El gobierno publicó recientemente la Agenda Nacional de Energía, a fin de guiar una discusión social y legislativa que permita realizar las adecuaciones que requiera la industria para proveer al país “energía que sea confiable, sustentable, inclusiva y de precios razonables, con una matriz eléctrica diversificada, equilibrada y que garantice al país mayores niveles de soberanía en sus requerimientos de energía”.
Este ambicioso objetivo y el exigente trabajo propuesto en la agenda constituyen una reacción a las grandes dificultades (justificadas o no) que existen para desarrollar proyectos de generación y transmisión eléctrica, lo que además de incertidumbre jurídica ha provocado un considerable déficit de infraestructura. Lo anterior redunda en la utilización en exceso de centrales ineficientes, elevando los costos de producción y adquisición de energía en el sistema y dificultando acuerdos de suministro de largo plazo a precios razonables, sea para consumo residencial, de la minería o la industria; todo lo cual afecta seriamente la competitividad de nuestras empresas, limitando el desarrollo y crecimiento del país.
Aun si existen algunas diferencias en el diagnóstico y soluciones planteadas, debe valorarse el liderazgo asumido por el ministro Pacheco, algo indispensable para llevar adelante una tarea tan necesaria como exigente, por la cantidad y dificultad de los temas a abordar para salvar la coyuntura y para imprimir a la industria una mirada de más largo plazo.
Ahora, resulta urgente pasar del qué al cómo solucionar los problemas, discutiendo informadamente, sincerando aún más el debate. Esto supone añadir o complementar en la agenda la necesidad de impulsar proyectos de energía de base, sin descartar tecnologías o proyectos a priori, “desmitificando la termoelectricidad” y apoyando más la hidroelectricidad, así como simplificar las evaluaciones de proyectos y fortalecer las instituciones que intervienen en ello, agilizando su actuar y evitando su captura por grupos de interés; a fin de reducir la incertidumbre regulatoria que enfrentan desarrolladores y comunidades. Plantear impuestos verdes cuando el sistema acaba de hacer una cuantiosa inversión para ajustarse a exigentes normas de emisiones o impulsar una reforma radical sobre el aprovechamiento de las aguas parece ir en sentido contrario, más aún si se discute en forma separada de esta agenda.
Confiamos en que la autoridad ordenará el debate y sacará adelante la tarea.
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