La preocupación del gobierno argentino por la persistente salida de capitales es comprensible. Pero en lugar de atacar la causa de fondo, que es la creciente desconfianza sobre el rumbo de la economía desde la estatización de los fondos de pensiones, el gobierno de Cristina Fernández apelará otra vez a una medida de fuerza.
El ente recaudador de impuestos, AFIP, y el banco central, pondrán en marcha un nuevo control que obligará a los operadores del mercado cambiario a justificar ingresos al comprar dólares. Con esta medida procuran reducir la fuga de capitales, que habría alcanzado US$ 10.000 millones en el primer semestre y acumula US$ 37.000 millones desde el inicio de la crisis, pero también afectarán el precio del dólar paralelo, y generarán más ruido en el mercado financiero.
La medida, que entraría en vigencia en los próximos meses, apunta a que cada comprador presente su clave fiscal para realizar una operación, con lo cual el ente recaudador podrá evaluar si el importe de la operación es compatible con su situación fiscal y económica.“Si la AFIP debe autorizar cada operación, puede frenar en algo el drenaje de US$ 100 millones diarios, pero los compradores terminarán comprando en el mercado paralelo”, dijo un operador a El Cronista.
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