En perjuicio del erario de miles de familias que adquieren viviendas sobrevaluadas y mal construidas, Laura Itzel Castillo, diputada del Partido del Trabajo (PT) reveló en la tribuna de la Cámara de Diputados un "megafraude" con créditos hipotecarios que se ha cometido durante varios años.
La legisladora petísta demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) se decida a investigar a los funcionarios del sector por su probable colusión en el fraude denunciado desde 2009 ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros.
Castillo, indicó que los afectados se aglutinan en los estados de Baja California, Estado de México (Edomex), Distrito Federal (DF), Jalisco, Nuevo León y Sinaloa.
Adicional a esto, la diputada del PT confirmó la existencia de "listas negras de valuadores y controladores" que en perjuicio de los adquirientes inflan los precios de las viviendas, afirmando que la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), es quien permite que se lleven a cabo estas prácticas de carácter ilegal.
En un estudio que Castillo entregó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, figura el mecanismo de la defraudación con créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como en el sector comercial.
Dicho estudio fue elaborado con el banco de datos de la SHF con el título de "Modelo de detección de fraude por sobrevaluación del calor de la vivienda", cuya investigación arroja 23% de los créditos con el carácter de "sospechosos".
Sin embargo, es importante señalar que el estudio que da cuenta de la existencia de listas negras de defraudadores en el sector vivienda esta fechado el 22 de enero de 2008, pero la legisladora de extracción petísta apuntó, que pese a esto la SHF omitió aplicar las disposiciones legales que le competen.
Explicando al pleno que "hay seis empresas constructoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores: Urbi, GEO, ARA, Sare, Homex y Hogar, que en 2005 registraron ventas por casi 12,000 millones de pesos" y que la SHF es "la banca de las empresas constructoras de vivienda y de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), que extienden créditos directos a los adquirientes de una vivienda".
En ese sentido, Castillo ahondó en que "la SFH ha destinado fondos para que las Sofoles adquieran viviendas a las empresas constructoras, que han edificado materiales de mala calidad".
Argumentando que "en una acción concertada entre los desarrolladores e intermediarios financieros, han sobrevaluado las viviendas, en perjuicio de miles de familias, y con ello se defrauda y se condena a la gente a pagar créditos caros y en períodos largos, que van de 20 años a 30 años".
"Estos actos de corrupción son avalados por la SHF, que autoriza los avalúos para el financiamiento de las viviendas. Por ejemplo, es común que los avaluós señalen que las tuberías de agua potable son de cobre, cuando en realidad son de la resina plástica PVC", señaló la diputada.
Finalmente, Castillo demandó al pleno que el titular de la SHF sea citado en San Lázaro para que explique su actuación irregular, toda vez que "la acción concertada para la sobrevaluación de las viviendas, realizada por las constructoras y las Sofoles es del conocimiento de la SHF". (El Semanario Agencia, ESA)
http://www.elsemanario.com.mx
La legisladora petísta demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) se decida a investigar a los funcionarios del sector por su probable colusión en el fraude denunciado desde 2009 ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros.
Castillo, indicó que los afectados se aglutinan en los estados de Baja California, Estado de México (Edomex), Distrito Federal (DF), Jalisco, Nuevo León y Sinaloa.
Adicional a esto, la diputada del PT confirmó la existencia de "listas negras de valuadores y controladores" que en perjuicio de los adquirientes inflan los precios de las viviendas, afirmando que la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), es quien permite que se lleven a cabo estas prácticas de carácter ilegal.
En un estudio que Castillo entregó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, figura el mecanismo de la defraudación con créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como en el sector comercial.
Dicho estudio fue elaborado con el banco de datos de la SHF con el título de "Modelo de detección de fraude por sobrevaluación del calor de la vivienda", cuya investigación arroja 23% de los créditos con el carácter de "sospechosos".
Sin embargo, es importante señalar que el estudio que da cuenta de la existencia de listas negras de defraudadores en el sector vivienda esta fechado el 22 de enero de 2008, pero la legisladora de extracción petísta apuntó, que pese a esto la SHF omitió aplicar las disposiciones legales que le competen.
Explicando al pleno que "hay seis empresas constructoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores: Urbi, GEO, ARA, Sare, Homex y Hogar, que en 2005 registraron ventas por casi 12,000 millones de pesos" y que la SHF es "la banca de las empresas constructoras de vivienda y de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), que extienden créditos directos a los adquirientes de una vivienda".
En ese sentido, Castillo ahondó en que "la SFH ha destinado fondos para que las Sofoles adquieran viviendas a las empresas constructoras, que han edificado materiales de mala calidad".
Argumentando que "en una acción concertada entre los desarrolladores e intermediarios financieros, han sobrevaluado las viviendas, en perjuicio de miles de familias, y con ello se defrauda y se condena a la gente a pagar créditos caros y en períodos largos, que van de 20 años a 30 años".
"Estos actos de corrupción son avalados por la SHF, que autoriza los avalúos para el financiamiento de las viviendas. Por ejemplo, es común que los avaluós señalen que las tuberías de agua potable son de cobre, cuando en realidad son de la resina plástica PVC", señaló la diputada.
Finalmente, Castillo demandó al pleno que el titular de la SHF sea citado en San Lázaro para que explique su actuación irregular, toda vez que "la acción concertada para la sobrevaluación de las viviendas, realizada por las constructoras y las Sofoles es del conocimiento de la SHF". (El Semanario Agencia, ESA)
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