La Polar fecha irregularidades al menos desde 2005 y revela mail que implica a ex ejecutivos

Querella pide que a los ex gerentes se les impida ocupar cargos en empresas por hasta 10 años.

Al menos, desde 2005 y sustentadas en un sistema que se fue perfeccionando con el paso de los años se realizaron las normalizaciones o repactaciones unilaterales de deudas morosas en La Polar. La empresa lo describe así en la querella que presentó el martes contra cuatro ex gerentes: Pablo Alcalde, quien también fue presidente de la firma, Nicolás Ramírez, María Isabel Farah y Julián Moreno. En la misma presentación, la firma revela un mail del 21 de abril de 2010, donde el abogado Luis Eduardo Toro, del estudio Barros y Errázuriz, hace alusión a una reunión que sostuvo con Ramírez, Moreno, Farah y otros, para discutir sobre una denuncia recibida por el Sernac de Copiapó por una repactación unilateral.

"En esta oportunidad enfrentamos a Julián y creo que por primera vez reconoció el problema y nos señaló que la política había cesado", dice el abogado en un correo enviado al gerente de asuntos legales de la firma, Andrés Escabini, tres días antes de que estallara el escándalo. La secuencia de correos que describe la querella demuestra, según la firma, "el pleno y cabal conocimiento" que tenían Ramírez, Moreno y Farah de las irregularidades.

La Polar acusa que la aplicación reiterada en el tiempo de las repactaciones unilaterales, "al no producir una disminución de las cuentas de activos por cobrar (como era debido), generó que los estados de resultados de la empresa lucieran ostensiblemente mejores y más robustos de lo que en realidad eran". Esto, a la vez, hacía posible informar mayores utilidades e impulsaba su valor en Bolsa.

La querella acusa que la "disimulación de la información de los estados de la empresa era incluida, con pleno conocimiento de los imputados, tanto en las comunicaciones que se remitían a los órganos reguladores, como en las que se publicaban abiertamente".

Por eso, afirma que sus ex gerentes habrían cometido infracciones reiteradas a la Ley de Mercado de Valores y la Ley General de Bancos. Por la misma razón, pide a la justicia no sólo que aplique el máximo de las penas previstas en la ley, sino también, que se les obligue a inhabilitarse por hasta 10 años para desempeñarse como gerentes o directores de sociedades. 

La querella plantea que "un posible móvil" de los ejecutivos acusados de "desfigurar el verdadero estado de los negocios" pudo estar en los mecanismos de incentivo establecidos por la firma.

Auditoría y operatoria

La querella plantea que en noviembre de 2010, la firma llegó a un acuerdo con el Sernac, que incluía la realización de una auditoría interna para determinar la existencia y alcance de las normalizaciones. Moreno, acusa la firma, fue muy reticente a realizar esta auditoría y finalmente, no se hizo. El incumplimiento impulsó al Sernac a presentar en junio la demanda que dejó al descubierto la crisis.

Según La Polar, las normalizaciones las realizaban los funcionarios de cobranza en el sistema interno, llamado Mencons. Allí, los operadores podían repactar sólo la morosidad o toda la deuda. En el primer caso, se utilizaba un plazo de hasta 18 cuotas y, en el segundo, de 36. Todo, sin informar a los clientes.

Así operó el modelo hasta 2009, cuando un sistema computacional, que habría diseñado el ex jefe de proyectos y análisis, Ismael Tapia (despedido de La Polar), empezó a hacer las normalizaciones de manera automatizada. Este software, agrega la querella, se habría dejado activado noches completas para repactar sin consulta la deuda de miles de clientes.

En la presentación, la compañía describe su historia, estructura accionaria, la forma en que organiza sus áreas de negocio y enumera a los profesionales que han ejercido como directores desde 2005 en adelante. La última parte de la querella de 57 páginas detalla las intervenciones de los ejecutivos acusados y de otros directores en las reuniones de directorio. 

Los ex gerentes

Pablo Alcalde
"Su cargo de gerente general le permitía mantener una estrecha vigilancia de la marcha de la sociedad, situación que luego se prolongó como presidente", dice la querella.
Nicolás Ramírez
"Tuvo acceso a toda la información de la compañía, conoció en detalle los procedimientos irregulares que se llevaban a cabo con la cartera de deudores", dice la acusación.
María Isabel Farah
"Su posición en la empresa era determinante para conocer y tener control en los manejos irregulares que distorsionaron el real estado de la cartera de pasivos", acusa la firma.
Julián Moreno
"(Su participación) en los hechos no sólo se deriva lógicamente de su posición en la empresa, sino que del control que ejercía sobre el área de cobranza", afirma La Polar.

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