La Cámara Federal penal porteña resolvió remitir al juzgado federal de Río Gallegos para que se investigue allí una denuncia contra el ex presidente Néstor Kirchner por presunto delito en la adquisición y venta de terrenos en la villa turística santacruceña de El Calafate.
El argumento es que ya existe una causa muy parecida en ese tribunal. Ni la denuncia hecha en Capital Federal ni la causa existente en el juzgado federal de Río Gallegos eran conocidas públicamente. También existe otra investigación en El Calafate, en manos de la sobrina fiscal del ex presidente, Natalia Mercado, pero en jurisdicción de la justicia provincial y no federal.
En un fallo firmado el viernes pasado, los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani resolvieron un conflicto de competencia entre el juez federal porteño Norberto Oyarbide y la jueza subrogante en el juzgado federal de Río Gallegos, Ana Alvarez.
Oyarbide resultó sorteado para intervenir en la denuncia formulada por Edgardo Carranza, representante de la empresa Contreras y Asociados. La denuncia es de 2008. Carranza dijo haber "accedido a determinada información" tras diversas gestiones realizadas en el Ministerio de Planificación y la Fuerza Aérea por un proyecto de urbanización del predio del viejo aeródromo de El Calafate.
Esa información, de acuerdo con el denunciante, "permitía sospechar que el por entonces presidente de la República, Néstor Kirchner, había cedido ilegítimamente los terrenos fiscales de El Calafate al intendente de la localidad, con la finalidad de luego apoderarse de los mejores lotes en beneficio propio", según reseñó la Cámara Federal porteña en su resolución.
Oyarbide se deshizo de la causa con el argumento de que los terrenos del viejo aeródromo calafateño no son nacionales sino propiedad de la provincia. Además, dijo que si allí había ocurrido el delito, allí debía ser investigado.
Sin embargo, al llegar el expediente a Río Gallegos, la fiscalía federal de esa ciudad sostuvo que debía anexarse a otra causa ya existente allí por el mismo tema. Pero su criterio no fue compartido por la jueza Alvarez, quien devolvió a Oyarbide la denuncia de Carranza por una cuestión territorial y porque las causas no eran exactamente iguales. Así, la Cámara Federal porteña debió resolver el conflicto de competencia.
En ese marco, los camaristas porteños constataron que en la causa de Río Gallegos se investiga "la venta que habría realizado el ex presidente de la Nación Néstor Kirchner de un terreno ubicado en las cercanías del viejo aeropuerto de El Calafate a una persona de nombre Horst Paulmann", según consta en la documentación remitida desde el juzgado federal de Río Gallegos a la Cámara Federal porteña.
Paulmann es el dueño de Cencosud, la firma chilena propietaria de la cadena de supermercados Jumbo y Vea que adquirió a Kirchner 15 mil metros cuadrados en la zona del viejo aeródromo calafateño. El ex presidente había comprado ese terreno a valor fiscal ($ 7,5 el metro cuadrado) y luego lo vendió a precio de mercado (unos $ 120 el metro cuadrado). La diferencia a su favor sería de 1,8 millón de dólares. En medios chilenos directivos de la firma dijeron haber pagado 2,4 millones de dólares.
El ex presidente incluyó la venta de ese terreno en la declaración jurada presentada por su esposa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el año pasado y correspondiente al período 2008. Allí se declaró un ingreso de unos 6 millones de pesos.
"Resulta claro que la maniobra objeto de la causa fue ejecutada en la circunscripción judicial de Santa Cruz", dijeron los camaristas federales porteños al resolver que sea el juzgado federal de Río Gallegos quien investigue el asunto. Además, para ellos hay "conexidad" con la causa allí existente.
http://www.clarin.com
El argumento es que ya existe una causa muy parecida en ese tribunal. Ni la denuncia hecha en Capital Federal ni la causa existente en el juzgado federal de Río Gallegos eran conocidas públicamente. También existe otra investigación en El Calafate, en manos de la sobrina fiscal del ex presidente, Natalia Mercado, pero en jurisdicción de la justicia provincial y no federal.
En un fallo firmado el viernes pasado, los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani resolvieron un conflicto de competencia entre el juez federal porteño Norberto Oyarbide y la jueza subrogante en el juzgado federal de Río Gallegos, Ana Alvarez.
Oyarbide resultó sorteado para intervenir en la denuncia formulada por Edgardo Carranza, representante de la empresa Contreras y Asociados. La denuncia es de 2008. Carranza dijo haber "accedido a determinada información" tras diversas gestiones realizadas en el Ministerio de Planificación y la Fuerza Aérea por un proyecto de urbanización del predio del viejo aeródromo de El Calafate.
Esa información, de acuerdo con el denunciante, "permitía sospechar que el por entonces presidente de la República, Néstor Kirchner, había cedido ilegítimamente los terrenos fiscales de El Calafate al intendente de la localidad, con la finalidad de luego apoderarse de los mejores lotes en beneficio propio", según reseñó la Cámara Federal porteña en su resolución.
Oyarbide se deshizo de la causa con el argumento de que los terrenos del viejo aeródromo calafateño no son nacionales sino propiedad de la provincia. Además, dijo que si allí había ocurrido el delito, allí debía ser investigado.
Sin embargo, al llegar el expediente a Río Gallegos, la fiscalía federal de esa ciudad sostuvo que debía anexarse a otra causa ya existente allí por el mismo tema. Pero su criterio no fue compartido por la jueza Alvarez, quien devolvió a Oyarbide la denuncia de Carranza por una cuestión territorial y porque las causas no eran exactamente iguales. Así, la Cámara Federal porteña debió resolver el conflicto de competencia.
En ese marco, los camaristas porteños constataron que en la causa de Río Gallegos se investiga "la venta que habría realizado el ex presidente de la Nación Néstor Kirchner de un terreno ubicado en las cercanías del viejo aeropuerto de El Calafate a una persona de nombre Horst Paulmann", según consta en la documentación remitida desde el juzgado federal de Río Gallegos a la Cámara Federal porteña.
Paulmann es el dueño de Cencosud, la firma chilena propietaria de la cadena de supermercados Jumbo y Vea que adquirió a Kirchner 15 mil metros cuadrados en la zona del viejo aeródromo calafateño. El ex presidente había comprado ese terreno a valor fiscal ($ 7,5 el metro cuadrado) y luego lo vendió a precio de mercado (unos $ 120 el metro cuadrado). La diferencia a su favor sería de 1,8 millón de dólares. En medios chilenos directivos de la firma dijeron haber pagado 2,4 millones de dólares.
El ex presidente incluyó la venta de ese terreno en la declaración jurada presentada por su esposa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el año pasado y correspondiente al período 2008. Allí se declaró un ingreso de unos 6 millones de pesos.
"Resulta claro que la maniobra objeto de la causa fue ejecutada en la circunscripción judicial de Santa Cruz", dijeron los camaristas federales porteños al resolver que sea el juzgado federal de Río Gallegos quien investigue el asunto. Además, para ellos hay "conexidad" con la causa allí existente.
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