2006/09/28

D&S y estudio de abogados Carey y Cía rompen relaciones en medio de demanda de proveedores

La supermercadista estaría evaluando una presentación ante el Colegio de Abogados por abandono de cliente de parte de uno de los estudios de abogados más grandes del país.


Tras cinco años como cliente de Carey & Cía, la cadena supermercadista D&S decidió cambiar de asesoría legal, contratando al estudio FerradaNehme, que se sumó al bufete de Enrique Barros, que los asesora en asuntos corporativos.

Sin embargo, no se trató de un término contractual amistoso, sino más bien del epílogo de la larga batalla que D&S libra con los proveedores agrupados en la Agip. En efecto, el estudio de abogados –el más grande de la plaza-, informó a D&S que dejaría de representarla ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por la demanda que interpuso la AGIP contra D&S por su política de reposición eficiente -que apuntaba a dar este servicio con trabajadores propios y no con externos-, debido a que también tenía como clientes a proveedores, entre los que se contarían Evercrisp y Clorox.

Ante esto, la firma de los Ibáñez optó por romper completamente la relación con Carey y Cía, algo no menor considerando su larga relación y que el estudio los había representado en casos emblemáticos, como el arbitraje con Falabella por la tienda del Mega Center, en el conflicto contra Ahold, y que incluso un abogado del bufete, Diego Peralta, había sido asesor permanente de D&S.

Origen del conflicto

El conflicto se desató justo tres días antes de que venciera el plazo para que D&S entregara la respuesta al TDLC, cuando los abogados de Carey, liderados por Claudio Lizana, le manifestaron al gerente general de D&S, Enrique Ostalé, y al fiscal de la cadena, Gonzalo Schmidt –ex abogado de Carey-, que no podrían seguir representándolos en este caso, pero sí en otras materias, debido a que estaban enfrentados a un conflicto de interés.

El estudio Carey habría optado por los proveedores luego de que éstos manifestaron su descontento y preocupación por el escrito que presentó D&S ante el TDLC, en el que se refirió en duros términos contra estas empresas (Ver recuadro).“Por esto los socios de Carey acordaron de manera unánime no continuar con sus servicios para D&S en los juicios en contra de la AGIP, lo que provocó la ira de D&S”, resumió una fuente del mercado.

Tal fue el descontento de D&S, que inmediatamente le solicitó al estudio de abogados todas las carpetas correspondientes a otros casos en que trabajaba el bufete, tras lo cual contrató al estudio FerradaNehme -que ya asesoraba al directorio de D&S en materia de libre competencia-, que se hará cargo de esta materia, financiamiento, marca y litigios, mientras que el estudio liderado por Enrique Barros, Barros Letelier & Compañía, los seguirá asesorando en materias corporativas.

Quien más molesto estaría por esta situación es el gerente general de D&S, Enrique Ostalé, quien además se mostró sorprendido por la decisión de Carey, ya que según ha comentado, considera anti ético que un estudio legal abandone a un cliente en medio de un caso, y que no haya anticipado la existencia de un conflictos de interés. El estudio de abogados, por el contrario, habría considerado que en un principio no había conflicto de interés y que éste habría surgido después, debido a que el escenario cambió: del requerimiento inicial contra AGIP, se pasó a un conflicto con cada uno de sus miembros, momento en el cual considera que surge el conflicto de interés.

Párrafos que complicaron a Carey
Estas son algunas de las afirmaciones que aparecen en la respuesta de D&S al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia –en la demanda de la AGIP por la aplicación del sistema de reposición eficiente– que molestaron a los clientes de Carey & Cia:“Considerando el poder de mercado que detentan varios de los miembros de AGIP y la consecuente importancia de sus productos para D&S, ¿por qué no demandaron ellos en su propio interés y optaron por envasar sus intereses individuales en un ente colectivo? ¿Por qué demandó un cuerpo gremial que, en sí, no tiene un interés directo en la materia, puesto que no sufre ni puede sufrir ningún perjuicio?”.

“En conclusión, visto el problema desde el otro lado de la moneda, quienes sí ostentan una posición dominante son las grandes empresas proveedoras que se parapetan tras el velo de la AGIP. Son ellas quienes sí están en condiciones de abusar de su poderío respecto de los canales de distribución”.

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