Le costó a la presidenta Michelle Bachelet reconocer los errores o los problemas que tenía su ambicioso plan de reformas. No le bastaron las alarmas encendidas el año pasado cuando aumentaba el rechazo a los principales cambios que impulsaba, mientras paralelamente la economía daba claros indicios de desaceleración.
Ni los reclamos de distintos sectores afectados, ni las cifras económicas, ni los resultados de las encuestas, eran razones suficientes como para alterar el rumbo. Por el contrario, la mandataria se mostraba decidida a continuar sin claudicaciones con sus propuestas de cambios profundos, desestimando los alegatos de que éstas pudieran afectar la marcha del país.
No fue una, fueron múltiples las ocasiones en que reafirmó que seguiría adelante con sus reformas. Fue lo que hizo, por ejemplo, cuando decidió enfrentar con especial firmeza a los empresarios en Enade, donde retrucando sus reiteradas críticas, manifestó que decir que no era el momento adecuado para realizar transformaciones por la desaceleración económica, era una falta de visión que Chile no se podía permitir.
Hasta que la cruda realidad fue tan fuerte, que la obligó a ceder, al punto de admitir precisamente lo que antes había negado.
Para ello fue necesario que Bachelet asumiera que la crisis de confianza que la tenían tumbada en las encuestas no era ajena a su plan de transformaciones, lo que finalmente la conminó a realizar el cambio de gabinete en que reemplazó a los ministros que lideraban junto a ella el proceso de cambios, por una dupla más pragmática, marcando con ello el inicio del giro que dio a conocer hace una semana.
El reconocimiento de que la realidad imponía renunciar a algunas de sus reformas o al menos modificar el ritmo, no fue una decisión que le resultara fácil, en parte por su profunda convicción de que éstas son necesarias para el país, como por el hecho de que responden a un compromiso que adquirió durante la campaña.
Pero optó por hacerlo, corriendo incluso el riesgo de generar ruido al interior de la Nueva Mayoría, luego de entender que no tenía otra opción que actuar con realismo, pero sin renuncia, de acuerdo a la forma como ella misma sintetizó la línea de la etapa que comienza.
No sólo falta de recursos
La idea más potente que quedó instalada luego de que la Presidenta anunciara que debía detener el acelerador en su plan reformista, fue que ello se debía a la falta de recursos como consecuencia de la desaceleración económica.
Pero aun cuando efectivamente destacó este punto como uno de los esenciales que impiden implementar los cambios, lo insertó dentro de un cuadro general de problemas que describió como las causas que hacen necesario frenar el proceso de transformaciones.
De hecho, al enumerar dichos problemas, lo primero que admitió fue que, por la incertidumbre que producen, las reformas no generaban la adhesión que se esperaba, reconociendo que ello se traducía en las encuestas, con lo que por primera vez, Bachelet aceptó que no era solamente un problema de que no se comunicaran bien.
Pero lo que para algunos resultó lo más significativo de su mea culpa, porque aparece como una causa en sí misma para cambiar el ritmo de las reformas, fue cuando aludió al déficit en la gestión para poner en marcha del proceso de cambios, admitiendo que se desestimó que no existía la capacidad para procesar modificaciones estructurales simultáneamente.
Tampoco Bachelet, al enumerar la última razón que hacía necesario el giro, se desentendió de los problemas políticos, refiriéndose al problema de la desconfianza, lo que se interpretó como un reconocimiento a que se había perdido la autoridad o la legitimidad para imponer un programa, si antes no recuperaba la confianza ciudadana.
Con otras palabras, en su descripción de las dificultades que hacen imposible continuar con el plan reformista al ritmo que se había planteado, la mandataria parece haber acogido la tesis del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, de que los problemas políticos no eran ajenos al mal momento económico que, en términos absolutos, es lo que obligó a frenar el proceso de cambios.
El papel de los ministros
Nadie desconoce ni en el gobierno ni entre los dirigentes políticos, que la llegada del ministro Valdés al gabinete fue determinante en la decisión de enmendar el rumbo. Tanto es así que a poco de asumir, decidió sincerar las malas cifras económicas, siendo el primero en plantear, derechamente, que por la falta de recursos se debían priorizar las reformas.
En su cruzada, en la que contó desde el comienzo con la complicidad del ministro del Interior, Jorge Burgos, intentó persuadir a los distintos actores políticos de la necesidad de terminar con la incertidumbre que producía el plan reformista, lo que encontró eco en algunos sectores, especialmente entre personeros de la DC, como también en el Partido Socialista, donde asumieron la tesis de la priorización.
Faltaba, no obstante, que la propia Presidenta Bachelet admitiera la necesidad de detener el proceso de cambios, lo que hasta hace una semana no se sabía si sería o no su determinación, puesto que luego de dos meses del cambio de gabinete, ella parecía distante sin que se supiera si sus ministros estaban actuando lo suficientemente empoderados como para imponer su criterio.
Hasta que finalmente confirmó que había asumido la postura pragmática de éstos, en lo que, de acuerdo a lo que indican quienes han estado cerca de este proceso, jugó un importante papel la llegada de Nicolás Eyzaguirre al comité político, porque dada la confianza que le tiene la mandataria, éste habría sido quien la persuadió a que no había otro camino que replantearse las reformas, en sintonía con el resto del equipo.
Las prioridades
Compleja es, en todo caso, la tarea que les espera en esta etapa a los ministros, quienes deberán conciliar el concepto de realismo sin renuncias, frente a lo cual uno de los más serios desafíos es conseguir aplacar las tensiones que este vuelco ha producido al interior de la Nueva Mayoría.
Como ha quedado claro, hasta ahora no está completamente definido cuáles serán las reformas que se postergarán, o cuales de aquellas en marcha podrían sufrir alteraciones en esta segunda etapa del gobierno.
Por tratarse de una de las reformas que demanda más recursos, en la única que ha habido algunas precisiones es en la que establece la gratuidad para la educación superior. En este tema se anunció que, pese a ser un compromiso al que no se ha renunciado, se cumplirá de manera más paulatina, poniéndose en duda la gratuidad del 100% en 2020, mientras se confirmó la exclusión de las universidades privadas que no pertenecen al Cruch para recibir el beneficio en 2016.
Esta es una de las situaciones que más complica políticamente al gobierno, porque entendiendo que fue una de las banderas de lucha de la campaña, no responder a lo prometido podría generar un peligroso malestar social, a lo que se suma la polémica desatada por la exclusión de los planteles privados donde estudia la mayor parte de los alumenos vulnerables.
Por eso, parte importante de los esfuerzos de los ministros estarán centrados en explicar que simplemente los dineros no alcanzan, tratando de comprometerse a que cualquier respiro se dedicará a este rubro.
Menos claro está lo que ocurrirá con la reforma laboral, porque aun cuando algunos apuntan que debería seguir su curso sin grandes cambios en el Senado, porque no demanda que el Estado desembolse dineros, no se descarta que dado el actual escenario económico, desde Hacienda se intente introducirle algunas modificaciones, considerando el impacto que los cambios propuestos pueden tener en el crecimiento. Dicha posibilidad topa, sin embargo, con el reclamo especialmente de los sectores más de izquierda del oficialismo, que han planteado mantener la reforma como está, prácticamente como requisito para la unidad de Nueva Mayoría.
En medio de este panorama, el compromiso programático que definitivamente parece postergado es el de contar con una nueva Constitución, porque pese a que Bachelet reiteró que se iniciará un proceso constituyente en septiembre, ella misma desestimó la idea de un plebiscito para ponerlo en marcha en esa fecha, indicando que éste se reducirá a diálogos con la ciudadanía para recoger ideas que podrían aportar a un debate que no se encauzaría hasta el próximo período presidencial.
El tema constitucional, que está a cargo del ministro Jorge Burgos, es el el único que el realismo a que apeló Bachelet ha tenido eco en gran parte de la coalición de gobierno, donde existe conciencia de que los tiempos no están para enfrascarse en polémicas por cambios constitucionales, porque si se trata de priorizar, otros son los compromisos que aparecen más urgentes.
Es por eso que será la definición de las prioridades en las otras reformas, lo que pondrá a prueba a los ministros del equipo político que Bachelet escogió para que liderara la etapa de realismo sin renuncia a la que ellos mismos la impulsaron.
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