Preocupados están en el sector inmobiliario por las barreras y burocracia a la que se han visto expuestos importantes proyectos inmobiliarios ubicados en la Región Metropolitana, que suman más de US$ 4.000 millones.
Y es que las dificultades que afectan a los tres Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) de Pudahuel, ligados a los grupos Hurtado Vicuña, Enersis y Santa Cruz, que representan US$ 3.500 millones y, además, la Zoduc Lo Etchevers, de US$ 700 millones en Lampa, encendieron las luces de alerta en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).
El presidente de la CChC, Lorenzo Constans, valoró el modelo de los PDUC como mecanismo de desarrollo de la ciudad y las exigencias ligadas a estos, pero lamentó que los desarrollos de Pudahuel “lleven más de siete años tramitándose. Eso desanima y desgasta”.
Añadió que “si hay alguna situación de demora, lo que hace es postergar el reinicio de la actividad con ímpetu y afecta el empleo”.
El director ejecutivo de la ADI, Vicente Domínguez, cuestionó el sistema de tramitación de proyectos y afirmó que hay autoridades estatales que se contradicen en sus decisiones”, lo que produce costos adicionales en las inversiones, no sólo por la paralización a la que se ven expuestas, sino porque, a la vez, los privados deben realizar innumerables estudios.
Constans y Domínguez coinciden en que las externalidades deben ser enfrentadas por los titulares de las iniciativas, pero ponen el acento en que los cobros de las mitigaciones viales o urbanísticas deben ser aplicados con criterios objetivos.
Dardos contra Agricultura Vicente Domínguez sostuvo que son constantes en el sector los “gallitos” con entidades como el Servicio Agrícola Ganadero, cuando hay proyectos en zonas de cierta trascendencia agrícola.
Con relación al caso puntual de Lo Etchevers, el presidente de la ADI sostuvo que “el Ministerio de Agricultura no quiere que la ciudad se expanda hacia ese sector.
Estoy en desacuerdo con esa visión, porque basta con ir a la zona para darse cuenta que la agricultura ahí ha perdido toda relevancia”.Lorenzo Constans señaló que al momento de hacer los análisis “hay subjetividad del parte del Ministerio de Agricultura. Este siempre va a estar defendiendo terrenos, pero no significa que ellos sean los mejores (para cultivos) o su decisión sea buena”.
El titular de la CChC recordó que en Maipú muchos terrenos eran para cultivos, pero que ello luego tuvo que cambiarse.En la ADI indicaron que cuando salga la ampliación del Plano Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), los PDUC podrían enfrentar más restricciones, pues se privilegiará el desarrollo inmobiliario en las 10.000 hectáreas de la ampliación del PRMS.
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