Debido a los daños productivos que han ocasionado las heladas en el sector agrícola de la región de O’Higgins, el ministro de Agricultura, Luis Mayol, decretó ayer Emergencia Agrícola en la totalidad de las comunas de esta zona del país, con el objetivo disponer de mayores recursos y coordinar las acciones necesarias que vayan en ayuda de los productores y agricultores locales afectados.
A juicio del ministro Mayol la medida, solicitada por la Intendencia Regional y financiada con aportes del Consejo Regional, “permitirá apoyar con mayor fuerza a las familias, productores agrícolas y campesinos afectados, con el objeto de mitigar la situación que hoy enfrentan, y que lo antes posible puedan ponerse nuevamente de pie”.
En este sentido, la autoridad puntualizó que el Ministerio de Agricultura, a partir de esta declaración, iniciará las gestiones ante los organismos públicos que correspondan, con el fin de coordinar acciones de apoyo a los afectados. Este nuevo plan de acción se suma al trabajo que desde hace tres semanas tiene desplegado en terreno el Minagri, a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), constatando uno por uno los predios afectados y soluciones a adoptar.
Además, el miércoles quedó operativa una Mesa de Trabajo que busca analizar en profundidad dónde se requiere apoyo y asistencia, y así focalizar mejor la ayuda para los productores, independiente de su tamaño.
Dicha mesa está conformada por la Asociación de Bancos, Corfo, Banco Estado, y la SNA, y será coordinada por las subsecretarías de Agricultura, Trabajo y Economía.
Daños millonarios
Según estimaciones efectuadas por la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), los daños causados, que se cuantifican en una pérdida preliminar de más de 50 millones de cajas, equivalen a un valor FOB superior a los
US$ 650 millones.
Asimismo, según Asoex, esta crisis provocará la suspensión de variadas actividades de apoyo relacionadas, tales como la promoción externa, desarrollo de mercados, programas de investigación y transferencia tecnológica, entre otros, lo que configura un efecto global en el sector superior a los US$ 1.200 millones, “lo que justifica y amerita el uso de todas las herramientas disponibles para acometer su solución a la mayor brevedad y con todos los recursos disponibles, regulares y extraordinarios, que nuestro orden jurídico permite”, enfatizó su presidente, Ronald Bown.
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