Publicado por Pablo García Mexía
Pasados casi 20 años desde que Internet comenzara a generalizarse en sociedad, pueden vislumbrarse tres grandes fases en lo que se refiere a su particular impacto en la actividad económica.
- Una primera fase, de larga historia, pues sus orígenes se remontan a los de la propia Internet como red de comunicaciones electrónicas, es la marcada por su nada fácil relación con el mundo de las telecomunicaciones. Y era lógico que fuera la primera en surgir, en la medida en que Internet precisaba por así decir “existencialmente” para operar de la infraestructura de la red telefónica. Ésta es obviamente una necesidad que perdura hoy, hasta el punto de que en una pasada entrega de este La Ley en la Red nos hemos ocupado del conflicto entre el “modelo de voz” y el “modelo de Internet”, como alternativas de gestión del mercado de las comunicaciones electrónicas, a partir de un interesante estudio de la OCDE, datado en 2012, que contrapone ambas fórmulas.
- La segunda fase se ha ido gestando más lentamente. Y, si bien pueden ya encontrarse trazas de la misma con anterioridad a la llamada “burbuja digital” de 2000, en realidad se ha detectado con singular notoriedad cuando la intensa digitalización de los sectores productivos ha pasado a ser un hecho constatable de modo prácticamente general. Me refiero al cruce Internet-libre competencia, también tratado ya en este espacio, y que ha llevado a expertos mundiales sobre estos temas como el profesor Tim Wu a barruntar que, de no ponerse remedio, tanto desde el plano empresarial como político, grandes señores de Internet como Google, Facebook, Apple, Amazon o Microsoft podrían comenzar a asemejarse a los gigantes del carbón, el acero o el mundo del entretenimiento de los EE.UU. de entre fines del s. XIX y principios del XX, que dieron justamente lugar a la legislación norteamericana Anti-Trust.
- Nuestros mismos días asisten al surgimiento de lo que podríamos considerar una tercera fase. Lejos de limitarse a hacer competir entre sí a las empresas, como agentes económicos clásicos, Internet está haciendo posible la irrupción masiva en el mercado de simples ciudadanos particulares o de entidades sin ánimo de lucro: unos y otros, bien en colaboración con empresas (de ordinario especializadas en este tipo de actividad mercantil, y que suelen proporcionar la herramienta TIC, a su vez elemento clave del modelo), bien por su propia cuenta y riesgo, ofrecen bienes y servicios utilizando Internet como única plataforma de comercialización. Me refiero a lo que se ha dado en llamar “economía colaborativa” (“sharing economy” o “economía Peer-to-Peer”, entre otras denominaciones).
Hay ejemplos “casi antiguos”, como la plataforma de subastas, compraventas y permutas eBay; aunque la mayoría de los que comienza a tener éxito son más recientes y abarcan todo tipo de sectores productivos, desde el transporte (Uber, Lyft, BlaBlaCar), hasta el alojamiento vacacional (HomeAway, Airbnb), la inversión orientada a la producción o crowdfunding (con sitios tan exitosos como KickStarter), o la educación (Khan Academy, etc.). En algunos de los modelos citados se opera con ánimo de lucro (como un particular en eBay, o esta misma empresa), en otros de modo enteramente desinteresado (como es el caso de un particular que decide financiar a un joven talento en KickStarter); a veces son empresas quienes operan (es el caso de HomeAway), otras veces son entidades sin ánimo de lucro (como Khan Academy).
Mientras que existe un claro reflejo político de esta ola de actividad económica colaborativa, como es el Gobierno Abierto y el Open Data, que precisamente tienen en la colaboración una de sus tres principales vertientes de actuación (junto a la transparencia y la participación). Me remito a lo expuesto sobre estos temas en entradas anteriores.
A nadie se oculta que esta evolución se desarrolla en el contexto de mercados, como son los occidentales, sometidos a niveles más o menos intensos de regulación, según hablemos de modelos como el de los Estados sociales europeos o de los que siguen la pauta de mayor liberalización propia del esquema regulatorio norteamericano. Una regulación que, como pensadores de la talla de Lesnoff apuntan, y conviene no olvidar, tuvo pleno sentido para tratar de limar los excesos del “capitalismo desenfrenado”. Y una regulación cuya validez hubiera quizá sido más comprensible cuestionar con anterioridad a la brutal crisis económica desatada en 2008, pero que indiscutiblemente pervive tras ella, visto el insustituible papel del Estado en el sostenimiento de las economías occidentales, que dicha crisis sometió a tensiones probablemente inimaginables no muy atrás.
Es lo cierto, sin embargo, que en el contexto de nuestras actuales economías casi “pan-digitales”, conviven dos marcos regulatorios prácticamente antagónicos: uno, el de la infraestructura de las comunicaciones electrónicas (las telecomunicaciones), que unido al de los demás sectores productivos por así decir “tradicionales” (desde el hotelero al del taxi, desde el bancario al educativo), se encuentra sometido a niveles de regulación más o menos intensos, sea en forma de reglamentaciones de toda índole, sea de presión fiscal; otro, el de las que me gusta denominar “empresas de Internet”, que por supuesto agrupa desde los mencionados grandes señores de la Red hasta las nacientes start-ups o iniciativas varias de economía colaborativa, caracterizado por disfrutar de niveles de regulación mucho más livianos y esquemas impositivos, bien inexistentes, bien fácilmente aligerables si la empresa en cuestión tiene una presencia multinacional.
Y es también cierto que esta patente asimetría regulatoria está empezando a denunciarse como factor de desequilibrio económico por algunos de los agentes que con mayor intensidad la están soportando. Me limitaré a aportar tres ejemplos: el primero, desde el ángulo de la infraestructura, la reivindicación de Telefónica, formulada en 2010, frente a modelos de negocio como el de Google y otras grandes de la Red; otro, desde el sector hotelero, la queja de un importante empresario al señalar que mientras que abrir un nuevo hotel le cuesta a su compañía tener que solicitar “cerca de 400 permisos públicos”, otros hacen negocio en su ramo a través de Internet sin haber solicitado ninguno; finalmente, y sobran grandes explicaciones, el virulento conflicto que enfrenta al sector europeo del taxi con empresas tipo Uber.
Como ante cualquier otro, es obvio que ante un problema incipiente como es éste, cabe la opción de cruzarse de brazos. Aunque también se puede, y entiendo se debe, pensar en posibles soluciones. A priori cabrían dos opciones:
Una primera, tratar de igualar estos modelos regulatorios, ahora tan dispares, y que por ello vienen situando a los sectores “tradicionales” en posición de desventaja a la hora de competir con los nuevos entrantes, sean éstos “clásicamente capitalistas” o colaborativos.
Para ello, se abrirían a su vez otras dos posibilidades: una, regular Internet siguiendo las mismas pautas de la economía “tradicional”. Sucede no obstante que, según reconocía la OCDE en su citado estudio de 2012, modelos como el telefónico para el tráfico de voz sencillamente no casan con el tráfico de voz, pero también de datos, que Internet ha hecho posible: y ello aunque solo fuese porque, siempre según la OCDE en el indicado documento, con apenas regulación, la Red ha conseguido una eficiencia inconmensurablemente superior a unos precios incomparablemente inferiores. Si a ello añadimos la nada desdeñable naturaleza global de Internet, comprobaremos que aplicar mecanismos regulatorios “tradicionales”, vinculados a territorios y soberanías bien determinados, resulta inadecuado y hasta podríamos decir que quimérico.
La otra opción “igualitarista” consistiría en desregular la economía “tradicional”, de manera que operase libre de muchas de las ataduras que ahora la constriñen, del mismo modo que ahora hacen las empresas de Internet. El intento sería al menos tan quimérico como el anterior. Me limitaré a apoyarme para justificarlo en uno solo de los grandes pensadores de la “modernización” propia de nuestro tiempo, el profesor de Munich Ulrich Beck: nuestras “sociedades del riesgo” no tolerarían incrementar “los azares y las inseguridades” que de tal desregulación pudieran derivarse. Baste un ejemplo: ¿aceptaríamos como consumidores que para favorecer una competitividad mayor frente a BlaBlaCar, nuestros autobuses interurbanos quedaran exentos de pasar revisiones periódicas, o de instalar ciertos elementos de seguridad, o que sus chóferes pudieran librarse de pruebas de aptitud para la conducción? Mucho me temo que no.
Ante el hecho de que la igualación no se muestra como vía correcta de solución, pienso que ésta puede estar en el diseño de un modelo regulatorio nuevo. La enorme hondura de los cambios que Internet está generando sobre nuestras sociedades en su conjunto, y en particular sobre el modelo productivo, así parece justificarlo y aconsejarlo. Grandes economistas como Robert Solow o Peter Drucker vienen sosteniendo que el saber es el nuevo “factor de producción” decisivo, más allá de capital o fuerza laboral, de nuestras “sociedades del conocimiento”: aún más expresivo, el propio Beck señala “el microchip” como factor productivo diferencial de nuestra “modernidad”, en sustitución de “la locomotora de vapor”, que a su vez reemplazó al “arado”. Y si desde fines de los noventa se viene hablando de “sociedad en red” (M. Castells) y desde inicios de los 2000 de “Estado en red” (De La Coste), resulta coherente poder ahora hacerlo de “economía en Red” para referirse al modelo productivo propio de nuestro tiempo.
Cuáles deban ser las reglas por las que se rija ese “nuevo modelo regulatorio de la economía en red” es algo que no estoy ahora en absoluto en condiciones de avizorar.
Aunque sí considero un deber “atreverme” a esbozar algunos de los que creo debieran ser sus principios elementales de inspiración.
Comenzaré por apuntar que ese nuevo modelo regulatorio debiera tener un enfoque holístico, que pretenda abordar la regulación desde la atalaya de Internet (sin perjuicio, por supuesto, de tener también en cuenta las singularidades de cada sector productivo): el Gobierno francés demuestra haber captado esta idea cuando proclama, en un informe de enero de 2013 que sienta las bases de una posible reforma fiscal aplicable a las empresas de Internet, que “el digital no es ya en puridad un sector”, siendo palpables las huellas digitales, como más atrás señalábamos, en todos los demás ámbitos de la actividad económica.
En segundo término, ese nuevo modelo regulatorio debiera asumir lo que a mi entender constituye el principal activo de la actual regulación occidental, o al menos europea, de la actividad económica: hablo de la idea de interés general, que para autores como el administrativista Rodríguez-Arana constituye incluso el nervio de todo el Derecho administrativo actual, y el principal cauce de garantía de los derechos y libertades frente al ejercicio del poder público.
Fundada en el interés general, y en conceptos que lo tienen cuenta por ejemplo en el Derecho de las telecomunicaciones, como es el de “servicio de interés general”, esa nueva regulación debiera orientarse a su vez a dos grandes objetivos: uno, proteger a la persona, en su doble condición de ciudadano y de usuario de servicios (“Netizen”); y otro, salvaguardar la libre competencia, crecientemente amenazada tras la consolidación, bien merecida, por otra parte, de las grandes empresas de Internet.
Por último, cómo no, ese nuevo esquema regulatorio, de pretendidamente mayor equilibrio, debiera aprovechar también el mayor activo de Internet, eso que desde Zittrain se ha dado en llamar su carácter “generativo” y que no es sino otra manera de aludir a la inmensa potencialidad de la Red para la innovación.
Y aquí la atención la deben fundamentalmente prestar los sectores tradicionales, pues es manifiesto que ninguna prohibición de estos nuevos modelos de negocio “disruptivos” que la economía digital está trayendo consigo resultará compatible con la innovación, siendo a su vez aquélla y ésta los factores esenciales de crecimiento económico en las sociedades contemporáneas, como intuía perfectamente en 1999 Jesús Banegas, expresidente de Ametic.
La futura normativa deberá pues adaptarse a pautas productivas que combinarán esquemas tradicionales y otros enteramente innovadores. Ni aquéllos deberán erradicarse, ni éstos podrán prohibirse.
Y como las normas, parece justo que también los agentes económicos, de “uno y otro bando”, hagan un esfuerzo de adaptación. Con la amplitud de miras que demanda el carácter copernicano de las transformaciones a que estamos asistiendo. Y con la lealtad que se debe exigir a quienes deben competir en un mismo mercado.
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