¿Por qué es necesaria una nueva Ley de Bancos, cuál es su urgencia?,
-Nuestro saludable sistema financiero, se ha caracterizado por un robusto marco de regulación y supervisión. Hoy contamos con una industria bancaria solvente y líquida, capaz de responder a sus depositantes y contribuir a la estabilidad financiera del país.
Esta fortaleza se ha probado durante varias crisis internacionales, incluyendo la última gran crisis global, de 2008/09.
-¿Cuál sería, a su juicio, la mejor forma de cuidar ese activo?
-Esto es un activo para el país; pero como tal, hay que cuidarlo y actualizarlo, con una mirada hacia el futuro. Eso significa continuar adoptando las mejores prácticas internacionales y las normativas más avanzadas para seguir construyendo.
Hemos comprobado, dolorosamente a través de nuestra historia, que debemos tener sistemas de regulación y supervisión capaces de anticipar y que además contemos con instrumentos idóneos una vez que los problemas se han vuelto una realidad.
Las crisis en los mercados financieros son muy difíciles de predecir y por eso siempre tenemos que estar preparados. Entre todos los mercados, el financiero es, por lejos, el más dinámico en términos de riesgos y, además, el que tiene más impacto para la economía como un todo.
-¿Qué es lo que cree se debe modernizar en la ley?
-La modernización de la LGB, en tres aspectos relevantes, es un paso significativo en aras de la estabilidad financiera. El primer capítulo del proyecto fortalece el gobierno corporativo de la SBIF. Hace un tiempo ya era necesario hacerse cargo de los nuevos desafíos que plantea la regulación y supervisión moderna, que requiere una superintendencia organizada de un modo más a tono con los avances de los gobiernos corporativos a nivel internacional para este tipo de agencias.
-¿El marco actual no deja más espacios de mejora?
-Si bien hemos avanzado lo máximo que nos permite el actual, llegó la hora de perfeccionarlo y seguir fortaleciendo la independencia operacional, la forma de selección y remoción del superintendente, la protección legal del personal de la SBIF y la rendición de cuentas.
El segundo capítulo se refiere a la adopción de normas dirigidas a asegurar la solvencia de los bancos y la seguridad de los depositantes. En particular, me refiero a Basilea III, porque existe una necesidad de contar con más y mejor capital para seguir avanzando en el cierre de brechas internacionales.
Y, por último, en el tercer capítulo se aborda todo lo relativo a resolución bancaria. Esto es, reglas e instrumentos para enfrentar situaciones de riesgo extremo de las entidades, de modo que las soluciones sean de mínimo costo e impacto para el adecuado funcionamiento del sistema financiero.
-¿Hasta qué punto las nuevas normas regulatorias pueden impulsar una concentración en el número de bancos?
-De ninguna manera ocurrirá eso y por dos razones. Primero, tenemos una industria que ya tiene una legislación rigurosa, que nos pone muy cerca de las exigencias internacionales en materia de capital. De hecho, nuestro sistema bancario, como un todo, ya posee los niveles de capital de alta calidad para poder avanzar sin mayores dificultades en la adopción de las normas de Basilea III.
Segundo, porque el proyecto establece un período de transición para que las entidades adapten, en lo que sea necesario, sus actuales modelos a las exigencias que contemplará la nueva normativa. El Ministro de Hacienda ha sido muy enfático en plantear que la implementación de estos requerimientos de capital será con gradualidad.
-¿Qué opina sobre el "perímetro regulatorio" de la SBIF y el riesgo de que aumente el "shadow banking"?
-El llamado "shadow banking", con su mala traducción de "banca en la sombra", es un tema que preocupa a muchos reguladores en el mundo, y obviamente, Chile no ha sido la excepción. Esto se refiere a sectores en que la regulación no es tan intrusiva como en el sector bancario y, por lo tanto, pueden gestionarse riesgos justamente por esta suerte de arbitraje regulatorio.
Hoy el rango de la actividad de la SBIF opera sobre el principio de legalidad. Esto es, el rango se encuentra definido y acotado en la ley. Ahora, en tanto una actividad cumple con los requisitos legales que habilitan a la SBIF supervisar, o sea, cae dentro del perímetro, nosotros procedemos a la supervisión.
En esta línea, el rango regulatorio y de supervisión siempre se encuentra en constante evaluación. Pero hay que comprender que no se trata de correr el perímetro hacia delante o hacia atrás porque sí, sino que debemos identificar claramente los problemas, provenientes de estos sectores, y cómo se enfrentan de mejor forma dado nuestro actual esquema regulatorio y supervisor. Después de ese análisis, actualmente en curso, ese debiera proponer un cambio legal.
-¿Cuál es su definición de "banca sustentable"?
-En la SBIF lo estamos utilizando en el sentido más amplio del término. Es decir, es un concepto que define a las entidades capaces de proyectar el desarrollo de su negocio a mediano y largo plazo, que incorporan en su core business el desafío de construir relaciones de confianza con sus usuarios, y asumen la responsabilidad de crear valor social en su actividad.
Una banca sustentable entiende que los resultados financieros son importantes, pero que tienen que tener una perspectiva de largo plazo. En otras palabras, el propio negocio debe ser sustentable y esto implica un continuo trabajo de legitimidad y credibilidad con los usuarios financieros. La idea es que, tanto la realidad como la percepción, sea que los usuarios estén aprovechando los mercados financieros y no viceversa.
-¿Es posible un real esfuerzo público-privado para mejorar la educación financiera?
-Es imprescindible y estoy seguro de eso. Primero, por lo que señalé a propósito de la banca sustentable. El crecimiento de la industria en el mediano y largo requiere de usuarios con capacidad de relacionarse de igual a igual con las entidades financieras. La igualdad construye confianza y seguridad en la personas, lo que se traduce en validación social de la industria. La educación financiera es una herramienta clave para crear esas capacidades.
Segundo, las políticas de inclusión financiera deben ir de la mano políticas de educación financiera. Es su política espejo. No somos del todo exitosos si bancarizamos a un número importante de personas, pero no entregamos las habilidades para que puedan comprender, discernir y decidir qué es lo que mejor les conviene. O dicho de otro modo, cómo podemos transformar el acceso a servicios financieros en bienestar real. De lo contrario, sobreviene la frustración y el cuestionamiento del sistema.
Ahora, no basta la alianza público-privada como tradicionalmente se entiende. Se necesita de una alianza de la sociedad civil, los privados y el Estado. El rol que las organizaciones de consumidores cumplen es insustituible.
Estamos convencidos que la coordinación entre estos tres mundos se traducirá en un exitoso proceso de educación financiera. Desde la SBIF estamos trabajando con mucha convicción. Por eso, hoy es uno de nuestros pilares de desarrollo estratégico de la institución.
-¿Cuál debe ser el rol de la SBIF en materias de protección al consumidor y, como debiera relacionarse con el Sernac?
-Nuestro mandato institucional señala que debemos velar por la estabilidad financiera y la seguridad de los depositantes. Para ello, la ley nos confiere la posibilidad de mediar entre los usuarios y las entidades para resolver los conflictos que entre ellos se produzcan. Por otra parte, nuestra facultad regulatoria nos permite dictar normas dirigidas a mejorar diversos aspectos del servicio que las entidades prestan a los usuarios. Por ejemplo, uno de los temas que vivimos recientemente y que afectó a los usuarios bancarios fue el tema de los cajeros. Justamente, por eso hoy ya contamos con una normativa específica que exige un nivel de servicio mínimo del 95% de su horario total de trabajo.
Además, nuestro rol como supervisor nos habilita a ejercer distintas coordinaciones entre entidades frente a situaciones excepcionales que afectan a las personas. Un caso fue la huelga de los trabajadores de las empresas de valores, ocurrida este año, y que afectó a miles de personas.
Nuestra relación con el Sernac es de mucha coordinación. Pero obviamente, el desafío es ir avanzado en la complementariedad de los marcos legales que rigen nuestras instituciones, la LGB y la Ley de Protección al Consumidor.
-¿Cuál es su visión a futuro de la banca digital y los medios de pago?
-No cabe duda, que tanto la banca digital como los medios de pago electrónicos, son tendencias a las que no tiene sentido resistirse. Al contrario, hay que verlos como fenómenos de contínua modernización, que hay que aprovechar en beneficio de la industria y de los clientes de la banca.
La SBIF siempre ha estado muy disponible para colaborar en este proceso de modernización, sin perder de vista el necesario apego a criterios prudenciales orientados a preservar la estabilidad y confianza en el sistema financiero. Un buen ejemplo de ello es el actual proyecto de ley que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondo por entidades no bancarias; es decir, lo que se denominan tarjetas de prepago. Éste es un proyecto que hemos empujado fuertemente y que tiene muchos beneficios en términos de inclusión financiera, seguridad en las transacciones, pagos de subsidios sociales, entre otros.
- Los lineamientos planteados en la LGB sugieren un gobierno unipersonal, esto contrasta con lo observado en otras economías, ¿por qué el caso de Chile es diferente?
Hay un cierto grado de desconocimiento al respecto, ya que hoy existen varios ejemplos muy buenos, tanto por el lado de los gobiernos unipersonales como los colegiados; incluso los que se encuentran dentro de los bancos centrales. Son varios los países que cuentan con una autoridad unipersonal y se encuentran a la vanguardia de las mejores prácticas internacionales. Un buen ejemplo de ello es Canadá, país que cuenta con los indicadores de solidez bancaria más altos del mundo, según el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Por lo tanto, hoy no existe una única fórmula internacionalmente aceptada. Depende de la realidad institucional de cada país, de su historia y de las lecciones que de ella derivan.
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