Las indicaciones que concretaron el protocolo de acuerdo tributario en el Senado traían algunas sorpresas. Una de ellas es la incorporación de una amnistía tributaria para la repatriación de capitales de contribuyentes que evadieron impuestos, quienes pagarán una tasa única de 8% sobre el monto de recursos que traigan al país.
Las amnistías tributarias existen desde hace mucho tiempo en la historia de la humanidad. La Piedra Rosetta describe la liberación de la cárcel de condenados por evasión de impuestos en Egipto en el año 200 A.C. y el imperio romano hizo lo mismo múltiples veces, en ambos casos con objetivos de pacificación social. En los últimos años, varios países han creado programas de amnistía para darle a los contribuyentes la oportunidad de volver a la legalidad y además aumentar la recaudación tributaria (Bélgica en 2005, Holanda en 2013 y Australia en 2014).
Sin embargo, hay una gran diferencia entre esas amnistías y la que se propone en Chile: la repatriación de capitales se permite bajo la condición de que los contribuyentes paguen todos los impuestos debidos más una multa, y a cambio de ello no son perseguidos criminalmente por la justicia. Eso es muy distinto que permitir traer capitales a una tasa preferencial muy menor a los impuestos que se deben. Dar un beneficio tan grande no solo es injusto sino que puede incentivar el no pago de impuestos en el futuro. Coincidencia o no, Italia y Portugal han sido los dos países en Europa que más frecuentemente han implementado amnistías tributarias y ambos tienen altas tasas de evasión de impuestos al ingreso. Por eso hay países que se oponen a amnistiar. Este año, durante la discusión de una reforma para combatir la elusión y la evasión tributaria, la ministra de Estado para las Finanzas en India señaló que no habría amnistía para blanquear dineros de evasores de impuestos porque “discrimina contra los contribuyentes honestos y desincentiva a quienes pagan, así que no es una buena forma de recuperar impuestos no pagados”.
Hay senadores que argumentaron que la amnistía permitía aumentar la recaudación tributaria al recuperar parte de los impuestos no pagados. Sin embargo, ni siquiera eso está garantizado. Por ejemplo, Francia en 1982 aprobó una amnistía tributaria para repatriar capitales y recaudó apenas un 0,008% de la recaudación tributaria. La razón es muy simple: quienes ya tienen establecida una estructura legal para transferir dineros sin pagar impuestos no tienen incentivos para pagar una tasa preferencial de impuestos si pueden pagar cero sin problemas. Por eso es que los gobiernos han optado por mejorar la detección de los evasores y sancionarlos fuertemente. La forma de hacerlo es intercambiar información. Hay 67 países, incluido Chile, que han firmado el Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters que incluye intercambio automático de información tributaria entre países. Estados Unidos además llegó a un acuerdo este año para que más de 77 mil bancos extranjeros le entreguen información detallada sobre las cuentas de estadounidenses en el exterior. Todo ello aumenta la probabilidad de detectar y sancionar a evasores de impuestos.
El mundo se mueve hacia perseguir y castigar a evasores de impuestos, en especial a los que esconden sus recursos en el extranjero. Chile es parte de esa tendencia, al firmar el acuerdo multilateral de intercambio de información y ahora incorporar atribuciones mayores para el Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, en este contexto, el gobierno decide amnistiar en forma generosa a quienes evadieron impuestos y sacaron dinero al exterior. Si bien no sabemos quiénes son ni hay datos para caracterizarlos, es muy probable que sean personas que están al menos en el 3% de más altos ingresos ya que ellos pueden pagar las asesorías y mecanismos para hacerlo y son quienes más se benefician de evadir porque pagan tasas más altas de impuestos. A ellos beneficia esta amnistía en Chile y me parece un escándalo.
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