El Director Ejecutivo del Centro de la Libre Competencia de la Universidad Católica, dijo que si bien es óptima la gestión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y de la Fiscalía Nacional Económica, hay que mejorar las herramientas de la Fiscalía y resguardar la independencia de los integrantes del tribunal.
—¿Cuáles fueron las resoluciones más emblemáticas en 2008 y qué señales dio el TLDC?
—El rechazo a la fusión de D&S y Falabella, y la sanción aplicada a Almacenes Paris y a Falabella por “la guerra del plasma”.
—¿Qué significación tienen?
—El caso D&S-Falabella marca un antes y un después en la libre competencia. Más que por la resolución en sí, es la primera vez que se rechaza una fusión; tiene una consecuencia indirecta importante, porque las empresas, las personas, y los agentes económicos se dieron cuenta y valoraron que existan organismos de libre competencia y que tienen tremendas facultades para perseguir, sancionar, aprobar o rechazar, ya sea conductas u operaciones de concentración.
La guerra del plasma es el caso donde se han presentado más pruebas duras en colusiones, carteles. Tanto el tribunal como la fiscalía lograron reunir pruebas como correos electrónicos o contactos telefónicos entre las partes. Eso no había ocurrido. Son también facultades que se están tramitando hoy en el Congreso para el fiscal económico, y que le van a permitir en el futuro reunir pruebas duras.
—Antes se aprobaban fusiones, ¿con menos credibilidad de que las condiciones se cumplieran?
—Más que un descrédito, existía la confianza de que esa operación se iba a aprobar, con más o menos condiciones del tribunal. Con la resolución de D&S-Falabella, las empresas y sus abogados hoy se preguntan si hay que ir a consultar al TDLC.
—En ese caso las empresas consultaron.
—Fue voluntario, esperando que, en el peor de los casos, le iban a poner algunas restricciones. Pero jamás pensaron que se la iban a rechazar.
—¿Podría inhibir a las empresas a consultar?
—Se podría pensar dos veces antes de consultar el problema de concentración al tribunal. En otros países es obligación consultar antes las operaciones. Aquí es voluntario. Yo podría fusionar, sin preguntar y esperar las consecuencias si alguien presenta una denuncia; o la fiscalía económica un requerimiento, o me aplican sanciones el TDLC; porque echar atrás una operación como esa es jurídicamente casi imposible.
—¿El tribunal necesita fortalecer sus facultades?
—Tiene amplias facultades para sancionar o prohibir, incluso de proponer cambios legales al Ejecutivo, que no existe en otros países. Lo que se discute son las facultades de la Fiscalía Nacional Económica.
—Hay una polémica por la figura de delación compensada y la intervención del fiscal.
—La figura de la delación compensada ha demostrado, en los países desarrollados, que funciona bien. Su aplicación ha logrado descubrir y sancionar una cantidad importante de carteles. La discusión está centrada más en la forma en que la va a aplicar el fiscal nacional. Se discute si se podría permitir que el autor de un cartel, quien invitó a concurrir, fuera beneficiado por la delación compensada. En algunos países no se permite.
—¿El TDLC cumple con tiempos de tramitación adecuados?
—Si uno lo compara con los tribunales ordinarios de justicia, en general, los casos se resuelven en tiempos acotados.
—¿Hay muchos sectores con configuración de carteles?
—Hay una confusión. En Chile, por lo pequeño del mercado, hay altas cuotas de concentración, pero eso no necesariamente significa cartelización. Es un elemento a considerar, y eventualmente sumado a otros pudiera tener características de carteles.
La colusión es la práctica más grave en la libre competencia en todo el mundo, pero en Chile no hay elementos para decir que es una práctica generalizada.
Hay casos sancionados por el TDLC, que a posteriori fueron revocados por la Corte Suprema. Son pocos los casos sancionados.
—¿Cómo evalúa la acción de la Fiscalía Nacional Económica?
—Ha habido un progreso importante en su labor, ha contratado a técnicos de gran calidad. Pero, hay dos ámbitos que inquietan: Que la figura del fiscal siga siendo una persona de exclusiva confianza del Ejecutivo, porque eso deja espacios para ejercer presiones en su contra; y otra área es que falta profesionalizar la justificación de las multas que solicita respecto de las empresas. En la Unión Europea y EE.UU. las multas se solicitan según parámetros muy específicos.
—¿La Fiscalía y el TDLC están más activos en perseguir acciones contra la libre competencia?
—A partir de D&S-Falabella las empresas o particulares están recurriendo más a la fiscalía y al tribunal a efectuar denuncias. Hay más denuncias de empresas, y también mayores consultas o antecedentes presentados a la fiscalía, que no sólo tiene más herramientas sino más personal, que años atrás; abogados y economistas que siguen día a día los mercados.
—¿Cómo ve la actuación de Enrique Vergara?
—La gestión del fiscal ha sido muy buena. Uno puede estar en acuerdo o desacuerdo con determinado requerimiento, pero es bastante consensuado que ha sido muy profesional su labor y es poco influido por temas políticos, lo que es muy importante.
—¿Cómo evalúa la gestión del TDLC en 2008?, ¿hay que dotarlo de mayor independencia?
—La labor del TDLC es bastante óptima y hay que resguardar también la autonomía de los ministros del tribunal. La conformación del tribunal y sus características son bastante únicas en el mundo. Su equivalente son órganos dependientes del Ejecutivo de turno, y en este caso tenemos un TDLC independiente, parte del poder judicial, y uno siente que su labor es bastante autónoma, técnica y está conformado por abogados y economistas, lo que tampoco ocurre en otros países.
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