“Nos deja conformes en cuanto la investigación y sus resultados” dijo sobre el acuerdo con María Luisa Solari y Marcel Zarour, acusados de revelación y uso de información privilegiada.
por: La Segunda
La fiscal especializada en delitos económicos, Ximena Chong, valoró hoy el acuerdo de suspensión alcanzado ayer por una de las principales accionistas de Falabella, María Luisa Solari y su pareja, Marcel Zarour, por “el delito consumado de revelación de información privilegiada” y “delito consumado de uso de información privilegiada”, respectivamente.
A diferencia de las millonarias multas cursadas en su oportunidad por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que fijó el pago en un 30% de la operación más un piso de 300 UF, además de la obligación de devolver el total de las utilidades obtenidas, (significó un total aproximado de más de $117 millones por parte de Zarour y de casi $ 21 millones para Solari), el acuerdo con la Fiscalía implicó en su parte gruesa que ambos deberán donar en conjunto $15 millones a una institución de caridad y que tendrán prohibido comprar acciones –en forma personal o a través de sus sociedades— por un año.
Según determinó la SVS, Zarour invirtió $149 millones —$125 por inversiones a través de dos sociedades y $23 a título personal— y obtuvo ganancias por UF 2.983, equivalentes a casi $63 millones.
En este caso, tampoco se les dio orden de firma mensual ni fijación de domicilio, como sí ocurrió con otros imputados por el caso: Vicente Aresti, Eugenio Eben, Alejandro Irarrázaval, Peter Studer, y Ana María Laguna.
Según dijo hoy la fiscal Chong, el acuerdo alcanzado “se trata de una posibilidad prevista en el ordenamiento jurídico, y que se dan en lo concreto, los presupuestos para que opere. Respecto de las condiciones, a nuestro entender, éstas deben significar un esfuerzo para quién se compromete a cumplirlas, y en este caso, se procuró además, vincularlas con los comportamientos reprochados, por lo que se les obligó (en el marco de la suspensión condicional), a abstenerse durante un año de comprar acciones”.
Al respecto, agregó Chong, “nos deja conformes en cuanto la investigación y sus resultados. Esta es una salida aceptada por los imputados debidamente asesorados”.
—¿Por qué las condiciones esta vez fueron distintas al acuerdo anterior con los otros 5 imputados? —La única condición distinta, impuesta en este caso y no en los otros es la de abstención de comprar acciones, la que se fijó, como ya indiqué como una condición más vinculada a los hechos.
—¿El acuerdo significa que los imputados no reconocen su culpabilidad?—La salida alternativa no es una sentencia. Nos asiste la convicción que durante la investigación reunimos antecedentes suficientes para sustentar la imputación, y es en conocimiento de tales antecedentes y con la asesoría de sus abogados, que los imputados aceptan someterse al cumplimiento de las referidas condiciones.
—¿Qué esfuerzo puede significar el pago de $15 millones en conjunto si al hacer las transacciones obtuvieron utilidades por cerca de $ 62 millones?—El monto se asoció en todos los casos a un equivalente al 10 % de lo invertido. Cabe mencionar que los delitos de la Ley de Mercado de Valores no llevan multas asociadas.
Ex Superintendente: “Aparentemente hay menos movimientos anómalos”
Consultado al respecto, el ex superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín —quien cursó las multas, en julio de 2008— señaló que “los acuerdos a los que pueda llegar el Ministerio Público con personas que hayan sido sancionadas por la SVS, no invalidan las sanciones administrativas aplicadas por ésta última”.
Y agregó que las multas sí han desincentivado conductas vinculadas a violaciones a la ley de valores. “Entiendo que la SVS continúa haciendo su trabajo en forma profesional como lo hacía antes y a pesar de ello lo que sabemos públicamente es que hoy hay aparentemente menos movimientos anómalos de precios a pesar de tener bastante actividad corporativa. Eso significa que los estándares de funcionamiento del mercado, de los intermediarios, de los emisores, de los inversionistas y de las bolsas han subido, en parte ello se debe a que la SVS desde hace años toma muy en serio su labor de hacer cumplir la ley”.
Por su parte, el abogado Alvaro Moraga, especializado en temas económicos y tributarios, criticó el acuerdo. “Resoluciones como éstas claramente van en un sentido contrario, y dan una señal delicada: el uso de información privilegiada no es algo grave. En lo que se conoce del acuerdo no hay ni proporcionalidad con los montos ni mucho menos se produce el efecto disuasivo que toda sanción debe traer aparejado. No se saca nada con tener un regulador que se preocupe más de limitar el desarrollo de los negocios colocando cada vez más obligaciones, si no tiene la capacidad de imponer sanciones ejemplares en caso de faltas”.
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