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2016/05/26

Empresariado en alerta por agenda laboral paralela, tras el fallo del TC por reforma

La falta de definiciones del gobierno mantiene preocupado al sector privado, ya que algunas propuestas podrían avanzar equivocadamente o retroceder.La falta de definiciones del gobierno mantiene preocupado al sector privado, ya que algunas propuestas podrían avanzar equivocadamente o retroceder.

Por Karen Peña
Empresariado en alerta por agenda laboral paralela, tras el fallo del TC por reforma
Si bien el empresariado apuesta por “dar vuelta la página” frente a una entrampada reforma laboral y prepararse para una legislación que aún mantiene las dudas, no dejan de quitarle la mirada a los otros proyectos del mundo del trabajo que se encuentran en el Congreso y que, de alguna u otra forma, dependen del desenlace de la polémica reforma estructural del Ejecutivo.
La falta de definiciones en la que se encuentra el gobierno tiene preocupado al mundo empresarial, ya que podría acarrear como consecuencia que algunos proyectos retrocedan respecto de lo avanzado, adquieran un rumbo equivocado desde su óptica o, en definitiva, se detengan, como ocurrió con el proyecto de adaptabilidad en turismo que fue “pausado” el año pasado por petición de Hacienda en medio del debate laboral, y que finalmente vio la luz el pasado 2 de mayo luego que la Cámara de Diputados ratificara la propuesta de la comisión mixta, según comenta un dirigente gremial.
Días antes de que el Ejecutivo anunciara el veto y una ley corta como la fórmula para revertir el desfavorable fallo del Tribunal Constitucional (TC), el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, ya comentaba que su inquietud estaba en los proyectos que obedecen a mociones parlamentarias y que podrían ser eventualmente muy complejos para el sector. “Y ahí estamos hablando de subcontratación, polifuncionalidad, que son temas que podrían volver a abrirse. Estoy muy cauto, muy atento a lo que vaya a decir el gobierno, para ver cómo va a quedar armado este proyecto (reforma)”, decía el dirigente.
“Atentados” a la libertad
Desde la oposición explican que entre las iniciativas que siguen moviéndose en el Congreso y que van contra las señales del propio gobierno, está el de polifuncionalidad y subcontratación. En el primer caso, la iniciativa -aprobada en primer trámite por los diputados y actualmente radicado en la comisión de Trabajo del Senado- es vista como un duro golpe a las pymes porque no podrían hacer frente a un incremento desproporcionado en mano de obra. Además, sería “un claro atentado” a la libertad de contratación de los trabajadores, según un asesor de la oposición.
Mientras, al proyecto que busca regular la subcontratación de labores inherentes al giro principal de una empresa, que fue aprobado en primer trámite por la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, se le ve como un texto que atenta contra el derecho de las personas a desarrollar actividad económica, comenta la misma fuente
Otra iniciativa es la que permite extender la indemnización por años de servicio a herederos del trabajador fallecido que fue aprobado el 5 de mayo en la Sala de la Cámara en primer trámite y que hoy está en tabla de la comisión de Trabajo del Senado. Las críticas apuntan a que este proyecto encarece la contratación y podría convertirse en una barrera de entrada para determinado tipo de trabajadores que buscan incorporarse al mercado laboral, como la tercera edad o quienes padecen ciertas enfermedades.
Y si bien hay mociones en discusión, el oficialismo espera que en los próximos días el gobierno les informe las prioridades en cuanto a las iniciativas propias del Ejecutivo, como la AFP estatal. Según el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Patricio Vallespín, durante semana subsiguiente habría más claridad en cuanto a la agenda laboral que trabajarán en los próximos meses.

XIMENA RINCÓN ADVIERTE: "PODRÍAMOS NO HACER NADA, PERO SERÍA UN CAOS"

Uno de los efectos prácticos del requerimiento de la oposición y de la sentencia del Tribunal Constitucional es que dos o tres trabajadores puedan constituir un grupo para negociar, con derecho a huelga, fuero sindical y la posibilidad de firmar pactos de adaptabilidad.
Esta lectura tienen asesores del gobierno, académicos y expertos laborales. También la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, quien sostuvo que "con el fallo del TC, ha quedado completamente desregulada la negociación colectiva". Y advirtió: "Podríamos no hacer nada, pero sería un caos".
Por eso el gobierno sigue analizando las implicancias del fallo del tribunal, "que representa una complejidad que tenemos que abordar", agregó Rincón.
La secretaria de Estado sostuvo que el Ejecutivo no tiene considerado suspender la tramitación de la reforma laboral y que está buscando encontrar "lo antes posible" la fórmula que permita equilibrar el proyecto, ya sea con el veto, una ley corta o la combinación de ambos.

DC insiste en reforma constitucional Luego de conversar con la ministra Rincón, la presidenta de la DC, Carolina Goic, reiteró que "la solución definitiva para dotar de titularidad a los sindicatos es una reforma constitucional, posicionaría como corresponde al sindicato, por sobre el grupo negociador".
La senadora puntualizó, eso sí, que la reforma presentada por parlamentarios de la colectividad "puede modificarse", respondiendo a líderes de la Nueva Mayoría, que consideran "insuficiente" la propuesta, porque no establecería "claramente" la titularidad.
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2016/05/19

Reaparece dupla Burgos-Valdés en el debate laboral, tensionando al gobierno y a la NM


Por Narayan V. Caviedes
Reaparece dupla Burgos-Valdés en el debate laboral, tensionando al gobierno y a la NM
El fallo del Tribunal Constitucional “es complejo”. Así lo reiteró el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien reconoció que el análisis de las 325 páginas que redactó el TC “ha tomado más tiempo del esperado”. Pero no sólo eso ha demorado, también definir el camino legislativo con el que el gobierno pretende “equilibrar” nuevamente la reforma laboral, ahora sin titularidad sindical ni extensión de beneficios por afiliación al sindicato.
La fórmula que pensó el Ejecutivo fue veto presidencial más una ley corta. Dicho mecanismo nunca convenció a todo el comité político. La que resolvió fue la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, la batalla de Valdés por “eliminar” el veto no ha terminado. Ayer en La Moneda reiteró que lo mejor es retirar el proyecto que suprime los pactos de adaptabilidad y el aumento en los quórum para que los sindicatos negocien.
A la postura de Valdés adhirió, según afirmaron fuentes de gobierno, el ministro del Interior, Jorge Burgos. Ambos consideran que el sindicato puede mantener la titularidad para promover flexibilidad laboral con sus empleadores, “siempre y cuando a esa lectura se sume la oposición”. El titular de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, respaldaría esta tesis.
En la vereda opuesta se encuentra la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, quien tiene el apoyo del vocero de gobierno, Marcelo Díaz. En la reunión que se desarrolló en La Moneda, la ex senadora insistió que “el camino óptimo” es el veto. No sólo porque otorga “tiempo” para definir la mejor estrategia, sino porque la lectura en Trabajo es que el fallo del TC “no permite establecer diferencias entre un sindicato y un grupo negociador”.
Sólo un pacto entre el oficialismo y la oposición, sobre titularidad sindical para adaptabilidad facilitaría el retiro del veto. En esa tarea está el ministro Valdés, quien sostuvo ayer conversaciones con parlamentarios de la NM. También con el presidente de la UDI, Hernán Larraín, para disuadirlo y avanzar en un acuerdo político. Chile Vamos insiste en que la resolución del tribunal permitiría que grupos negociadores suscriban pactos de flexibilidad.
Reforma constitucional
En las filas de la NM pierden la paciencia con la indefinición del gobierno, no tanto con los contenidos para “reequilibrar” la reforma laboral, sino que con los procedimientos. La bancada de senadores del partido de la Presidenta, el PS, tomó nota de las diferencias al interior del Ejecutivo y llamó “a que se lleve a votación y se apruebe prontamente el veto supresivo presentado por la mandataria”.
Para el PS, agregó el comité, “es inaceptable que los grupos negociadores puedan convenir pactos de adaptabilidad o que puedan extender beneficios, ya que se podría prestar para graves abusos”.
Los senadores socialistas aseguraron, además, que su compromiso “es recuperar la titularidad sindical a través de una reforma constitucional”, en sintonía con el proyecto presentado por senadores de la DC. La opción genera cada día más respaldo al interior del oficialismo. Eso sí, con algunas salvedades, como la expresada por la senadora del PPD, Adriana Muñoz, quien sostuvo que si una modificación o una ley interpretativa al inciso quinto del artículo 19 N°16 de la Constitución no se concreta, lo mejor es abandonar la tramitación de la reforma laboral.
“Si eso no prospera por los altos quórum, mi opinión es retirar el proyecto, porque tiene muchos retrocesos y pocos avances”, expresó.
CUT SE DIVIDE POR REFORMA CONSTITUCIONAL
La relación entre algunos senadores de la DC y la CUT fue tensa durante la tramitación de la reforma laboral. Pero ayer en el Congreso hubo abrazos luego de la reunión que sostuvieron la presidenta de la central, Bárbara Figueroa, los senadores Andrés Zaldívar e Ignacio Walker y la presidenta de la colectividad, Carolina Goic.

"Estamos en un camino de sintonía respecto de reponer la titularidad sindical", afirmó Figueroa, en referencia al proyecto de ley presentado por el comité DC, que busca modificar la Constitución y establecer que la negociación colectiva se ejerce a través de los sindicatos.

"Con el fallo del TC, se abrió una puerta para el caos en materia de organización sindical. Si eso quiere la derecha con tal de desfavorecer al sindicato, que lo sincere", agregó la dirigenta, emplazando a Chile Vamos a respaldar la propuesta de la Democracia Cristiana.

Más crítico y desconfiado se mostró el vicepresidente de la multisindical, Nolberto Díaz, quien afirmó que Walker y Zaldívar "chantajearon la reforma, incluyeron letra chica y criminalizaron la huelga. ¿Ahora van a reponer la titularidad sindical?".

Díaz agregó que si el gobierno se mantiene en la indefinición sobre la reforma laboral, la CUT exigirá el retiro del proyecto en el paro nacional convocado para el martes 31 de mayo.
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2016/05/03

Gobierno se enreda con los plazos y la fórmula para modificar la reforma laboral y reponer la titularidad

Ejecutivo esperará el fallo del TC para despejar el camino. Sólo una cosa clara tiene, por el momento, el oficialismo: equilibrar el proyecto y reabrir el debate de adaptabilidad y los quórum.

Por Equipo Economía
Gobierno se enreda con los plazos y la fórmula para modificar la reforma laboral y reponer la titularidad
Los asesores de los ministerios, los partidos políticos e, incluso, el equipo jurídico que defendió la reforma laboral en el Tribunal Constitucional (TC). Todos en el gobierno analizan cuál es el mejor camino para reponer la titularidad sindical y “reequilibrar” el proyecto.
El uso del veto presidencial es una de las opciones. El problema es que el tiempo no juega a favor de La Moneda. El tribunal tiene hasta el 9 de mayo para entregar el contenido de su resolución. El plazo para utilizar el veto vence un día antes, el 8 de mayo.
Esa restricción limita la cobertura de dicha opción, ya que -desconociendo el fondo del fallo del TC- el Ejecutivo difícilmente podría incorporar la titularidad o la extensión de beneficios por afiliación sindical, los dos elementos impugnados constitucionalmente por el TC a petición de Chile Vamos.
Por eso en La Moneda, el discurso de este lunes fue claro. Al término del consejo de gabinete, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, señaló: “Una vez que tengamos todos los antecedentes vamos a evaluar cuál de aquellas herramientas que nos entrega el ordenamiento jurídico vigente vamos a utilizar”.
Palabras a las que se sumó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien afirmó que “el gobierno está analizando la situación y no ha tomado ninguna decisión al respecto”.
Ambas autoridades discreparon con la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, quien el viernes pasado aseguró que La Moneda ya había tomado una decisión y esa era el veto presidencial.
De hecho, los asesores del Ministerio del Trabajo siguen despejando el camino para utilizar dicho instrumento, aunque también “analizan otras alternativas”. Rincón dijo que el uso del veto es para “reequilibrar” la reforma, modificando o eliminando algunos aspectos que, para un sector de la Nueva Mayoría, son “garantías” entregadas a los empresarios, como el aumento en los quórum para la creación de sindicatos o los pactos de adaptabilidad.
El gobierno desconoce en qué posición quedarán los sindicatos respecto de los grupos negociadores, como vehículos para la negociación colectiva de los trabajadores. Por eso no podría incluir la titularidad sindical y la extensión por afiliación en el veto presidencial. Según comentaron desde el equipo jurídico convocado para la batalla en el TC, lo relevante del fallo es conocer cómo fundamentan sus integrantes, las prevenciones que puedan realizar sobre las normas impugnadas e, incluso, las afirmaciones que puedan incluir en el voto.
En consideración de esos elementos, es que varios dirigentes de la Nueva Mayoría plantearon, en el comité político en La Moneda, que el camino más óptimo es un proyecto de ley que considere las objeciones del TC para “no hacer una cosa a ciegas”, según expresó el senador de la DC, Andrés Zaldívar.
Sin “amarrarse” con veto o ley corta, el parlamentario dijo que lo relevante es “evitar que la reforma quede coja”, es decir, sin el fortalecimiento sindical vía titularidad.
Un nuevo debate
Los presidentes de la Cámara, Osvaldo Andrade (PS), y el Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), concordaron en que el período de vacancia (el tiempo que media entre la publicación de una ley y su entrada en vigencia) de la reforma laboral es “una ventana” para modificar el proyecto de ley.
Son seis meses para que el oficialismo modifique los aspectos objetados por el TC y “las contraprestaciones” incorporadas en el proyecto, como la adaptabilidad laboral y el incremento de los quórum. También los “servicios mínimos” y el descuelgue, como lo solicitó el presidente del PC, Guillermo Teillier.
Eso sí, “cualquiera sea la fórmula, será previamente informada a la Nueva Mayoría, para tener una respuesta unívoca al proyecto” fue el compromiso que, según el diputado Andrade, adoptó el gobierno. La idea es evitar nuevamente las pugnas y conflictos al interior del oficialismo.

EMPRESARIOS APOYAN BÚSQUEDA DE ACUERDOS PERO EL GOBIERNO INSISTE EN CERRAR DEBATE PRONTO
La declaración a Diario Financiero del presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, donde plantea que la determinación del Tribunal Constitucional (TC) respecto a la reforma laboral abre la oportunidad de volver a dialogar y buscar puntos de encuentro, tuvo eco en el mundo político y empresarial.

Su par de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, expresó que el fallo del TC efectivamente "abre una oportunidad de consensuar posiciones y aunar criterios de modo de introducir mejoras a esta reforma que, tal como está planteada, no responde a las necesidades del Chile de hoy".

Otro dirigente empresarial que le dio un espaldarazo al planteamiento del timonel de los industriales fue el líder de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). Ricardo Mewes aseguró que ahora "se abre una tremenda oportunidad de volver a sentarse a la mesa a conversar con el gobierno, con los trabajadores". Mewes agregó que esta es una reforma importante y profunda, por lo que claramente genera incertidumbres. Por esto, dijo, "nos mostramos más que dispuestos a buscar puntos de encuentros con el gobierno, los trabajadores y con quien sea necesario. Somos partidarios de que nos tomemos el tiempo necesario para que ésta sea la mejor reforma para todos".

Para el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Segismundo Schulin-Zeuthen, se abre nuevamente la opción para construir una auténtica reforma laboral. Aseguró tajante que "el actual proyecto no es una reforma laboral, ya que se limita a abordar aspectos como la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga. La rigidez laboral que niega oportunidades de empleo perjudica especialmente a los grupos vulnerables y lo mismo ocurre con el bajo nivel de educación y capacitación de nuestra fuerza laboral".

Mientras, en el gobierno optaron por poner paños fríos a la ventana que podría abrir el fallo, pese a compartir la voluntad de sentarse a conversar. Según explicó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, "siempre dialogar es bueno, pero llevamos mucho tiempo en esto y queremos ya cerrar capítulos, estamos trabajando en los últimos cambios que tenemos que proponer dado lo que falló el tribunal". A juicio de Valdés, si bien es positivo conversar, "los márgenes de maniobra luego que se ha votado tanto no es para reabrir "demasiados temas". "Ya se hicieron las conversaciones durante un año y medio, logramos equilibrios políticos muy complejos de lograr y tenemos que mantenerlos", añadió.

Desde la vereda parlamentaria, el senador de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldívar, apuntó que "lo más importante es que se debe buscar un acuerdo para que realmente la reforma pueda ser efectiva y se pueda promulgar, solucionando los temas constitucionales".

El senador socialista Carlos Montes sostuvo que "tienen que ser más serios. Si quieren realmente discutir un marco más global, tienen que partir aceptando cosas que son del ABC del respeto de los derechos colectivos".
OFICIALISMO BUSCA "GANAR TIEMPO": ZALDÍVAR PEDIRÁ ACLARAR PLAZO PARA VETO
Hay dos artículos de la Constitución que son claros respecto de los plazos que tiene el gobierno para presentar, en el Congreso, el veto presidencial. Uno de ellos es el 73, que señala que "si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes (el veto), dentro del término de treinta días".

El otro, el artículo 93 de la Carta Fundamental, establece que "el requerimiento (presentado en el TC) no suspenderá la tramitación del proyecto; pero la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido".

Considerando ambos apartados, La Moneda tiene hasta este domingo 8 de mayo para ingresar el veto al Parlamento, escenario que, según reconocen en los ministerios de Hacienda y Trabajo, complica mucho las opciones de escoger esta herramienta.

Por eso, al interior del gobierno y del equipo jurídico que defendió la reforma laboral en el TC, liderado por el abogado laboralista Francisco Tapia, estudian opciones para modificar dicho plazo.

Por ejemplo, a nivel parlamentario, el senador de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldívar, sostuvo que "soy bastante crítico a la interpretación que se está dando, que el plazo de 30 días del veto corre desde el momento que se despachó el proyecto desde el Congreso", es decir, desde el viernes 8 de abril.

Por eso, el legislador pedirá a la comisión de Constitución del Senado, que elabore un informe para aclarar desde cuándo corre el plazo.

Lo lógico, a su juicio, "es que corra desde el momento en que la ley está en condiciones de ser promulgada".
Lo ideal, según reconocen en la Nueva Mayoría, es que el Tribunal Constitucional entregue antes del lunes 9 de mayo, el contenido del fallo que eliminó la titularidad sindical y, parcialmente, la extensión de beneficios por afiliación al sindicato, dos pilares del proyecto.

Eso sí, admiten también que es "muy difícil" que el TC "analice si quiera" esa opción, ya que mantendría un criterio político sobre la reforma.
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2016/05/02

Francisco Díaz no descarta cambios mayores en la reforma laboral: “Hay que revisar los quórum y los pactos de adaptabilidad”

Fallo del Tribunal Constitucional (TC) reabriría el debate legislativo de algunos elementos sensibles para el empresariado, como la flexibilidad, adelanta el subsecretario del Trabajo.

Por N. V. Caviedes y K. Peña
Francisco Díaz no descarta cambios mayores en la reforma laboral: “Hay que revisar los quórum y los pactos de adaptabilidad”
Uno de los efectos indeseados del fallo del Tribunal Constitucional (TC) sería reabrir el debate laboral en el Congreso, con todo lo que ello implica: "cocinas", el cálculo político y las negociaciones en los pasillos. El veto presidencial que utilizará el gobierno no sólo buscaría restituir la titularidad sindical -con una fórmula distinta a la propuesta originalmente- y la extensión de beneficios por afiliación al sindicato; también podría modificar aspectos muy sentidos para el mundo empresarial, como el aumento en los quórum para la creación de sindicatos y, especialmente, los pactos de adaptabilidad, esa flexibilidad laboral que hace varios años buscaban los gremios del sector privado.

La reapertura del debate en el Congreso se debería, según explica el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, al eventual "desequilibrio" con el que terminaría la reforma laboral, luego de su paso por el TC, particularmente por la eliminación de uno de sus pilares estructurales: la titularidad sindical.

"Cuando hablábamos de pactos de adaptabilidad, lo hacíamos en el entendido que se fortalecían a los sindicatos", sostiene Díaz, quien añade: "Si uno propone adaptabilidad con fortalecimiento, y se cae el fortalecimiento, uno tiene que legítimamente revisar la adaptabilidad". El otro aspecto que sería nuevamente examinado en el Parlamento sería la norma que eleva los quórum para la creación de sindicatos y para la negociación colectiva, otro "pequeño triunfo" de los empresarios en el debate laboral.

De esta forma, el veto presidencial se traduciría en cambios mayores a lo aprobado por el Congreso, que nuevamente deberán ser analizados y votados por legisladores que demostraron muy poca capacidad para lograr acuerdos durante el año y 4 meses que estuvo la reforma en la Cámara de Diputados y el Senado.

Otro de los efectos indeseados de la resolución del TC es, según advierten en La Moneda, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nuevamente "llamará la atención" al Estado chileno por no nivelar su legislación laboral con los estándares internacionales, donde la titularidad sindical es ampliamente reconocida "en el mundo civilizado".

De hecho, Francisco Díaz se reunirá hoy en Colombia, con el director general de la OIT, Guy Ryder. "Probablemente uno de los temas será el fallo y una explicación tendré que darle", anticipa el subsecretario del Trabajo, quien responsabilizará a la Constitución y a la existencia del actual TC por la imposibilidad de incorporar la titularidad sindical a la legislación local.

Eso sí, el abogado no se confunde y puntualiza que es partidario de la existencia de tribunales constitucionales.

Díaz, al igual que el equipo jurídico que defendió la reforma en el TC, está convencido que el concepto de libertad sindical promovido por el Ejecutivo es el que se respeta en todo el mundo.

Si bien el personero de gobierno respeta el fallo del tribunal, lamenta que sus integrantes "dieran una lectura ideologizada a la Constitución". Sobre la Carta Fundamental, Díaz asegura que "no garantiza un pluralismo de ideas". Por eso confía en que, en el proceso constituyente, las libertades colectivas tengan un lugar privilegiado en la lista de prioridades ciudadanas

- ¿Cuál es su lectura general del fallo del TC?

- Es un fallo que se acata y se respeta, pero se lamenta. Creemos que es una derrota para los trabajadores y también para el gobierno, hay que admitirlo, que un principio tan básico se desconozca y no se pueda dar pleno cumplimiento en la legislación. Es una complicación que afecta sensiblemente el proyecto, porque ataca uno de los principios de la reforma.

- ¿El gobierno aún cree en la titularidad sindical propuesta en la reforma?

- La titularidad sindical tiene una consagración a nivel internacional indiscutible. Los convenios y recomendaciones de la OIT, en particular para el caso de Chile, son unívocos: donde hay un sindicato, el grupo negociador sólo termina debilitando al sindicato. Por lo tanto, eliminar esa figura era lo justo y necesario de hacer. Para acoger el recurso de la derecha, había que dar una lectura ideologizada a la Constitución y eso es lo que ocurrió. Primó esa visión.

- El gobierno ya decidió utilizar el veto presidencial, no sólo para restaurar la titularidad, sino que para asegurar el "equilibrio de la reforma". ¿Cuál será la fórmula?

- Que acatamos el fallo no es una frase vacía. Acatar es que somos conscientes de que no se puede reponer titularidad y extensión de la misma forma que se perdió. Ahora, hay que corregir el proyecto de ley, incluso formalmente, porque quedan vacíos en su articulado. Ese es el estudio que estamos realizando estos días y tomaremos una definición cuando conozcamos en detalle el fallo.

- ¿Un camino podría ser titularidad sindical vinculada con la representatividad? ¿Cuál será la fórmula para salvar esa herramienta?

- Surgen dos caminos para enfrentar este fallo. El primero son las correcciones al propio proyecto, porque quedan artículos y disposiciones truncas que hay que corregir. El segundo camino, es que el proyecto queda desequilibrado, que es un elemento distinto. Cuando hablábamos de pactos de adaptabilidad, lo hacíamos en el entendido que se fortalecían a los sindicatos. Uno no puede tener pactos con sindicatos debilitados, porque eso puede ser un abuso rampante.

Por lo tanto tenemos dos tareas: uno, corregir formalmente; dos, "equilibrar" nuevamente un proyecto que, con este fallo, queda desequilibrado. Si uno propone adaptabilidad con fortalecimiento, y se cae el fortalecimiento, uno tiene que legítimamente revisar la adaptabilidad.

- Sin titularidad y con extensión a medias, a lo que se suman los pactos. ¿Es el resultado de la reforma una legislación peor a la actual?

- El análisis hay que hacerlo cuando tengamos el fallo. Todo esto son juicios hipotéticos sobre la información limitada que tenemos hasta ahora. El proyecto tiene avances en muchas otras materias. Con el texto, decenas de miles de trabajadores afiliados a un sindicato interempresa van a poder negociar; la huelga se ve fortalecida; el derecho de información fue ratificado, lo que permite que los trabajadores negocien sin vendas en sus ojos. O sea, hay avances. El problema, es que varios de estos avances se pueden ver debilitados al caerse la titularidad. Ese es el ejercicio de "reequilibrios" que tenemos que hacer. Donde, por ejemplo, los quórum para la constitución de sindicatos y los pactos de adaptabilidad se ven fuertemente cuestionados en su mérito, con este fallo del tribunal.

- Luego de conocer el fallo, ¿cuánto tiempo se va a tomar el gobierno para presentar el veto?

- No queremos especular con fechas, pero la idea es que esto salga más rápido que lento.

- Dirigentes y académicos del oficialismo tiene un diagnóstico común: más que los argumentos jurídicos, lo que importa en el TC es la militancia política de sus integrantes. ¿Comparte esa idea?

-El tribunal es parte de la institucionalidad y los ministros fallaron como fallaron. Lo de fondo es que la Constitución no garantiza un pluralismo de ideas.

- El abogado de la oposición, Gastón Gómez, reconoció que hubo una lectura errónea de la norma de negociación interempresa. Pese a eso, esa objeción contó con 5 votos. ¿Evidencia esto que las decisiones del TC son más políticas que técnicas?

- No es sano cuestionar el racionamiento del tribunal. Pero evidentemente que esa contradicción es patente. El propio abogado reconoce que se equivocó en el requerimiento y aun así hay votos que le dan la razón al quien admite haberse equivocado.

- El abogado del gobierno, Francisco Tapia, señaló que uno de los efectos políticos del fallo es que el Estado chileno será nuevamente requerido por la OIT por no modernizar su legislación laboral. ¿Cómo observa el gobierno la relación con la OIT?

- Es un hecho que vamos a tener ese inconveniente. Los convenios sobre libertad sindical, como el 87 y 98, y las recomendaciones que ha hecho la OIT, analizando casos puntuales chilenos, donde el grupo negociador se utilizó como herramienta deliberada contra el sindicato establecido en una empresa, son claros. Vamos a tener que explicar eso, evidentemente.

- ¿Le cree a la derecha cuando dice que recurrió al TC para defender a los trabajadores?

- No es la interpretación que un observador imparcial podría realizar a la lectura de estos días. Hay gente contenta y gente que no está contenta. Hay que ver quiénes son. Aquí hay un atentado contra la libertad sindical y eso perjudica a los trabajadores. Dejamos a la organización sindical en una posición desmejorada, al no reconocer su titularidad.
"NO HAY RELACIÓN ENTRE LA REFORMA Y EL DESEMPLEO"
Responsabilizar a las reformas del gobierno por el menor crecimiento económico es ya una conocida estrategia de la oposición. Algunos creen en la relación entre ambos elementos; otros no. Culpar a la reforma laboral por el aumento del desempleo, que la semana pasada constataron las encuestas de Microdatos de la Universidad de Chile y del INE, es parte de esa estrategia.

Para Francisco Díaz, estas afirmaciones, reiteradas luego del fallo desfavorable del TC con la reforma laboral, no tienen fundamento.

- La derecha aprovechó las cifras de empleo para responsabilizar a la reforma laboral. Afirmó que ese debate estaba afectando el mercado del trabajo. ¿Tienen algún asidero esas declaraciones?

- Es una crítica política sin mayor asidero técnico. Esa crítica la han intentado durante los últimos tres años. Desde que la Presidenta vuelve a Chile siendo candidata, señalaban que sus políticas iban a debilitar el empleo, cosa que no ocurrió en tres años. Acá estamos hablando de ciclos económicos, de problemas puntuales, que hay que enfrentar con seriedad y no con consignas.

- Las últimas cifras de Microdatos (9,4% para el Gran Santiago en marzo) y del INE (6,3% nacional, entre enero y marzo) no son positivas. ¿Eso no preocupa al gobierno?

- Lo hemos conversado durante estos dos años de gobierno. Los datos de empleo han sido resilientes a la desaceleración. El último dato de la Universidad de Chile hay que leerlo junto al del INE, que sigue siendo una cifra razonable para esta época, con apenas un aumento de dos décimas porcentuales respecto de igual trimestre del año anterior.

Dicho eso, nunca nos hemos "auto felicitado" por las cifras de empleo, porque hemos tomado desde el inicio la óptica de promover políticas activas de empleo, de manera que la cifra no sea función exclusiva ni inercia del crecimiento económico, sino que ayudada por eso. Acá hay gente que con cifras altas o bajas igual no está accediendo al mercado laboral, como mujeres y jóvenes, para los que hay que tener políticas activas de inserción, capacitación e intermediación, que vamos a seguir llevando adelante.
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2016/04/11

Díaz: “Estamos confiados en la robustez del proyecto laboral. Las cuatro materias son constitucionales”

Asegura que “la agenda laboral del gobierno es más amplia” y que el texto aprobado “agota la discusión en materia de derecho colectivo” en el actual período.

Por Karen Peña
Díaz: “Estamos confiados en la robustez del proyecto laboral. Las cuatro materias son constitucionales”
“Concentrados en defendernos frente al Tribunal Constitucional y de tener una buena implementación de la reforma laboral”. Así traza el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, el escenario que se instaló con la aprobación del polémico texto, tras 465 días de intensa discusión parlamentaria en el Congreso.
Se le ve más relajado, pero expectante a los pasos que pueda seguir la tercera reforma estructural del Ejecutivo. “Sabíamos que sería una discusión muy intensa. Lo importante es que a pesar de todo, lo que son los pilares esenciales de este proyecto, se mantuvieron durante toda la tramitación. Estamos muy satisfechos”, dice.
- ¿Quién debe asumir el costo de una reforma que no le gusta a los empresarios ni a los trabajadores?
- La reforma puede para algunos no ser suficiente, pero es difícil descartar los avances que contiene en titularidad, en extensión, en huelga efectiva, entre otros puntos relevantes. No es de pleno gusto de todo el mundo, pero así es la historia de todo tipo de reformas laborales. Con el correr del tiempo podremos analizar desapasionadamente este proyecto y su beneficio a las relaciones laborales.
- ¿El gobierno se hace alguna autocrítica? Por ejemplo, por no lograr un discurso unívoco entre Hacienda y Trabajo o tener la oposición en la Nueva Mayoría...
- Siempre se puede pensar en tramitaciones tan complejas cómo se pudieron haber abordado distintas situaciones, pero lo relevante es que el día de la votación hubo 60 diputados, prácticamente todos los diputados de la NM que estaban en Sala votando a favor del proyecto, hubo 23 senadores, es decir, dos senadores más allá de la bancada de la NM votando a favor del proyecto; y un mundo laboral que, más allá de alguna insuficiencia en un punto determinado, entiende que hay avances sustantivos.
- Pero el doble discurso entre ministerios y la división en la NM fue evidente.
- Lo relevante es que el gobierno llegó a las instancias decisorias con una interpretación unívoca, y que indica que no puede haber reemplazo en huelga y que cualquier tipo de adecuación necesaria se debe realizar para efectos de asegurar el trabajo del trabajador no huelguista y no así para debilitar el efecto de la huelga.
- ¿Cómo se preparan de cara al Tribunal Constitucional?
- El gobierno en todo proyecto de ley siempre tiene a la vista lo que es el contexto constitucional para proponer dicha reforma legal. Y, por tanto, desde un inicio hemos contado con estudios y asesorías internas y externas, lo que nos hace estar muy confiados en que el proyecto es plenamente respetuoso de la Constitución y de los tratados internacionales que Chile ha suscrito.
Gobierno versus oposición
- ¿La extensión de beneficios es la materia más preocupante?
- Confiamos en la constitucionalidad del proyecto. Los cuatro temas sobre los cuales se ha planteado un requerimiento cumplen con los criterios de constitucionalidad. Son cuatro temas sensibles, pero creemos que cumplen con el estándar que se establece en la Constitución.
- ¿Cómo responden al requerimiento de la oposición en titularidad sindical? Se apela a la libertad de asociación...
- El argumento en contra de la eliminación de los grupos negociadores y la reafirmación de la titularidad sindical fue planteado por la derecha desde un comienzo en la Cámara y después en el Senado. Hay suficientes argumentos de texto de la Constitución de 1980, de interpretación sistémica de la Constitución, y además de tratados internacionales y práctica internacional sobre esta materia que nos permiten afirmar de que es legítimo que el legislador regule la manera de cómo se lleva adelante la negociación colectiva por los sindicatos organizados de las empresas. No hay un problema constitucional en esa materia.
- ¿Y en derecho a la información?
- No hay vulneración a los derechos constitucionales en este caso de privacidad o confidencialidad. Mi impresión, leyendo el requerimiento, es que no tuvieron a la vista las últimas modificaciones que se realizó en materia de derecho de información en la comisión mixta que, a nuestro juicio, salvaguardan y logran equilibrar dos principios relevantes que deben armonizarse. Por una parte, la buena información, la planilla y los sueldos de sus afiliados con la cual debe contar el sindicato; con lo que es la privacidad de las remuneraciones de quienes no están afiliados al sindicato. El telón de fondo es que con mejor información hay una mejor negociación y sobre esa base no tendremos problemas sobre aquel capítulo del requerimiento.
- ¿Cuál es la defensa por negociación interempresa?
- La reserva de constitucionalidad sobre el interempresa fue planteada prácticamente al final de la tramitación y de pronto apareció. Hemos leído en las últimas horas lo que es el requerimiento en esa materia y la verdad uno recuerda un poco a Sherlock Holmes y el dilema del perro que no ladró. Se hace una crítica muy fuerte y alega la inconstitucionalidad de la negociación ramal y este proyecto no contiene ese tipo de negociación. No contiene ningún tipo de negociación que vaya más allá de la empresa para los trabajadores de esa empresa cumpliendo con los quórum de un sindicato de empresa.
- Pero la lectura es que es una negociación ramal “encubierta”.
- Pero es que las cosas en derecho son lo que son y no lo que uno dice que son. Aquí lo que hay es una negociación en la empresa con trabajadores, condiciones y realidad de ésta. Se hace algo incomprensible el alegato en ese capítulo.
- ¿Son alegatos incomprensibles?
- Creemos que las cuatro materias son constitucionales.
Implementación de la reforma
- ¿Antes del 21 de mayo tendríamos una reforma convertida en ley?
- Aquí hay tiempos que los maneja el propio tribunal y tenemos que ser respetuosos con los tiempos que el Tribunal se vaya dando.
- ¿No se comprometen con plazos?
- No.
- ¿No lo están manejando?
- No depende del Ejecutivo, depende del TC y, por tanto, nos tenemos que atener a los plazos que el TC se vaya dando. Queremos promulgar la ley prontamente, de manera que alcancemos a tener negociaciones colectivas al amparo de la nueva ley durante el 2016.
- ¿Cómo se están preparando para la implementación de la reforma?
- Hay un período de vacancia legal de seis meses que, en algunos aspectos, se ve adelantado. Por ejemplo, para la calificación de servicios mínimos de aquellas negociaciones que comienzan de manera casi inmediata después de la vigencia de la ley en seis meses más. Entonces, está ese período de tiempo para que la Dirección del Trabajo emita los dictámenes respectivos y toda la implementación ya práctica de la reforma.
Como ministerio tenemos este tiempo para hacer mucha pedagogía y difusión. Este es un nuevo estatuto de negociación colectiva que tiene que ser comprendido por los actores y los operadores que participan de este sistema. Esta ley bien utilizada puede ser una importante herramienta de productividad y de diálogo al interior de la empresa. Por tanto, tenemos que hacer la pedagogía política, porque de pronto durante la tramitación -como los aspectos más salientes eran aquellos más conflictivos- no se apreció en su magnitud el relevante aporte que puede ser esta ley.
- ¿Tienen considerado acciones adicionales para enfrentar la posible judicialización?
- Hoy hay una tasa de judicialización también alta en materia de negociaciones colectivas. No es un tema de la ley sino de la disposición de llevar muchos de estos temas a tribunales. A la inversa, aquellas empresas y sindicatos que dialogan de buena fe en sus procesos de negociación colectiva, generalmente tienen mejores resultados y terminan logrando conciliar los intereses tanto de la empresa como de los trabajadores, así que estamos preparados para dar la mayor certeza a todas las partes.
- ¿A cuánto proyectan que llegue la tasa de sindicalización con esta reforma?
- Es difícil proyectar porque hay un proceso de acostumbramiento. Las reformas del año 2001, que también facilitaron la constitución de sindicatos, significaron un alza en el número de sindicatos cinco, seis años después. Buscamos aumento de sindicalización, no necesariamente de número de sindicatos, pero sí de tasas de sindicalización y un aumento en la cobertura colectiva. El objetivo es el aumento en ambas tasas y esperamos evidentemente que se dé en poco años, vale decir, una o dos negociaciones colectivas después de que esta reforma entre en plena vigencia.
- ¿Cuántas resoluciones, normativas o circulares se publicarán?
- Hay un trabajo que ya está comenzado, en lo que se puede sin tener la ley aprobada evidentemente, y que tiene una cierta planificación de los dictámenes y la reglamentación que se debe ir realizando. Algunos reglamentos están consignados en la propia ley, por ejemplo, el del fondo de formación sindical, del Consejo Superior Laboral, pactos de adaptabilidad. Hay otros que vía dictamen se irán sacando en el transcurso de los próximos meses.

CRÍTICA DE PRIVADOS: "ESPERABLE QUE AL DÍA 465 LA REITERARAN"

El martes pasado la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) convocó a una conferencia de prensa para reiterar sus críticas a la reforma laboral. Mientras, en el Congreso en Valparaíso, sesionaba la comisión mixta para destrabar las diferencias desatadas en ambas Cámaras. Para Díaz, la arremetida empresarial no es de extrañar. "Es la crítica que han hecho desde el día uno, entonces, era esperable que al día 465 la reiteraran, por tanto hay una mezcla de consistencia y contumacia. Lo relevante es que la comisión mixta y que ambas Salas aprobaron mayoritariamente en votación. De hecho la del Senado fue bastante histórica, porque estuvieron todos los senadores presentes, apoyaron lo que fue el último paso de la reforma", puntualiza confiado.

- ¿Se puede concluir y asegurar que este proyecto no tendrá impacto en la economía y el empleo como lo señala el mundo empresarial?

- Cuando se legisló a comienzos del gobierno para terminar con la mala práctica del multirut se auguró efectos catastróficos en el empleo o en la economía, cuando se legisló para agregar un feriado irrenunciable como Navidad o 18 de septiembre también se auguraron efectos en el crecimiento y en el consumo de los ciudadanos. Es bastante recurrente que frente a reformas laborales exista ese tipo de augurios, pero la evidencia internacional es bastante unívoca: a mayor cobertura colectiva, mayores grados de igualdad. La evidencia señala que muchas veces la posibilidad de diálogo entre sindicatos y empresas -uno puede ver en el caso europeo- permite incluso enfrentar de mejor manera momentos de crisis.

MODERNIZAR LA DT Y REGULAR EL TRABAJO DE TEMPOREROS

- ¿Se puede asegurar que no sufrirá modificaciones la reforma laboral considerando lo sucedido con la tributaria?

- La agenda laboral del gobierno es más amplia que este proyecto. Este proyecto agota evidentemente la discusión en materia de derecho colectivo durante el actual período, pero por ejemplo tenemos que presentar prontamente un conjunto de modificaciones para regular el trabajo de los operarios temporeros del mundo agrícola.

Tenemos que presentar muy prontamente también un proyecto de ley para modernizar y fortalecer la Dirección del Trabajo (DT) y varios otros proyectos que abordan aspectos de seguridad en el trabajo, aspectos de derechos individuales del trabajo, entre otros. Se agota la discusión en derecho colectivo, pero hay una serie de otros proyectos en carpeta.

- Entonces, ¿en derecho colectivo no habrá mayores modificaciones respecto a lo que hoy establece la reforma laboral?

- Así es.

- ¿Cuál es la agenda laboral que viene?

- El gobierno va a presentar lo que son sus prioridades en distintos aspectos del mundo laboral y de seguridad social para lo que queda de estos dos años de gobierno. Adelanté algunos en materia de estatuto de temporero, en materia del fortalecimiento de la DT, hay algunos proyectos que ya están en tramitación y que podrían culminar pronto. Por ejemplo en materia de (adaptabilidad) en turismo, de peso máximo de carga, es decir hay varios proyectos .

Distintas modificaciones que involucran algunas de ellas a trabajadores del turismo, que lo aprobó la comisión mixta esta semana, es decir, hay una cierta agenda y también evidentemente están las iniciativas de los parlamentarios. Ellos tienen iniciativa en gran parte de lo que es el código laboral y por tanto ahí hay algún diálogo que realizar.
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