Otra idea es modificar la discriminación entre inversionistas extranjeros y locales, estableciendo una tasa pareja de 35% en la tributación total.
Por sebastián valdenegro
Aplausos desde el mundo de los expertos tributarios sacó la señal de flexibilidad que realizó el lunes el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la línea de abrirse a perfeccionamientos técnicos -vía circulares pero sin descartar un cambio legal- en la reforma tributaria sin tocar las tasas ni la recaudación del proyecto.
Luego del anuncio, ya comenzaron a circular fórmulas entre los expertos para destrabar la aplicación del nuevo sistema impositivo. Y todas las miradas de los especialistas apuntan a la interacción de los dos nuevos regímenes de tributación que nacen del proyecto: el de integración parcial y el de renta atribuida voluntaria.
El primero establece un tributo corporativo de 27% con una tributación final de hasta 44,45% para los inversionistas locales y de hasta 35% para los internacionales que residen en un país con convenio de doble tributación; mientras que el segundo asume un impuesto de Primera Categoría de 25% y una tributación final de hasta 35%, aunque los contribuyentes deberán tributar en base a las utilidades generadas, no las recibidas.
La manera en que una estructura de empresas con sociedades relacionadas que tributen bajo los dos sistemas es el principal dolor de cabeza hoy de Hacienda y del Servicio de Impuestos Internos (SII), ad portas de que el organismo fiscalizador emita la próxima semana las 4 circulares que reglan dicho proceso.
El socio de Bustos y Cía, Claudio Bustos, argumenta que una solución sería de frentón eliminar el régimen de atribución de rentas, ya que “en términos generales se sabe” que los contribuyentes optarán “mayoritariamente” por integración parcial.
“La coexistencia de los dos regímenes, independientemente de los matices que puedan introducirse por la vía legal o administrativa, hará muy compleja y costosa la operatividad de los mismos para las empresas”, advierte.
El socio de Tax & Legal de BDO, Rodrigo Benítez, señala que “el” problema del proyecto es la existencia de los dos regímenes y propone desintegrar al actual sistema entre impuestos a empresas, por una parte, y un gravamen a los retiros, por el otro. “La medida legal que corresponde es optar por un solo sistema, que sea entendido y simple tanto para contribuyentes nacionales como internacionales”.
El socio del Área Legal y Tributaria de PwC, Luis Avello, propone eliminar el sistema de renta atribuida, dejando un solo sistema de tributación con una tasa corporativa de 27%, pero con una tributación máxima de 35%. “Para compensar eventuales bajas en recaudación, el gobierno podría pensar en adelantar el alza de la tasa de Primera Categoría, que debe llegar a 27% en 2018”, plantea.
Punto que apoya la socia de BC Abogados, Paola Cabezas, quien señala que algunos contribuyentes “prefieren” adelantar a 2016 la entrada en vigencia de la tasa del 27% en Primera Categoría, pero con la condición de mantener un sólo sistema. “Algunos preferirían pagar más antes que entrar en el caos de dos sistemas paralelos”.
La socia de Fuensalida y Del Valle, Carolina Fuensalida, sugiere que se “amplíe” la vigencia del sistema transitorio que rige los años 2015 y 2016 y citar a una comisión de expertos que aborde, en un plazo más extendido, un nuevo sistema de tributación único, con una tasa corporativa de hasta 25%. “El gobierno ha dicho que debe dar señales de reactivación de la economía. Y una tasa corporativa del 25% apunta más en ese sentido”, asegura.
Punto en el que coincide el socio de AVL Abogados, Christian Aste, para quien debe “prorrogarse” el actual sistema con una tasa del 25% y que el gobierno se abra a discutir con los equipos técnicos de los gremios un sistema “nuevo, que conjugue los objetivos de recaudación, ahorro, inversión y simplicidad”.
El socio de Guerrero Olivos, Sebastián Guerrero, plantea que debería “modificarse” la gradualidad de la reforma, estableciendo un tributo de 25% de manera “permanente” para ambos sistemas. “Debe eliminarse la renta atribuida, que es la causa principal de la complejidad de la reforma. Si se insiste en su mantención, es conveniente que el sistema de renta atribuida se limite sólo a sociedades formadas por personas naturales que no tengan filiales”.
El socio de AK Contadores, Patricio Gana, apunta a reducir los plazos para que una empresa migre de sistemas. “El ritmo de negocios hoy no permite esperar cinco años para cambiar”, advierte.
El “otro” flanco abierto
Para el asesor tributario de García, Magliona & Cía, Nicolás Alegría, un punto a analizar es una eventual eliminación de la “discriminación” entre el inversionista chileno y los extranjeros que residen en un país con tratado de doble tributación.
Tópico en el que coincide el abogado de RSM Chile Auditores, Cristián González. “Este es un tema que debe ser tratado en una reforma legal y no sólo a través de interpretaciones administrativas”.
Mientras que Hugo Hurtado, de Deloitte, plantea que la ley es “manifiestamente injusta” en este tópico.
“A mi juicio, este tema no puede corregirse por vía administrativa sino que es materia de ley, conforme lo establece nuestra Constitución”.
TRONCOSO: "LA REFORMA CONTIENE UNA SERIE DE IMPERFECCIONES"
Plantea postergar entrada en vigencia de la reforma, reemplazándola por el régimen transitorio actual.
POR SEBASTIÁN VALDENEGRO
"La reforma tributaria contiene una serie de imperfecciones que deben subsanarse, tanto para el éxito de la misma y el logro de las metas de recaudación esperada, como para el respeto del ordenamiento jurídico y los derechos de los contribuyentes frente al Estado". Así comienza un documento del abogado de Brent Abogados, Pedro Troncoso, donde aborda los distintos problemas de la reforma tributaria que deberán aclararse por la vía legal.
El texto dice que es "evidente" que imperfecciones de detalle pueden aclararse y mejorarse por potestad normativa del Servicio de Impuestos Internos (SII). Pero otras, añade, no pueden solucionarse por medios administrativos y requieren de reforma legal, a fin de preservar el respeto al Estado de Derecho y garantías constitucionales de los contribuyentes. El experto -que fue parte de la nómina final que ADP propuso a la presidenta Bachelet para nombrar a un director del SII en abril- señala que la reforma impositiva fue un cambio "copernicano" al sistema tributario que no sólo cambió las reglas del juego, sino que "cambió el juego mismo".
En ese sentido, afirma que el sistema hoy vigente -transitorio para los años 2015 y 2016- "terminó" con los vacíos que permiten la elusión y es "en sí mismo" un buen régimen. "Este sistema permitiría postergar un año más la entrada plena de la reforma, como por ejemplo se hizo con las normas IFRS, a fin de tener más tiempo y tranquilidad para implementar un nuevo régimen exitoso. Esto quizá y si las metas de recaudación lo permiten, ligadas siempre al desenvolvimiento de la economía", postula. Para no debilitar la meta de recaudación, Troncoso propone que recursos adicionales podrían obtenerse mediante iniciativas que "favorezcan" la tributación por el régimen especial para regularizar rentas en el exterior -conocida como repatriación de capitales- a una tasa preferencial de 8%.
Otra opción para enterar más recursos son soluciones para acogerse a la ventana transitoria para retirar recursos del FUT histórico a una tasa especial del 32% menos los créditos acumulados. "La gran ventaja (de ambas ventanas transitorias) está en encontrarse desligadas del menor crecimiento esperado para el PIB", expone el experto. Troncoso también postula que el SII tendrá "dificultades" en la fiscalización de los dos regímenes especiales de tributación. "Los funcionarios deberán seguir bajo la lógica del FUT y adquirir competencias en los nuevos sistemas para una adecuada fiscalización. Las mayores exigencias supondrán un mayor coste de los procesos de fiscalización respecto del Impuesto a la Renta, haciéndolo menos rentable", advierte.
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