La dura batalla entre el gobierno argentino de Cristina Fernández y el Grupo Clarín tomó un nuevo ribete ayer, cuando la presidenta cerró la unidad de servicios de Internet del grupo.
Las autoridades respaldaron la decisión diciendo que la fusión de Fibertel, la unidad de Internet, con Cablevisión era ilegal. El acuerdo se extiende desde 2003.
En un comunicado, Cablevisión acusó al gobierno de actuar de forma "totalitaria". "Este es un nuevo y serio capítulo en medio de la creciente serie de ataques totalitarios del gobierno contra empresas que son propiedad del Grupo Clarín", aseguró.
La empresa acusó además al gobierno de favorecer la penetración de las empresas telefónicas en el negocio de Internet. "El gobierno pretende anular la competencia en la prestación del servicio de Internet, favoreciendo sospechosamente a las compañías telefónicas de capitales extranjeros que ostentan un claro monopolio, en desmedro de una compañía nacional", increpó.
La respuesta de la administración Fernández no se hizo esperar. "Fibertel ya no existe más debido a su propia decisión", aseveró el ministro de Planificación, Julio de Vido, en una conferencia de prensa en Buenos Aires. "Ellos anunciaron una fusión que nunca fue aprobada", agregó.
De acuerdo a lo informado por las autoridades, las operaciones de la firma cerrarán dentro de 90 días. Los clientes de Fibertel están libres para encontrar otros proveedores de servicios.
Mutuas acusaciones
Este es el último eslabón de una larga serie de peleas entre el gobierno y el mayor grupo de medios del país, que se desató en 2008 en medio de una extensa crisis política provocada por una revuelta fiscal del poderoso sector agrícola.
Cerca de un 63% de las ventas del Grupo Clarín, que sumaron 1.870 millones de pesos (US$ 470 millones) en el segundo trimestre, provienen de sus servicios de cable e Internet, según el informe de ganancias de la firma.
Según información de la propia compañía, Fibertel es el líder en el mercado de acceso a Internet de alta velocidad en Argentina, con 1,055 millones de clientes residenciales y empresariales en 45 ciudades del país.
Pese a ello, el analista de la firma Allaria Ledesma, Guido Bizzozero, descartó un gran impacto económico. "Es una medida para molestar, pero toda traba daña. Daña la imagen de Clarín, pero en principio, el resultado económico será poco dañado", afirmó a Reuters. Las acciones de Clarín cayeron 5,75% en la bolsa de Buenos Aires.
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