Reforma laboral al pizarrón

Si hay una huelga en el Metro de Santiago, ¿bastará con un turno de emergencia para funcionar? O, ¿qué ocurrirá con el no reemplazo en huelga en sectores que podrían enfrentar riesgos sanitarios como la acuicultura? Éstas son algunas de las dudas que empresarios y economistas plantean sobre el proyecto que se discute en el Congreso. A continuación, los casos que esperan respuesta.

Por Jorge Poblete
Ilustraciones: Ignacio Schiefelbein

Metro en hora punta

Miles de personas recorriendo las calles de Santiago, no para celebrar un triunfo deportivo ni como parte de una manifestación. Ésa es la imagen que se pudo observar la mañana del viernes 14 de noviembre de 2014 cuando, tras una falla eléctrica, cientos de miles de usuarios del metro dejaron de contar por varias horas con el tren urbano de Santiago y debieron caminar en búsqueda de una alternativa para llegar a sus trabajos. Se trató de una de las peores escenas de caos vial desde el inicio del Transantiago, una que estos días ha sido recordada en un contexto muy distinto: la discusión de la reforma laboral.

El economista Bernardo Fontaine, ex director de Metro e impulsor de la plataforma “Reforma a la reforma”, plantea que el proyecto de ley –que en términos generales propone disponer de servicios mínimos a través de equipos de emergencia en casos de huelga–, no aborda suficientemente casos de servicios sensibles como el del tren subterráneo.

“En el metro no puede circular un carro por hora, por lo tanto, hoy una huelga va a significar paralización, lo que produce un problema para los ciudadanos, los consumidores, los usuarios, que en el caso de Metro es muy evidente, o en cualquier línea de Transantiago”, dice.

Fontaine dice también que, para este caso, el Ejecutivo tampoco ha definido si el tren urbano será considerado un servicio estratégico, donde no estarán autorizadas las huelgas para sus 3.600 empleados, a los que se suman 5.300 trabajadores externos. Esto lo diferenciaría de otros puntos críticos como el aeropuerto de Santiago, “que sí puede ser considerado estratégico: dentro de los servicios que tienen que ser mínimos como la electricidad y el agua”, dice el economista.

Desde el Ministerio del Trabajo no se refieren al caso específico de Metro, pero explican que la iniciativa que se discute en el Congreso, en la que se incluye el fin del reemplazo en huelga, es parte de los compromisos adquiridos por el país luego de la ratificación de los tratados internacionales sobre derechos humanos y los Convenios de la OIT, lo que además ha sido ratificado por la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema. “En el proyecto de ley se consagra la huelga como un derecho fundamental de los trabajadores y consustancial al principio de libertad sindical. Como consecuencia de esta consagración, se pone fin a la figura del reemplazo de trabajadores en huelga”, dicen.

Salmones sin supervisión

Fue en marzo pasado, durante la erupción del volcán Villarrica, cuando cuatro compañías con operaciones en la zona solicitaron al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) una autorización a propósito de la alerta: evacuar preventivamente nueve pisciculturas que contenían millones de peces en fase juvenil, dado el riesgo medioambiental que podría sufrir el agua que los abastece. Riesgo que, a su vez, podría haber derivado en mortandad de ejemplares.

Precisamente los riesgos para el medioambiente asociados a la producción de salmones, es uno de los puntos que el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Juan Pablo Swett, pide considerar en la discusión: “Un tema con el reemplazo en huelga es que no considera la realidad de muchos sectores productivos del país, por ejemplo, el sector de los salmones, que está asociado a un problema sanitario enorme”.

“No puede existir no reemplazo en huelga en el sector salmonero por un tema sanitario, porque hay que alimentar a los salmones y hacerles mantención y eso no está cubierto por los servicios mínimos de los que habla el Gobierno”, recalca el dirigente.

El presidente de la Confederación del Comercio Detallista, Rafael Cumsille, advierte que estas consideraciones medioambientales también se extienden a otros sectores productivos, como la agricultura: “Si usted quiere llevarlo a un agricultor, imagínese cuando se están cosechando cerezas. Una empresa de mayor tamaño es más fácil que soporte el no reemplazo en huelga, pero no los pequeños agricultores”.

Frente a este escenario es que la Cámara Nacional de Comercio propone una salida: solicitan que, en este segundo trámite parlamentario, se incorpore dar un plazo de 15 días antes de iniciar una huelga, de manera de atender necesidades y compromisos urgentes de la compañía, y así anticipar situaciones críticas.

Turismo en distintos horarios

Los turistas que visitan San Pedro de Atacama durante la temporada de verano, saben que el entorno es el que manda para conocer los atractivos del lugar: deben levantarse de madrugada para observar la energía de los géiseres del Tatio al amanecer, luego permanecer a la sombra o en la piscina en las horas de más calor, y esperar al atardecer para subir una cuesta y disfrutar de la puesta de sol en el valle de la Luna.

Estas consideraciones propias del sector turístico son las que Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, espera se incorporen al debate sobre adaptabilidad laboral incluido en la reforma laboral, que postula que sólo las empresas que tengan el 30% de su personal sindicalizado podrán tener cuotas de flexibilidad. A más rigidez, explica Mewes, se requerirá de diferentes turnos para cumplir estas funciones, lo que podría encarecer la oferta y hacerla menos competitiva respecto de los países vecinos, dice.

Y menciona otro ejemplo: “En Punta Arenas, cuando hay que recibir a un crucero con mil personas que llegan un domingo en la tarde, lo habitual es que se encuentren con que está el comercio cerrado, los restaurantes muchas veces lo están también y no hay paquetes que puedan considerar a este flujo de turistas, que dejan importantes ingresos para la región, por la rigidez en las normas laborales”.

Mewes pone otro punto. “¿Pero qué pasa con aquellas empresas que, por el criterio de la ley, no necesitan tener sindicatos? Éstas no están accediendo al tema de la adaptabilidad para poder negociar con su empleador los mejores horarios y otros elementos del contrato de trabajo”, dice.

Por ello, propone eliminar los quórums para negociar adaptabilidad en las grandes empresas y permitir que, en el caso de las pequeñas, estas condiciones se puedan acordar entre el empleador y los trabajadores.

Este punto también es abordado, desde otra perspectiva, en una encuesta recientemente publicada por la Universidad Adolfo Ibáñez, donde se entrega un ilustrativo dato: un 55% de los empleados dice estar dispuesto a flexibilizar sus jornadas y trabajar menos durante unas semanas del año, a cambio de aumentar la carga laboral en otras. Una opinión radicalmente contraria en este punto tienen los sindicatos portuarios, forestales y mineros que en abril organizaron protestas en contra de la flexibilidad laboral, entre otros puntos.

Misma función, diferentes beneficios

Dos encargados de soporte de una empresa, con los mismos estudios, igualmente capacitados, con la misma antigüedad en la compañía y que cumplen la misma función, podrían verse en la situación de recibir diferentes beneficios si uno está sindicalizado y el otro no. El motivo: uno de los puntos del proyecto considera que beneficios que hoy son extensibles a todos los funcionarios, hoy se restrinjan a los empleados sindicalizados, con el propósito de potenciar a estas organizaciones.

Para Bernardo Fontaine, este caso –aplicable también a dos empleados de la construcción o de cualquier otro rubro– es una contradicción de la ley: “Se dice que estamos por un Chile inclusivo y lo primero que hace la ley es excluir a los que no están en el sindicato. Eso es contra toda la tendencia internacional de dar más beneficios a más gente”, explica.

El trabajador no sindicalizado, además, pierde su derecho a ir a huelga, lo que se suma a la eliminación de los grupos negociadores en función de favorecer el rol de los sindicatos. “Es un contrasentido, porque se dice que queremos trabajadores más empoderados, con más fuerza y más derechos, y lo primero que hacemos es quitarles un derecho”, recalca Fontaine.

Volver a trabajar

Los trabajadores sindicalizados ya no podrían decidir individualmente si quieren restarse de una huelga en caso de que mejore la oferta del empleador. El fin de la posibilidad de “descolgarse” es criticado por Juan Pablo Swett, quien asegura que, “cuando hay cuatro dirigentes sindicales que no quieren descolgarse de la huelga, pero los otros 46 trabajadores sí, pesa mucho más la decisión de los cuatro dirigentes. Eso claramente deslegitima la democracia al interior de los sindicatos”.

Una visión similar tiene Fontaine respecto de la propuesta del Ejecutivo: “Hoy los trabajadores tienen el derecho a descolgarse de una huelga después de los 15 o 30 días, según como hayan sido los términos de la negociación. Entonces, resulta que eso se acaba y los trabajadores van a estar obligados, si se votó la huelga, a permanecer”.

Sobre este punto, en el Ministerio del Trabajo afirman que “la titularidad no implica una afectación al principio de libertad sindical, ya que el trabajador puede afiliarse al sindicato, desafiliarse libremente, crear un nuevo sindicato, ser parte de un acuerdo de extensión o bien, no afiliarse a ningún sindicato y negociar en forma individual con su empleador”. •••