En los últimos 20 años, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y en forma más reciente, la masificación de Internet ha terminado por consolidar la llamada Aldea Global. Los alcances insospechados de esta verdadera revolución mundial, plantea día a día nuevos desafíos, tanto para las empresas y personas, como para los Estados, y todos aquellos que están directa o indirectamente involucrados en el desarrollo de las políticas públicas.
Este fenómeno ha permitido, en parte, que las empresas y el Estado sean más eficientes en su gestión y que las personas accedan a servicios de mejor calidad, con mayor oportunidad y menores costos.
Durante mucho tiempo se habló de la nueva y la vieja economía, como una forma de describir el cambio que se estaba gestando. En la actualidad, parece más evidente que la economía, si bien es una sola, es dinámica , y por lo tanto está sujeta a procesos de transformación, como éste que venimos observando en los últimos años.
Este nuevo escenario ha permitido globalizar la economía mundial, derribando importantes barreras entre los países y fortaleciendo su interacción, produciendo oportunidades y amenazas a empresas y personas. Las empresas han quedado permeables a una nueva y más agresiva competencia y han debido avanzar hacia una oferta de productos y servicios más sofisticada, en la disputa por atraer y retener a consumidores, que también se han vuelto globales y exigentes.
El marketing ha evolucionado hacia un concepto ONE to ONE, que busca llegar con productos y servicios específicos para cada consumidor. A diferencia del modelo que primó en la era industrial hoy, gracias a las TIC, las empresas son capaces de recopilar y procesar información suficiente y en tiempo real sobre sus consumidores, lo que ha permitido segmentar aún más la oferta de productos y desarrollar sofisticados servicios de pre y post venta.
Los innegables beneficios que el flujo cada vez más amplio, inmediato y completo de información trae a la economía en su conjunto también suponen importantes desafíos respecto de su tratamiento para fines comerciales, particularmente en lo relativo a la privacidad de las personas, derecho consagrado en la Constitución Política de la República.
Estamos sin duda ante una limitante crucial que los legisladores y el propio Estado deben considerar si deciden impulsar políticas públicas que de algún modo afecten garantías constitucionales tan centrales.
Cuando hablamos de flujos de información y privacidad, debemos tener presente que existen muchos tipos de información y formas de utilizarla. Esto plantea la necesidad de analizar esta problemática con una óptica más vertical cuando se estudian nuevas regulaciones, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora con la ley 19.628, que entrega una mirada muy general y horizontal sobre esta materia.
La naturaleza eminentemente distinta de la información hace necesario generar modelos regulatorios para cada categoría, lo que evidentemente le agrega una importante cuota de complejidad al análisis.
Existen al menos dos grandes clasificaciones de datos: los sensibles y los no sensibles. Los primeros se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. Por otra parte, se encuentra aquellos datos más vinculados a los temas de la actividad económica y comercial. Sobre estos últimos, además, es importante hacer distinción entre aquellos relativos a personas naturales y a personas jurídicas.
Con el propósito de focalizar el aporte de este trabajo, que pretende entregar una visión desde la experiencia del funcionamiento de los mercados, en lo que sigue se discutirá una aproximación práctica sobre el tratamiento de datos y los sistemas de información comercial en el contexto de la reciente discusión pública, motivada por el interés del Ministerio de Hacienda de impulsar una gran reingeniería al sistema de información comercial crediticia en Chile.
Los datos personales en el comercio
Antes de teorizar respecto del uso de la información, es necesario definir lo que se entiende por datos personales. Una de las definiciones más acertadas es la que aporta Ana Garriga, quien señala que “entendemos por protección de datos personales el estatuto jurídico destinado a definir las condiciones sobre las cuales terceros podrán hacer uso de datos que conciernen a una persona. Ello principalmente porque un mal uso de dichos datos puede afectar su entorno personal, social o profesional desde las esferas más públicas de su persona y hasta los límites de su intimidad. De esta definición, resulta necesario clarificar que la protección de datos no persigue abstraer del conocimiento público la información de una persona, sino dotarla de los medios necesarios para controlar quién, cómo, dónde y con qué motivo conoce cualquier información acerca de su persona, sea esta calificable como íntima o no, pública o secreta”2.
Teniendo esta definición como referencia, a continuación podemos abordar la materia que nos convoca, que es el uso de la información en el comercio.
Desde hace mucho años que se viene observando un creciente interés por parte de algunos sectores del poder legislativo por influir en el mercado de la información. Algunos, con la preocupación desde la óptica de la invasión a la vida privada de las personas naturales y otros desde el ángulo del perfeccionamiento de los mercados crediticios. Esta discusión no solo está teniendo lugar en Chile sino que en varios países.
Este proceso ha arrojado hasta ahora dos conclusiones básicas: a) es un gran tema a debatir y requiere de un amplio espacio de análisis que considere la experiencia internacional y la realidad cultural propia de cada país; y b) no es posible detectar una tendencia clara que permita establecer estándares internacionales replicables, sobretodo cuando se quiere impulsar cambios por la vía compulsiva. Ello, dado que por esa vía se afectan innumerables derechos adquiridos tanto de las personas como de los distintos agentes económicos.
Cuando hablamos de información no existe claridad respecto a qué tipo de información nos estamos refiriendo. Hasta ahora se habla, a modo de simplificar la discusión, de la información negativa y la positiva.
Quizás la más fácil de entender sea la negativa, ya que se refiere a toda la información relacionada a protestos de letras, cheques y pagarés y cuotas morosas impagas que tienen las personas naturales y jurídicas con el sistema financiero y comercial en su conjunto. Básicamente, toda la información que circula en la industria a través de los diferentes boletines comerciales y burós de crédito.
La información negativa está bastante acotada y se justifica por sí sola por el hecho de que su promoción sin el consentimiento del titular tiene por objetivo ayudar a prevenir al mercado respecto de aquellas personas que por diversas razones tienen conductas comerciales desordenadas.
Por el otro lado, la información positiva, se refiere a un concepto bastante amplio que ha sido objeto de abundante teorización por parte de gran número de economistas a nivel mundial. En esta línea y dentro del discurso global, se plantean diferentes alternativas para incluirla como información abierta para la industria del crédito. Algunos hablan de dar a conocer el comportamiento de pago que una persona ha tenido históricamente, otros hablan de la sumatoria de toda la deuda vigente que no ha vencido en el sistema, y otros incluyen ambas cosas, obteniendo como resultado una falta de estandarización tanto en el concepto como en la discusión académica y política a la que éste da lugar.
Antes de profundizar en este tema, primero revisaré las principales características del sistema de información vigente en el segmento del comercio.
Hay que distinguir varios tipos de información comercial en este ámbito. En primer lugar, se encuentra la información sobre cheques, pagarés y letras protestadas, la que debe ser obligatoriamente entregada al Boletín de Información Comercial (BIC), el cual actúa como centralizador del sistema. Esta información es pública y su tratamiento se encuentra regulado por el Decreto 950 y por la Ley 19628 de protección de la vida privada.
En segundo lugar, la información negativa que se genera directamente en el sistema de casas comerciales, es decir, las cuotas morosas de créditos y tarjetas de crédito, se encuentra sujeta a un modelo voluntario de envío por parte de los acreedores, también regulado por los dos cuerpos legales mencionados. En la práctica, las empresas del sector envían al BIC la morosidad de sus carteras, lo que permite al ente centralizador procesar y distribuir esta información entre los burós de crédito, los que a su vez la ponen a disposición de los interesados.
De la misma forma, en el sector bancario existe un sistema que agrupa la información sobre morosidad de cuotas de crédito bancarias, información que es enviada por los bancos a SINACOFI (buró de crédito dedicado al procesamiento de datos, perteneciente a la ABIF, Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, pero que entrega servicios de información casi en exclusiva a sus asociados). SINACOFI a su vez distribuye esta información de forma consolidada a sus socios, y también la comercializa al resto de los burós de crédito, de manera individual (rut a rut), al igual que el sistema utilizado por el BIC respecto de la morosidad del comercio.
Finalmente, existe un sistema similar a los dos anteriores denominado Sicom, que en general reúne información de morosidad proveniente de comercio de menor tamaño y otras fuentes voluntarias, y que es procesado por la empresa Equifax.
En el caso de la información positiva, es decir, la información sobre endeudamiento vigente (tipo de deuda, plazo, monto, etc.),los bancos e instituciones financieras reguladas por la SBIF (incluyendo los tres bancos pertenecientes a los conglomerados dueños de las casas comerciales), deben entregar obligatoriamente la información sobre endeudamiento de sus clientes a dicha institución, entidad que consolida para cada persona individualmente. Luego de este proceso , la SBIF la devuelve a SINACOFI, para la posterior consulta de sus asociados, quienes deben consultar obligatoriamente estos registros de deuda para evaluar las solicitudes de crédito.
La ley prohíbe a instituciones no reguladas por la SBIF consultar u obtener la información positiva del endeudamiento del sector financiero, por lo que el sector comercio no tiene acceso a ella. Las casas comerciales sólo deben entregar información agregada sobre sus clientes ,la cual es utilizada por la SBIF para monitorear el mercado.
Por consiguiente, los datos sobre endeudamiento que consultan las entidades supervisadas por la SBIF no incluyen la deuda de las personas en las grandes casas comerciales, como tampoco incluye deudas del comercio menor, cadenas regionales o de cualquier otra institución no supervisada por la SBIF, tales como créditos automotrices, cajas de compensación, factoring ,compañías de seguro, etc.
El creciente interés de los bancos por disponer de esta información, validado por el dogmatismo académico de algunos economistas, mantiene abierto el debate respecto de la pertinencia de exigir a los actores no financieros la entrega de su información sobre deudas vigentes para consolidarla a nivel individual (para cada deudor) con la información del sistema financiero.
A nivel internacional, este tema ha convocado un sinnúmero de foros internacionales, en los que se discute si es conveniente o no consolidar la información positiva y negativa. Este tipo de foros se encuentran en plena discusión, por lo que todavía no existe consenso respecto de la conveniencia de consolidar o no la información.
Esta apreciación es sumamente relevante para nuestro país, ya que algunos sectores asumen la necesidad de consolidar la información con un convencimiento casi ortodoxo, que parte de premisas inexactas, respecto de la realidad del funcionamiento de los mercados de los créditos de consumo en cada país en particular. Chile es un caso especial.
En el caso de Brasil, por ejemplo, la información no está consolidada. Es más, es interesante preguntarse por qué la economía más grande de Latinoamérica ha optado por esta línea y no la contraria, como se plantea en nuestro país .
Adicionalmente, no se pueden dejar de lado las otras variables asociadas a la discusión de una política pública de esta naturaleza. Es indudable que cualquier modificación al modelo existente, repercute en el mercado, por lo que lo primero que debe hacerse, es definir cuál es la falencia que se quiere resolver.
En nuestro país, se ha escuchado a algunos expertos y políticos, que con la consolidación de la deuda positiva, debiera mejorar el acceso al crédito, el colateral reputacional de las personas, incrementar la competencia y bajar el costo del crédito, como una buena noticia para los consumidores.
Hay quienes ven esto desde una óptica de competencia y plantean eliminar asimetrías competitivas y por último, aquellos que esperan obtener un avance en la calidad de la industria de los informes comerciales.
Por lo tanto, es legítimo reflexionar y preguntarse, cuál es el real problema que los responsables de políticas públicas buscan resolver con esta discusión. Ello, porque respecto del acceso al crédito de consumo las estadísticas del mercado nos permiten visualizar una curva con gran pendiente de crecimiento, gracias a la fuerte competencia en la industria del crédito nacional. Aquí hay actores relevantes como la banca, las casas comerciales, las cajas de compensación, las cooperativas de ahorro y préstamo, compañías de seguro, empresas de créditos comerciales como los créditos automotrices y un sinnúmero de pequeños comercios en todo Chile que han generado de alguna manera una gran oferta y competencia por los créditos de consumo. Por eso, es difícil creer que toda esta transformación al sistema se esté provocando para ofrecer acceso al crédito a 300 mil personas que, a la fecha, estarían fuera del mercado bancario3. ¿Está la autoridad dispuesta a asumir los enormes costos de modificar un sistema sustentado sobre bases sólidas, maduro y, lo más importante, que funciona en forma eficiente, sólo por dar acceso al crédito a un segmento tan pequeño?
Más que generar una respuesta a esta interrogante, cabe agregar otra pregunta: ¿por qué esos 300 mil chilenos no tienen acceso al crédito pese a las múltiples opciones que provee el mercado? La respuesta pareciera ser bastante obvia, pero irónicamente no lo es para algunos, que no indagan las causas en las condiciones de la economía o en la distribución del ingreso. Para ellos, es mucho más acertado encontrar la falla en la falta de acceso a la información comercial positiva.
Resulta, al menos cuestionable, que la banca incorpore al crédito a segmentos que tradicionalmente descuidó, sólo por el argumento de disponer de información positiva del comercio. Esos segmentos, no están bancarizados, porque sus niveles de riesgo no son compatibles con el negocio bancario.
Otra de las argumentaciones, para levantar la necesidad de consolidar la información, es el llamado sobreendeudamiento de la población.
En el retail, la estrategia comercial se denomina de “siembra”, modalidad caracterizada por la entrega de pequeños créditos con poca información, los que, con el paso del tiempo y en vista del comportamiento comercial de la persona, se van ampliando en forma gradual. Por el otro lado, la banca aplica el sistema de “copamiento”, que no es otra cosa que entregar en un solo acto, la máxima capacidad de crédito, incluyendo tarjetas, líneas de crédito y otros instrumentos financieros.
En este escenario, el resultado más probable de un modelo en que los bancos obtienen información sobre potenciales deudores actualmente servidos por el comercio, es que estas instituciones intentarán colocar la mayor cantidad de créditos en dichos deudores, acentuando, y no disminuyendo, la deuda en el sistema.
Finalmente, es importante destacar que los estudios que manejan las propias autoridades económicas, dan cuenta a nivel global de dos importantes tendencias: aumento en el endeudamiento de los hogares chilenos en relación al PIB y las holguras de estos hogares para adquirir más endeudamiento en relación a los índices que manejan las economías más desarrolladas a las cuales Chile desea emular.
Asimetrías competitivas
Otra de las argumentaciones que la banca ha planteado como fundamental para insistir en la consolidación de la información, es que actualmente, al no contar con toda la información disponible, las instituciones financieras no pueden evaluar correctamente a sus clientes, generando con ello las llamadas asimetrías competitivas.
Cuando hablamos de la información negativa en Chile, estamos hablando de una fuente que fluye en los mercados como el agua: abierta, clara y transparente.4
Respecto de la deuda vigente, los bancos tienen un circuito propio que opera dentro de la banca, bajo el concepto del secreto bancario. En este, los actores del mercado comparten información al alero de una ley que los protege (y los obliga). Esto fue impulsado por la autoridad y lo exigible considerando que los bancos captan dinero del público y que el Estado da garantía a los depósitos. Esta medida, de alguna manera surge como contrapartida por el comentado riesgo sistémico.
Por otra parte los datos de los clientes deambulan en el sistema al cambiarse los clientes periódicamente de banco o al producirse fusiones. Por ello es válido suponer que hoy en día los bancos han acumulado una gran cantidad de información. De hecho, los grandes agentes crediticios como la banca y el comercio, utilizan sofisticadas tecnologías de evaluación y seguimiento, bajo el concepto de “Business Inteligence” capaces de procesar todo este cúmulo de información. Estos sistemas utilizando tecnología complementaria son capaces incluso de geo-referenciar a los consumidores, lo que en definitiva, permite contactar potenciales clientes de forma mucho más precisa.
En vista de la tecnología de punta con que se cuenta a la hora de recopilar y administrar información de clientes, que redunda en un sofisticado sistema de credit scoring, surge la legítima duda de si los bancos, si incorporan la información que falta proveniente del comercio, podrán mejorar sustancialmente sus sistemas de evaluación como para llegar a los 300 mil clientes que ya hemos comentado anteriormente (o más aún, a un segmento más significativo de la población). A todo o anterior se debe agregar toda la información positiva y patrimonial que los clientes debemos entregar bajo juramento al momento de tramitar un crédito de consumo.
Pese a lo anterior, parece razonable pensar que la banca tenga interés en abordar segmentos socioeconómicos que en la práctica (gracias a su relación con el comercio) han demostrado ser menos riesgosos, en busca de mejor rentabilidad. Estos segmentos que históricamente fueron desatendidos por la banca fueron acogidos por las casas comerciales, a riesgo y costo individual, asumiendo años de pérdidas y morosidades en un proceso formativo que hoy sí interesa conocer. Hoy, el cliente C3-D es considerado buen pagador, tiene asegurado un acceso permanente a bienes y servicios que hace algunos años parecían inalcanzables, y ha mejorado notoriamente su calidad de vida.
Con el propósito de aportar al debate sobre la bancarización de sectores postergados, resulta importante preguntarse ¿Cuál es la mejor solución para avanzar en esta dirección? No será más apropiado afrontar uno de los grandes temas pendientes en nuestra economía, como es la eliminación de la tasa máxima convencional. Este es un tema que en privado existe mucho consenso entre los expertos y autoridades económicas de distintos gobiernos, pero hasta ahora no ha existido voluntad política de avanzar en esta materia.
¿Se está diagnosticando la enfermedad correcta?
Parece atingente insistir respecto de cuál es el problema que se quiere resolver con esta discusión. Si se trata del riesgo sistémico y el sobreendeudamiento, la verdad es que las cifras del Banco Central y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras muestran a una economía chilena lejana de padecer de alguno de estos síntomas.
El propio informe elaborado por encargo del Ministerio de Hacienda plantea que la relación deuda global en relación al ingreso per capita es todavía muy baja en relación a países con mercados mas desarrollados, como Europa y Estados Unidos.
Respecto a la industria, la única verdad absoluta en torno a esta discusión sobre el uso de la información personal de las personas, es que los burós de crédito mejoraran sus ventas y su sistema de información. Estas empresas necesariamente van a incrementar sus ingresos, el número de informes que generan y van a poder ofrecer más material con nuevos cruces de información. El tema de fondo es que desde esta óptica y con un poco de sentido común ante una intervención de política pública de esta dimensión, es válido preguntarse quiénes son los que ganan y quiénes los que pierden.
Claramente, los agentes no bancarios, entre ellos el comercio, así como los clientes de crédito, no serán los ganadores. Por el contrario, tanto la banca como los burós de crédito debieran surgir como los grandes beneficiados de esta modificación.
En relación al consumidor, que es quien realmente debiera importarle al sector político y económico a la hora de modificar el sistema , es preocupante ver que bajando de la teoría a la práctica, no son muchas las ganancias que pueda conseguir. Los informes disponibles demuestran que, en presencia de un sistema de información negativa eficiente, la incorporación de información positiva no genera disminuciones significativas en el precio ni aumentos significativos en la cobertura crediticia. En cambio, sí pueden generan un riesgo de saturación en los clientes que ya tienen acceso al crédito.
En el caso de Chile estas conclusiones son más fuertes, considerando que, además de un sistema de información negativa de clase mundial, se dispone de un sistema de información positiva completo en el caso de las instituciones financieras.
Cambios a la institucionalidad del sistema.
En términos prácticos, no es fácil resolver esta ecuación costo/beneficio de impulsar un cambio de este tipo. Una cosa es la teoría económica, la que no se pone en duda. De hecho, desde este punto de vista es positivo que en los mercados exista mayor información, de modo que todo sea más transparente y mejore la eficiencia y la calidad de la toma de decisiones. El gran problema es cómo esta teoría económica se baja a la práctica en la actualidad sin afectar los derechos de propiedad de los distintos agentes económicos y los derechos a la privacidad de las personas.
Actualmente en Chile existe un sistema que opera eficientemente. Se trata de un sistema de información comercial crediticia centralizado en la generación y descentralizado y competitivo en la distribución, que entrega información confiable y de alta calidad. En Estados Unidos, por citar un país al que se está mirando en su modelo de información, se utiliza un sistema descentralizado donde uno de los grandes problemas que debe enfrentar es la calidad de la información. Pese a los altos estándares tecnológicos, la vanguardia metodológica y el liderazgo financiero mundial que ostenta el país del norte, hay cifras categóricas publicitadas por las propias autoridades respecto de los problemas de calidad de la información. Tanto es así, que en Estados Unidos existe una industria compuesta por cientos de empresas de servicios dedicadas a la reparación de datos de las personas naturales y jurídicas..No son otra cosa que oficina de servicios legales que se dedican a enmendar los errores que el sistema descentralizado comete por no contar con una central única de información, como sí ocurre en Chile.
A modo de ejemplo, una gran empresa en EEUU que se dedique a evaluar créditos requiere de al menos tres conexiones a tres burós de crédito diferentes, para poder tener la completitud de la información. Aun más, en el mercado se vende hoy a modo de promoción (con descuento) el informe en modalidad “Tres x Uno”, porque como nadie tiene la totalidad de la información.
¿Se está dispuesto a asumir el costo?
A modo de cierre, es necesario señalar que en Chile se cuenta con un sistema de información crediticia que opera reconocidamente bien. Nadie pone en duda la calidad de la información. Puede tener imperfecciones como todo sistema, pero una cosa es hablar de perfeccionar un sistema y otra completamente diferente es hacer una reingeniería para cambiarlo.
Si no tenemos claro cuáles son los reales problemas que se quieren resolver o el beneficio que se persigue alcanzar con esta reforma se corre el riesgo de caer en el mismo pecado que se cometió con el Transantiago. Estos grandes cambios requieren tomar en cuenta el entorno cultural local, antes de simplemente importar nuevos modelos.
Por ello, es muy importante evaluar lo que significa esta transformación desde el punto de vista legal y todos sus alcances al afectarse importantes derechos tanto de los consumidores, como de los otros actores de la industria.
Pocos podrían estar en contra de lo planteado por el informe del Ministerio de Hacienda. Desde el punto de vista de la teoría económica el planteamiento resulta impecable. El problema es que en un mercado de alto nivel de competencia, que funciona bien, dicha intervención tiene costos y si no se está al corriente de ellos, las consecuencias serán nefastas.
Perfeccionamientos del actual sistema
En tal sentido, parece más razonable avanzar en perfeccionamientos adicionales sobre las bases del modelo existente, incorporando los siguientes ejes:
En materia de protección de datos transponer la legislación general a las regulaciones específicas, atendiendo a las evidentes diferencias existentes en la naturaleza de las distintas capas de información, así como entre los distintos actores.
Evaluar la necesidad de crear una agencia de protección de datos, que permita fiscalizar eficientemente y acompañar de mejor forma el dinamismo de este mercado. Es lo que existe en muchas economías desarrolladas.
En materia de perfeccionamiento del actual modelo del sistema de información ,algunas ideas:
Oportunidad de la información del Boletín Comercial:
Se plantea acelerar los plazos de publicación de la información contenida en el Boletín Comercial.
El actual marco legal que norma el Boletín Comercial obliga a éste a publicar las Aclaraciones recibidas entre lunes y viernes, el día martes de la semana inmediatamente siguiente. El Boletín Comercial está técnica y operacionalmente preparado para publicar las Aclaraciones de manera diaria.
Del mismo modo, los protestos y cuotas morosas son publicados luego de, a lo menos, una semana después de ser recibidos desde los emisores, producto de limitaciones en la normativa y los procesos de validación de la información que ejecuta el Boletín Comercial.
Estandarizar aún más la información negativa, en términos de aspectos como los criterios utilizados para informar los datos al sistema, plazo de mora, etc.
Tratamiento de la información de Personas Jurídicas
Actualmente el tratamiento de la información de Personas Jurídicas no esta regulado.
La ley N° 19.628 de Protección de la Vida Privada, sólo regula el tratamiento de la información de personas naturales.
La problemática de financiamiento de las empresas y específicamente de las Pyme, obviamente es distinto al de las personas naturales, razón por la cual se debe establecer un marco legal ad-hoc a este mercado.
Resulta fundamental en este punto la regulación del tratamiento de las facturas impagas y deudas tributarias, como principales indicadores de incumplimientos comerciales de las personas jurídicas.
Acceso a información de Organismos Públicos:
El fraude por suplantación de identidad afecta el riesgo del mercado crediticio y consecuentemente eleva el costo del crédito.
En este caso, la información referida a la identificación de las personas (RUT / Nombre) y la huella dactilar (Identificación Biométrica) en poder del Servicio de Registro Civil e Identificación, no llega con la necesaria fluidez a los agentes crediticios, obligando a muchos de ellos a desarrollar sus propias bases de datos.
Entendemos que a través del intercambio electrónico de esta información, se podrían atenuar riesgos y consecuentemente disminuir el costo del crédito.
Educación al Consumidor
El conocimiento del funcionamiento del mercado crediticio y del sistema de información comercial por parte de los consumidores, ayudarían a desarrollar aún más el mercado del crédito en el país.
La experiencia ha demostrado que muchas veces los incumplimientos comerciales de las personas, los fraudes al sistema y el acceso al mercado informal del crédito, se explican por desconocimiento o negligencia en la conducta de las personas.
En efecto, en el país sólo a través de iniciativas privadas se ha tratado de educar a los consumidores en temas como:
Equilibrar ingresos y gastos
Responsabilidad por ser Aval
Custodia de documentos personales (Cédula de Identidad, Tarjetas de Crédito, Cheques, Liquidaciones de Sueldo, etc…)
Repactación de deudas
Para impulsar una real y efectiva estrategia en este sentido, se debiera incorporar en los programas de enseñanza media la educación al consumidor y obviamente dentro de este capitulo enseñanza de cómo relacionarse con el sistema crediticio.-
Este tipo de mejoras contribuiría a perfeccionar un modelo sólido, que ha contribuido a mantener tasas de cumplimiento comercial en el sistema crediticio entre las bajas a nivel mundial, manteniendo un justo equilibrio entre el derecho a la privacidad de las personas y el bien común.
Finalmente, para la reflexión final, invito a leer un interesante articulo que he recibido y que intenta explicar la crisis subprime en un sencillo lenguaje.
ANEXO
¿“Ninjas” en Chile?
Generar un cambio al modelo vigente de los sistemas de información para beneficiar esta nivelación hacia abajo que se pretende con el objetivo de incorporar los segmentos C3-D, supone una lógica de riesgo similar a la que desencadenó la llamada crisis subprime en Estados Unidos.
Según la Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios de España (ANCECO), la mencionada crisis se puede simplificar de la siguiente manera para dejar al descubierto el error de la banca:
Durante años, los tipos de interés vigentes en los mercados financieros internacionales han sido excepcionalmente bajos.
Esto ha hecho que los bancos hayan visto que el negocio se les hacía más pequeño:
Daban préstamos a un bajo interés.
Pagaban algo por los depósitos de los clientes (cero si el depósito está en cuenta corriente y si, además, cobran Comisión de Mantenimiento, pagaban “menos algo”)
Pero, con todo, el Margen de Intermediación (“a” menos “b”) decrecía.
A alguien, entonces, en América, se le ocurrió que los bancos tenían que hacer dos cosas:
Dar préstamos más arriesgados, por los que podrían cobrar más intereses.
Compensar el bajo margen aumentando el número de operaciones
En cuanto a lo primero (créditos más arriesgados), decidieron:
Ofrecer hipotecas a un tipo de clientes de menos solvencia, los denominados “ninja” (no income, no job, no assets; o sea, personas sin ingresos fijos, sin empleo fijo, sin propiedades)
Cobrarles más intereses, porque había más riesgo.
Aprovechar el boom inmobiliario que había en el mercado norteamericano.
Además, llenos de entusiasmo, decidieron conceder créditos hipotecarios por un valor superior al valor de la casa que compraba el ninja, porque con el citado boom inmobiliario, esa casa, en pocos meses, valdría más que la cantidad dada en préstamo.
A este tipo de hipotecas, les llamaron “hipotecas subprime”.
Además, como la economía americana iba muy bien, el deudor hoy insolvente podría encontrar trabajo y pagar la deuda sin problemas.
Este planteamiento funcionó bien durante algunos años. En ese período, los ninja iban pagando los plazos de la hipoteca y, además, como les habían dado más dinero del que valía su casa, se habían comprado un auto, habían hecho reformas en la casa y se habían ido de vacaciones con la familia. Todo ello, seguramente, a plazo, con el dinero de más que habían cobrado y, en algún caso, con lo que les pagaban en algún empleo que habían conseguido.
En cuanto a lo segundo (aumento del número de operaciones):
Como los bancos iban dando muchos préstamos hipotecarios, se les acababa el dinero. La solución fue muy fácil: acudir a bancos extranjeros para que les prestasen el dinero, porque para algo está la globalización.
1 Ex Gerente General Cámara de Comercio de Santiago (1995-2006).
2 Garriga D. Ana. Madrid 2004
3 Según informe de Christián Larraín solicitado por el Ministerio de Hacienda.
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