Cecilia Arroyo Aguilera
La Comisión Clasificadora de Riesgos (CCR) aún no toma una determinación y en la industria de pensiones y agentes ligados al negocio de fondos mutuos que abastecen al sector, la presión se acrecienta.
Ello, porque aún no hay luces respecto de cómo se aplicará la norma de clasificación de riesgo por país exigida a las inversiones de los Fondos de Pensiones en Irlanda, nación cuyo rating ya está por debajo de la exigencia local al respecto. Y hoy todo apunta a que seguiría bajando.
Si bien las administradoras de pensiones mantienen una inversión directa en el mercado irlandés de alrededor de US$ 300 millones, cifras de la Superintendencia de Pensiones reflejan que el monto se eleva a US$ 6.091 millones cuando se contabilizan los activos en fondos mutuos con registro o "domicilio" en Irlanda; es decir, portafolios que invierten en otros destinos pero que, aprovechando la exención tributaria del país europeo, están registrados en ese territorio.
A inicios de noviembre, Fitch Ratings rebajó la clasificación de riesgo a Irlanda a A+. Standard & Poor"s y Moody"s dieron al país notas superiores pero con perspectiva negativa. Mientras las autoridades chilenas se guían por la calificación vigente más baja.
En espera
Lo anterior ha desatado una ola de consultas desde las administradoras a los distribuidores de Fondos Mutuos locales respecto a los riesgos de mantener hoy activos en Irlanda y los países en los que se encuentran efectivamente las custodias. También generan inquietud las exigencias de clasificaciones de riesgo para inversiones vigentes en otros países que, de ser similares a las de Chile, podrían afectar la liquidez de las inversiones de las AFP en tales portafolios de generarse una desinversión masiva de activos.
En el mercado esperan que el tema sea zanjado a más tardar la próxima semana mediante una resolución de la CCR.
En tanto, fuentes cercanas al negocio previsional y de fondos mutuos afirman que los distribuidores de éstos ya se reunieron para enviar una carta conjunta a este regulador de inversiones locales, expresando su ánimo de entregar toda la información necesaria para acelerar la esperada respuesta.
Consultado al respecto, el secretario de la CCR, Raúl Arismendi, aclaró que de acuerdo al DL Nº 3.500 "en las consideraciones que tiene que tener la Comisión para tomar sus decisiones no están contemplados los efectos que puedan tener sus decisiones".
En tal sentido, agregó que "la CCR debe usar las prerrogativas legales que se le han asignado para tomar sus decisiones, totalmente independiente de cuál es el impacto que tendrán entre los afectados".\
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