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2014/09/15

FNE se sumará a mesa que busca endurecer castigos en delitos económicos

Instancia también es integrada por la Fiscalía Nacional y las superintendencias de Valores, Bancos y Pensiones.

Por Patricio Torrealba
El rol que ha jugado la institución dirigida por Felipe Irarrázabal en el marco de la defensa de la libre competencia la hacen idónea al contexto.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) también fue contactada por el vicepresidente del Senado, Eugenio Tuma, para integrarse a la mesa de trabajo que conformaron el pasado jueves los superintendentes de Valores y Seguros, Carlos Pavez, de Bancos e Instituciones Financieras, Eric Parrado, de Pensiones, Tamara Agnic y el Fiscal Nacional Sabas Chahuán.
Cabe recordar que la instancia surge, en particular, como repercusión del caso Cascadas, pero con el claro recuerdo de la colusión de las farmacias y lo ocurrido en La Polar.
El perfil y protagonismo que ha ido adquiriendo la FNE, en el marco de la defensa de la libre competencia en los últimos años, explican su idoneidad en este cuadro. Al igual que las entidades mencionadas, el organismo dirigido por Felipe Irarrázabal deberá entregar en las próximas semanas un informe que dé cuenta de sus propuestas en la materia, indicó Tuma. Añadió que “en Chile, los distintos sectores económicos están dominados por uno, dos o tres actores” y apuntó a la necesidad de avanzar en el establecimiento de “cuotas máximas de mercado”. Sin embargo, reconoce que este tema no estaría incluido en el proyecto de ley en cuestión. Y es que, en medio de la actual coyuntura de reformas, podría “faltar piso político” desde La Moneda, explicó.
Premisas de la mesa

Como premisas, la mesa considerará que las personas sancionadas tengan privación de libertad (siendo la colusión una práctica que la abarcaría), inhabilidad de cargos y multas proporcionales a lo alcanzado en las operaciones cuestionadas. Junto a ello, se buscaría reformar la Ley General de Bancos (elevando penas y actualizándola para delitos sofisticados, como los informáticos); generar un título especial en el código penal sobre bienes protegidos y amplios planes de capacitación para las distintas instituciones involucradas. Lo anterior implicaría más recursos para las superintendencias, “aunque esto tiene que visarlo el Ejecutivo”, dijo Tuma.

LA INICIATIVA
El origen de esta iniciativa se dio tres días después de conocerse el fallo de la SVS sobre el Caso Cascadas, cuando el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán aseguró que en delitos económicos o de corrupción las penas deberían "ajustarse". Se mostró en desacuerdo con que "se sancione a un sujeto que robe plumas o pelaje de animales con una pena equivalente a la que podría tener un sujeto que ha defraudado al Fisco por varios miles de millones de pesos, o que ha cometido delito económico", dijo. Tras ello, el senador Tuma tomó contacto con Chahuán, acordando formar una mesa técnica con los entes asociados al tema.
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2013/12/18

FNE sigue investigando Caso Supermercados a dos años de allanamientos

El organismo fiscalizador no tendría plazos para el término de la investigación que partió con la incautación de computadores y documentos.

Alrededor de las diez de la mañana del miércoles 14 de diciembre de 2011, personal del OS-9 de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), acudieron hasta las oficinas de las principales cadenas de supermercados del país –Cencosud, SMU, Walmart y Tottus- para incautar computadores y documentación. A dos años de aquel hecho, la FNE, que pidió las diligencias como parte de una investigación, aún no ha cerrado el denominado Caso Supermercados.

Ante las consultas, la Fiscalía indicó que “la investigación está en curso y aún estamos realizando diligencias”. Respecto de fechas y plazos sobre el cierre, no se refirió.

Según confirman varias cadenas, la FNE ha continuado solicitando información a los supermercados, sin dar mayor información ni tampoco pidiendo datos en específico de alguna línea de negocios.

En dicha ocasión, la Fiscalía señaló en un comunicado que comenzó una investigación “referida a eventuales conductas o prácticas que podrían ser contrarias” al artículo 3 de la Ley 211, relativa a la libre competencia. 

De esta forma, la FNE pidió autorización al Tribunal de la Libre Competencia y la Corte de Apelaciones de Santiago para realizar los allanamientos, lo que fue concedido. Desde las oficinas de Walmart habrían sido incautados en esa ocasión entre tres y cuatro computadores, en Cencosud unos tres y desde SMU se llevaron un PC y un notebook de una misma persona.


Investigaciones

El material incautado por la Fiscalía en los allanamientos, dicen entendidos, correspondían a ejecutivos de mando medio que se relacionaban con proveedores de carnes blancas y productos de limpieza. 

En todo caso, aseguran que durante el proceso la Fiscalía habría ampliado la investigación a una posible “doble marginación” de las cadenas en relación con las marcas B que los abastecen en algunos productos.

Según entendidos, la FNE estaría investigando que las supermercadistas, en presunta coordinación, habrían instado a que proveedores de algunos productos de marcas blancas les rebajen el precio de éstos para luego venderlos a un valor superior a los consumidores.

De ser cierto, los supermercados buscarían tener un producto marca B que compita con el líder de la categoría, pero que el precio de compra sea entre 10% y 15% más barato, de esta forma la cadena obtendría mayor margen. En tanto, la venta a público se realizaría en valores similares entre un retail y otro.

Actos como éste, de acuerdo a expertos, encajan con la figura del llamado Caso Supermercados, puesto que podrían, eventualmente, ser calificados de posible colusión y es sólo en el marco de una investigación de ese tipo que la ley permite que se realicen medidas intrusivas como el ingreso a las dependencias de una empresa para incautar material que pueda ser utilizado como prueba en un juicio.


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2013/10/29

FNE: “Queremos precisar los riesgos que pueden surgir cuando dos empresas tienen cierta vinculación”

La FNE lanzará el estudio sobre interlocking y participaciones minoritarias en el próximo Seminario de Libre Competencia.


Por Verónica Moreno 


El “Seminario de Libre Competencia 2013”, organizado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que se realizará el próximo 5 de noviembre, tendrá varias novedades. Será la última cuenta pública de Felipe Irarrázabal, Fiscal Nacional Económico, cuyo periodo finaliza en agosto del próximo año. 
Ese día, en su discurso, Irarrázabal 
no sólo hará un repaso de 
su gestión, también, y siguiendo la tradición de otras 
agencias de libre competencia a nivel global, explicitará cuáles son los mercados prioritarios que la FNE está observando con más detenimiento. “Creemos que es bueno ir diciendo cuáles son los mercados que desde el punto de vista de la FNE se van a mirar con más detalle hacia el futuro”, señala Irarrázabal. También, ese día, el fiscal dará a conocer la opinión de la FNE respecto a las reformas necesarias en materia de libre competencia. 

Interlocking 


Por otro lado, el organismo fiscalizador lanzará el estudio sobre Interlocking y participaciones minoritarias y se dará a conocer el borrador de la guía de restricciones verticales. 

Sobre el estudio de interlocking y participaciones minoritarias, que tiene que ver con la participación de una persona en directorios de empresas competidoras, Irarrázabal aclara el rol de la FNE en esta área. “Esto no se trata de uso de información confidencial para fines ilegítimos, esa no es nuestra área, es de la Superintendencia de Valores y Seguros”, dice y agrega que “lo nuestro es ver hasta qué punto por temas de vínculos personales o de vínculos patrimoniales, dos empresas podrían no estar actuando con la tensión competitiva que se necesita y esto es porque existe cierta vinculación”, explica. 

El fiscal señala que con este estudio “queremos precisar los riesgos que pueden surgir cuando dos empresas competidoras tienen cierta vinculación (...) Lo que queremos advertir, como lo hicimos con la guía de asociaciones gremiales, es que cuando se juntan competidores hay un riesgo y ellos tienen que reconocer ese riesgo. Ese es el espíritu”. 

Por otro lado, sobre la guía de restricciones verticales, Irarrázabal explica que aborda situaciones donde “puede no haber relaciones de propiedad, sino más bien contractuales y algunos de los actores -que puede ser un proveedor o un retailer- tiene, efectivamente, una cierta posición dominante y eso puede afectar el comportamiento competitivo de los operadores o los sujetos económicos que rodean a este actor”. 

Agrega que la guía no es una regla estricta de lo que se puede o no se puede. “Creemos que no estamos en condiciones 
de hacer eso y tampoco creemos que sería bueno hacerlo, porque depende de cada 
caso en particular”, señala. Según el fiscal, estas restricciones verticales pueden 
tener una justificación de eficiencia y pueden ser razonables, pero “cuando se hagan, tiene que haber conciencia de cuáles son los riesgos que puede traer en materia de libre competencia”, sostiene.

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2013/07/25

FNE investiga a Entel, Claro y Movistar sobre oferta de facilidades a OMV

Busca que estas operadoras presenten condiciones que permitan surgir a este mercado.

La Fiscalía Nacional Económica ha estado muy activa, estamos llevando a cabo una investigación que ya lleva sobre los siete tomos y más de una docena de declaraciones”, señala el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, sobre la investigación que lleva adelante el organismo que encabeza para verificar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que obligó a Entel, Claro y Movistar a disponer de una oferta de facilidades y/o reventa de planes para Operadores Móviles Virtuales (OMV), sobre la base de criterios generales, uniformes, objetivos y no discriminatorios.

Sobre los resultados que podría tener esta fiscalización, Irarrázabal dice que espera tener buenas noticias, “en el sentido de presionar y obligar a las empresas de telecomunicaciones a que presenten las condiciones que permitan surgir este mercado de manos de otros actores que no sean ellos mismos” y agrega que “además tuvimos la buena noticia de que la Corte Suprema rechazó el recurso de revisión que había planteado Entel, el que obviamente introducía ciertos ruidos sobre la sentencia original. Quedamos muy conforme de que la Suprema lo rechazó. Hubo un trabajo muy arduo de la FNE, especialmente en temas procesales porque era un recurso bastante curioso en la historia de la libre competencia”, sostiene.

Alegatos on net / off net


Por su parte, ayer finalizaron los alegatos en la Tercera Sala de la Corte Suprema, respecto de la venta en paquete de productos fijos y móviles, en el marco del recurso de reclamación presentado por la operadora Tuves en contra de las instrucciones de carácter general sobre esta materia, dictadas en enero pasado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En el proceso hicieron sus presentaciones Tuves, Nextel (representada por Carey y Cía), Netline y VTR (Ferrada&Nehme), Claro (Barros & Errázuriz), Entel (Barros Letelier & González), Telefónica (Pellegrini & Urrutia), la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la FNE. 

Felipe Irarrázabal asistió a los alegatos y señaló sobre este proceso que el organismo que encabeza “es bastante claro en el sentido de apoyar la instrucción general del TDLC tanto en los aspectos de on net/off net como en los aspectos de paquetización”. Con todo, explica que hay un aspecto que podría ser mejorado. “Creemos que podría ser apropiado introducir ciertas precisiones, específicamente la vigencia de las normas que se establecen en materia de paquetización, que éstas no terminen con la introducción de 4G, sino que se mantengan hasta que exista una regulación por parte de la Subtel que acoja los conceptos y la normativa que está vertida en las instrucciones generales”, explica y agrega que la instrucción dictada por el TDLC representa un aporte a las telecomunicaciones y la libre competencia y “quizás ese aporte podría ser aún mayor con esta precisión que permitiría un cierto equilibrio y juego entre estas instrucciones y la regulación sectorial que se pueda dictar a futuro”. 

Irarrázabal señala que están confiados en que la Corte Suprema debería acoger la posición de la FNE, la que a su vez es coincidente con la posición de la Subtel.


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2013/03/14

FNE: “Sería deseable tener un sistema de multas que sea porcentual respecto al tamaño de la empresa”

La Fiscalía Nacional Económica encargó un estudio a Deloitte sobre el efecto disuasivo de sus acciones entre abogados de libre competencia.

por verónica moreno



“Este informe surgió por la inquietud al interior de la Fiscalía Nacional Económica de hacer una revisión externa sobre cómo se está haciendo el trabajo”, dice el Fiscal Nacional Económico Felipe Irarrázabal, respecto del estudio que el organismo encargó a Deloitte acerca de la percepción sobre el efecto disuasivo de las acciones de la Fiscalía Nacional Económica entre abogados de libre competencia. 



Efecto disuasivo


La FNE busca a través de este informe tener un feedback de los distintos estudios jurídicos vinculados al área de libre competencia, especialmente acerca del efecto disuasivo que tiene la institucionalidad de la libre competencia en general y de la FNE en particular. 

“Es un tema muy relevante porque la disuasión implica todas aquellas situaciones o casos que se solucionan bajo la sombra de aquellos que efectivamente se ventilan. Esto hace que no lleguen a instancias de investigación sino que se resuelvan internamente (...) Eso es una externalidad positiva, porque los casos que nosotros tomamos señalizan al mercado los otros casos que son similares y entonces esas empresas y asesores externos producen un cambio en la forma de hacer negocios”, dice Irarrázabal. 

La encuesta contempló 44 preguntas cerradas en tres de sus principales áreas: fusiones, carteles y abusos de posición dominante. Irarrázabal señala que como una reacción inicial a las conclusiones del documento “nos da la impresión de que las instituciones están trabajando de manera seria y rigurosa y se están obteniendo resultados”, sostiene. 

En esa línea, del informe se extrae que un 68% de los encuestados califica como “correcto” el grado de intervención de la FNE en materia de fusiones y un 63% sostiene que el nivel de análisis que ha realizado el organismo es “bueno”. 

Sobre el grado de disuasión de fusiones con efectos contrarios a la libre competencia por parte de la institucionalidad de libre competencia en Chile, un 50% contestó que era bajo. 

En tanto, en materia de carteles un 59% respondió que el grado de disuasión que produce la institucionalidad de libre competencia es “alto”. 

Sin embargo, un 50% respondió que el grado de disuasión que producen las sanciones para casos de carteles es “bajo”. 

En ese sentido, Felipe Irarrázabal señaló que la magnitud de las multas debería ser en el sistema chileno “el disuasivo número uno, acá es bajo y eso está diciendo algo, respecto a la determinación de las multas o al diseño institucional de ellas” y agrega que en Europa las sanciones en esta materia corresponden a porcentajes respecto de las facturaciones de las empresas en un periodo determinado. “La posición de esta Fiscalía es que sería deseable tener un sistema de multas que sea porcentual respecto al tamaño de la empresa. Eso, a nuestro juicio, podría contribuir en tener un instrumento o un diseño institucional que sea más disuasivo respecto al que actualmente tenemos. En otras palabras, puede ser que US$ 20 millones ó US$ 30 millones no sea tan caro en el contexto de los beneficios que se obtienen con una infracción a la libre competencia. Y si eso es así, puede ser que eso no sea tan mal negocio, desde el punto de vista del monto de la multa”, explica. 



Delación compensada


En tanto, sobre la delación compensada, ante la pregunta si las reglas de esta figura son claras, un 50% respondió que está “de acuerdo” y un 55% señaló que recomendaría a un cliente postular a los beneficios de la delación compensanda “dependiendo de la operación” y un 64% señaló que cambiaría su respuesta anterior si no existiera riesgo de persecución penal en caso de carteles. 

En paralelo, sobre la pregunta si la delación compensada logra desestabilizar los carteles o inhibir su formación un 50% se mostró en desacuerdo y un 36% opina que sí logra desestabilizarlos. Irarrázabal sostiene que “hemos conversado con los creadores de la delación compensada en EE.UU., es una institución relativamente nueva y demoraron unos 6 ó 7 años en tener los primeros casos de delación compensada”, dice. 

Además agrega que “estamos muy proclives a fortalecer esta institución en lo que podamos, y es justamente en tratar de facilitar a los delatores que el tránsito dentro de la fiscalía, hasta que se acepte la delación compensada, sea lo más expedita posible. Creemos que la delación compensada tiene que ser el instrumento madre, principal, para desbaratar carteles, porque si no hay un costo altísimo por parte de la autoridad, de hacer investigaciones donde efectivamente no les digan cuáles son los computadores que tiene que ver o cuál es la conducta precisa que ocurrió respecto a los carteles, por ejemplo”. 

Además, el Fiscal Nacional Económico, puntualiza que sobre el tema de la aplicación del código penal en esta materia “creemos que con el tiempo se debería solucionar en la medida que los jueces respondan esa pregunta, hasta qué punto el código penal es válido en esa materia, es vinculante y obligatorio o puede haber dejado de serlo por la modificación de 2009”.


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