- La presidenta de Argentina advirtió, todos los acreedores podrían demandar el pago total de la deuda original, 102.000 millones de dólares, y entonces la reestructuración "se caería como un castillo de naipes y con ella la República Argentina".
El análisis
(Especial Infolatam).- “La economía argentina sufrirá ahora directamente, pues corre peligro tanto el flujo de capitales, que hubiesen surgido del acuerdo con el Club de Paris, como el que pudiera estar asociado a las enormes reservas de gas no convencional de Argentina. Todo esto llevara a que la recesión se profundice. La única solución es sentarse con los “holdouts” y negociar, ahora desde una posición más débil que hace una semana”.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, aseguró hoy que pagará a los acreedores que aceptaron los canjes de deuda, pero no aclaró que hará frente a la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de rechazar la apelación contra un fallo adverso en un litigio entablado por fondos de inversión.
En un mensaje transmitido por cadena nacional,Fernández aseguró que el próximo día 30 Argentina, arbitrando “todos los instrumentos y estrategias necesarios”, pagará 900 millones de dólares al 92 % de los acreedores que adhirieron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.
En su alocución, de cerca de media hora de duración y grabada en su despacho en la sede del Ejecutivo, la presidenta dijo que Argentina siempre ha demostrado en forma “clara” su voluntad de negociación y de pago, pero afirmó que no se someterá a la “extorsión” de los denominados fondos “buitres”.
Fernández no despejó sin embargo las dudas sobre la estrategia legal a seguir ante el fallo de la Corte Suprema de EE.UU., que resolvió este lunes rechazar la apelación presentada por Argentina en un litigio entablado en Nueva York por fondos de inversión que reclaman a Buenos Aires el pago de bonos por unos 1.500 millones de dólares.
Con esta decisión del Supremo, quedó en pie un fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, confirmado luego por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que obliga a Argentina a pagar en efectivo la deuda reclamada. El fallo del Supremo golpeó este lunes a los activos financieros argentinos, con un desplome del índice Merval del 10,09 % y fuertes caídas de los papeles argentinos que se cotizan en la Bolsa de Nueva York.
Fernández sostuvo que la decisión de la Corte no solo es “contraria” a los intereses de Argentina y del 92 % de los acreedores que aceptaron los canjes sino a los del sistema financiero global, razón que explica por qué el país suramericano recibió el apoyo de naciones como Francia, México y Brasil.
“El fallo no me sorprendió,. Yo esperaba este fallo (…). No estoy ni siquiera enojada. Estoy muy preocupada”, dijo la mandataria. Según Fernández, éste no es un problema financiero o legal, sino la “convalidación de un modelo de negocios a escala global que, si se sigue produciendo, va a generar tragedias inimaginables”.
Afirmó que los litigantes compraron los bonos en mora, en 2008, mucho después del cese de pagos de 2008, a precio de “basura”, acumulando hasta ahora una tasa de retorno del 1.600 % “que ni el crimen organizado tiene”. “Queremos honrar nuestras deudas y lo vamos a hacer, pero no queremos ser cómplices de esta manera de hacer negocios”, aseguró.
Argentina asegura que a finales de este mes le pagará al 92 % de los acreedores que aceptaron los canjes, pero los fondos litigantes, con el fallo de la Corte a su favor, pueden pedir el embargo de los giros que Argentina haga a Estados Unidos para hacer los pagos en esa jurisdicción.
Si los querellantes lograran embargar esos fondos para cobrarse en parte lo que demandan, los acreedores que sí aceptaron los canjes se quedarían sin cobrar y Argentina entraría así en “default” (cese de pagos) técnico.
“Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada” y el Gobierno adoptará “todos los instrumentos y todas las herramientas necesarias” para hacer frente al pago de los compromisos asumidos con los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y que explican el 92 por ciento de la deuda que cayó en default en 2001, afirmó.
En ese sentido, dijo que Argentina “demostró una evidente voluntad de negociar, pero hay que distinguir entre una negociación de lo que es una extorsión”.
Cristina fernandez dijo que como todo jefe de Estado “se tiene que estar dispuesto a negociar, pero lo que no puede hacer es someter a su país y a su pueblo a una extorsión semejante” como calificó a la acción de los fondos buitres que recurrieron a la Justicia de Estados Unidos para cobrar el 100 por ciento del valor nominal de los bonos en default que tienen en su poder.
“He instruido al Ministerio de Economía y a todos los organismos técnicos del Estado nacional para que dispongan de todos los instrumentos y todas las herramientas necesarias para que todos aquellos que confiaron en Argentina, reciban su dinero, los dólares a los que nos hemos compromietido a pagar, con seriedad y responsabilidad”, enfatizó la Presidenta.
En lo que respecta a lo que significaría para el país cumplir con el fallo del juez Griesa, Cristina dijo que estarían en “condiciones de cobrarle a la Argentina ya y ahora 15.000 millones de dólares, y esto es más de la mitad de la totalidad de las reservas del Banco Central”.
“No sólo es algo absurdo, sino que es imposible que un país destine más del 50 por ciento del total de sus reservas en un solo pago a un acreedor”, dijo Cristina, tras lo cual advirtió que además “el otro 92% también puede reclamar el derecho a lo mismo” lo que incrementaría de manera exponencial el monto bajo discusión.
De generarse este escenario, “estaríamos ante la posiblidad más que cierta de que fuera exigida la totalidad de la deuda Argentina y la reestruturación operada en 2005 y 2010 se cayera como un castillo de naipes y con él la República Argentina”, advirtió la Presidenta.
La jefa del Estado fustigó el accionar especulativo de los fondos buitre que hoy atentan contra el país y sus reestructuración de deuda, pero insistió en la disposición del Gobierno a que “entre a ese canje el 100% de los acredores, ese 7% que todavía falta ingresar”.
Pero en particular, la presidneta de Argentina relató los detalles del reclamo del fondo NML que tiene en su poder fondos que adquirieron en el año 2008 por 48,7 millones de dólares y que en la actualidad -juicio mediante- pretenden obtener un retorno equivalente al 1608% de su inversión inicial.
Enfatizó además que el 60 por ciento de los bonos reestructurados corresponden al denominado Megacanje, que fue uno de las medidas financieras que terminaron de disparar el default en 2001.
Respecto al fallo en favor de la demanda de los fondos especuladores, la Presidenta dijo que no la sorprendió la decisión de la Corte al entender que “este no es un problema económico, financiero, jurídico, ni legal, (sino que) es la convalidación de un modelo de negocios a escala global que sí se sigue pronunciando va a producir tragedias inimaginables”.
Para Cristina la decisión de la Corte, “está convalidando una forma de dominación mundial financiera de derivados para arrodillar a los pueblos, donde ya no es necesario explotar a nadie, sino que alcanza con la exclusión”. En ese marco uno de los escenarios pasa por que Argentina decida cambiar el domicilio de pago y el gobierno deberá reunir una mayoría de tenedores para poder avalar el cambio, entre otras cuestiones.
El subsiguiente pago deberá afrontarlo en septiembre. Llegado el caso de una negativa del Supremo estadounidense a revisar su decisión de este lunes, el Gobierno aún tiene la alternativa de pedir a Griesa la apertura de una negociación con los querellantes para determinar el modo de pago de lo adeudado.
Esa opción también le permitiría ganar tiempo, al menos con el objetivo de llegar al 31 de diciembre, fecha en que vencerá la cláusula de “mejor acreedor” inserta en las ofertas de reestructuración y que impide pagarle a quienes no aceptaron los canjes en mejores condiciones que a quienes sí adhirieron a las refinanciaciones y aceptaron fuertes quitas sobre el capital original adeudado.
Antes de esa fecha, un pago en efectivo a los querellantes habilitaría a los acreedores que aceptaron los canjes a realizar reclamos judiciales contra Argentina.
Fernández alegó que no puede pagar “ya” a los querellantes porque de ese modo el resto de los acreedores que no aceptaron los canjes podrían exigir el pago de 15.000 millones de dólares, suma equivalente a la mitad de las reservas monetarias argentinas.
Incluso, advirtió, todos los acreedores podrían demandar el pago total de la deuda original, 102.000 millones de dólares, y entonces la reestructuración “se caería como un castillo de naipes y con ella la República Argentina”.
www.infolatam.com
