y ya todo está en manos de los tribunales. Según los documentos de la SVS, PwC, además de revisar la contabilidad de La Polar, le prestaba servicios adicionales. Durante 2010, PwC le otorgó servicios de auditoría y de capacitación por más de 100 millones de pesos. Ello ha reabierto el debate sobre la independencia del auditor ante la plana ejecutiva de la firma. ¿Cómo negarse a la solicitud de un gerente que contrata programas adicionales? Pero en el mercado dicen que el poder del contratante no es tal. “Las carteras están tan atomizadas que ningún cliente por sí solo puede causarle un daño patrimonial a una auditora si ésta se niega a aceptar alguna sugerencia”, se defienden.
En otros países, los auditores externos dependen directamente de los comités de auditoría; lo que, según comentan en el mercado, “concede mayor independencia de la gerencia”. En el caso de la Polar, los auditores internos se entendían con la gerencia de Administración y Finanzas, pero –al igual que en todas las sociedad anónimas– son elegidos por la junta de accionistas a recomendación del directorio.
El negocio se blinda
Según fuentes del mercado, la compañía no ha sufrido el impacto del escándalo. Para algunos, eso no implica que no vaya a perder clientes en el futuro. Todo dependerá de cómo evolucione el caso. No hay que olvidar que aún están pendientes la investigación del Ministerio Público y las posteriores demandas civiles y querellas criminales que puedan venir. “Nadie va a llamar a una junta extraordinaria para cambiar a la auditora a mitad del año”, advierten los expertos.
En la comisión investigadora de la Cámara de Diputados han sido más drásticos, planteando incluso la necesidad de suspender a PwC del registro de auditores. Y como consecuencia del escándalo de La Polar, un grupo de diputados –que incluye a Joaquín Godoy (RN), Osvaldo Andrade (PS) y Alejandra Sepúlveda (PRI)– presentó una moción que acota el desempeño de las auditoras y eleva las sanciones.
Socios de otras auditoras reconocen que se ha observado un cambio en las prioridades y hoy los controles financieros han tomado mayor relevancia, al igual que la documentación de respaldo el soporte –en papel o electrónico– que queda de los controles efectuados. El mayor riesgo, afirman, es que el manto de dudas caiga sobre la reputación del conjunto de las auditoras.
| Un mercado fiero |
| El año pasado, PwC facturó 70 millones de dólares. La empresa cuenta con una plantilla de 1.200 personas y 31 socios. Además de auditoría, sus servicios de consultoría y asesorías incluyen análisis fiscales, legales, gobierno corporativo, transacciones y recursos humanos, entre otros. Actualmente la firma audita a compañías de todos los sectores: Cencosud, AntarChile, Copec, CCU, CMPC y Lan, entre las firmas del IP SA. Pero, ¿cuánto vale una auditoría? Los precios varían en función del tipo de trabajo, el tiempo, los niveles de supervisión y la competencia. Según revelan en la industria, se trata de un mercado fierísimo. Desde 1986, el sector ha vivido un proceso de fusiones globales que ha reducido a los grandes actores de nueve a cuatro. Hoy las cuatro empresas más grandes del sector en Chile son Deloitte, PwC, KPMG y Ernst&Young. Las llamadas big four, grandes conocedoras del tejido empresarial chileno, se encargan de revisar las cuentas de cientos de compañías y su facturación conjunta, el año pasado, alcanzó a casi los 280 millones de dólares. A las big four les siguen otras compañías menores. La práctica de la industria es vender sus servicios por horas. El precio final de revisar las cuentas de las empresas depende del personal a cargo del proceso. Por una implantación normal dentro de una compañía, que incluya a tres analistas recién egresados, dos contadores con 3 a 5 años de experiencia, un contador con más de 5 años de entrenamiento, un jefe y un socio, la factura asciende a 1,4 UF la hora en promedio. Las grandes operaciones, por su parte, pueden duplicar esta cifra. |
| José Monsalve, presidente Instituto Auditores de Chile “Es conveniente dotar a los auditores externos de mayores facultades” |
 Aunque aclara que no efectuará una defensa corporativa del sector, el presidente del Instituto de Auditores, José Monsalve, sostiene que “como industria vamos a ser proactivos en proponer ciertos cambios”. Ejemplo: que mentir a un auditor sea castigado con cárcel y que el auditor pueda pedir información a terceros sin autorización de la empresa que revisa. El ex socio principal de Langton Clarke, y que representa a las 13 mayores auditoras del país, entre las que figura PwC, añade que sería “conveniente dotar a los auditores externos de mayores facultades”. A su juicio, el caso La Polar “sólo es posible imaginarlo en un contexto de colusión de la alta administración para lograr defraudar a mucha gente”, y señala que, por el mismo motivo, “PwC tendrá que demostrar que, aplicando todos los protocolos y procedimientos que establecen nuestras normas profesionales en el contexto una auditoría de estados financieros, no le fue posible detectar este fraude”. -Este caso afecta el prestigio de las auditoras en general. ¿Cómo está enfrentando la industria este tema? -Este tipo de casos sin duda afecta a la imagen. Mi impresión es que la comunidad de negocios es crítica con la profesión, porque asume que una auditoría es infalible en estos casos y por eso algunos piensan que el auditor sabía o miró para el lado y firmó abajo diciendo que los números eran razonables. Pero una auditoría provee seguridad razonable, aunque no absoluta, de que los balances están preparados de acuerdo a principios contables y libres de errores significativos. Por eso existen los otros órganos del gobierno corporativo; si no, no serían necesarios y bastaría con los auditores externos. -¿Qué posibilidades hay de que PwC pierda la licencia para operar? ¿Cómo afectaría ello a la industria? -Creo que cuando la ley le otorga una facultad de esa envergadura a un regulador, éste la debe usar con mucha prudencia y responsabilidad. Entendamos, primero, que suspender la licencia representa no una decisión preventiva sino punitiva, de máximo castigo a una conducta impropia, que a mi parecer no está probada a estas alturas y que sólo se conocerá después de terminado el debido proceso. Quitar la licencia generaría efectos irreversibles para esa firma y complejos problemas para el mercado de capitales. ¿Qué pasaría si, finalmente, se demuestra que PwC actuó cumpliendo las normas básicas de auditoría y fue una víctima más del engaño? Ahora, si resultare al final demostrable, mas allá de toda duda razonable, que la auditora fue parte de la maniobra engañosa (y permítame dudarlo, habiendo sido por años mi competidor más fuerte y conociendo al socio que firmó el dictamen), yo creo que quitarle la licencia sería en ese caso una medida válida, ya que estaríamos frente a hechos delictuales. Por otra parte, si se comprobare algún grado de responsabilidad por acción u omisión negligente, para ello existe un mecanismo de multas económicas. |
| Caso Enron: la caída de una de las grandes |
 En diciembre de 2001 la eléctrica estadounidense Enron pidió su quiebra destapando uno de los mayores escándalos financieros de la historia. El gigante de la energía falseaba su contabilidad, mostrando ganancias inexistentes y ocultando una deuda gigantesca. La auditora Arthur Andersen fue acusada de colaborar con el fraude al destruir documentos, lo que finalmente le costó su desaparición. En Chile, sus ejecutivos se unieron a su hasta entonces rival Ernst&Young en 2002. El caso Enron abrió la puerta a la desconfianza en los mercados y a estrictas regulaciones para evitar nuevos escándalos contables. En Estados Unidos se dictó la ley Sabarnes Oxley, que estableció serias limitaciones a las auditoras en la prestación de servicios adicionales y las obligó a aplicar mayores controles a las compañías que contratan sus servicios. En Chile se crearon los comités de auditoría en las sociedades anónimas y se obligó a identificar riesgos en forma temprana. Además, se intensificó el uso de muestreos y tecnología. En enero de 2010, la SVS estableció nuevas obligaciones de información continua, revisión de metodologías y verificación del cumplimiento de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS). Entre las principales modificaciones se encuentran la creación de un registro de empresas de auditoría, la obligación de rotación del socio que audita a los 5 años y restricciones para prestar simultáneamente servicios de auditoría externa e interna. |
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