Según un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo, en un año se perderán 36.186 puestos de trabajo producto de la aprobación del nuevo salario mínimo de $159.000.
Según los datos de la investigación de Rodrigo Castro, los más perjudicados serían los jóvenes y la mano de obra menos calificada.
El experto señala que el sueldo mínimo tiene un efecto negativo en el grupo de trabajadores jóvenes y menos especializados, quienes no encuentran trabajo porque son menos productivos, “de incrementarse el sueldo mínimo, este prejuicio también crece”.
El estudio proyecta que en un año el desempleo aumentaría en 7,8%, y con el correr de los años la situación no mejoraría.
En un plazo de cuatro a cinco años, la desocupación podría incrementarse en un 29,8% acumulado, lo se traduce en 137.420 personas sin un puesto de trabajo.
El desempleo contribuye a la desigualdad económica. Entre los trabajadores no calificados, afirma Castro en su estudio, aquellos que reciban salarios iguales o inferiores al básico han perdido sus empleos, mientras otro grupo incrementó el suyo.
“Se incrementa claramente la dispersión de los salarios bajos respecto de los medios y altos”, apunta.
Si se toma el índice de Gini, que mide la iniquidad, el reajuste provocaría un cambio. Este índice dice que si un país tiene un valor igual a cero puntos, es perfectamente igualitario; si es 1, es perfectamente desigual. En la Casen 2006 Chile quedó con un índice de 0,54.
En un año más, y debido al reajuste al salario mínimo, Castro calcula que esa tasa subirá a 0,54 puntos, pero en el largo plazo podría llegar a 0,5680 unidades.
Con la aprobación del Senado del reajuste de 10,4% del salario mínimo, ubicándolo en $159.000, el proyecto de ley volvió a la Cámara de Diputados para discutir la indicación que dice relación con equiparar el sueldo base con el mínimo acordado.
Los cambios propuestos por la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta buscan reparar algunas prácticas, sobre todo en grandes tiendas comerciales, donde el sueldo base llega sólo a los $10.000
El proyecto contempla 6 meses para ajustarse a las nuevas disposiciones y precisa que no se podrán hacer modificaciones a las remuneraciones fijadas con anterioridad.
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