A comienzos de noviembre se cumplirá el plazo legal para cerrar la investigación del caso La Polar. La ley establece que este proceso no se puede extender por más de dos años. Sin embargo, las señales entregadas por las partes involucradas permiten avizorar que se pedirá una nueva extensión con el fin de solicitar nuevas diligencias.
“Acá se topará con el máximo legal del plazo; eso es algo que tenemos claro. Sin embargo, creemos que aún el Ministerio Público debe desarrollar una serie de diligencias y si al llegar la fecha estas no se han desarrollado, por supuesto que pediremos extender el plazo”, dice el abogado de Julián Moreno, Miguel Chaves.
El profesional considera necesario para el diseño de su defensa contar con información relativa sobre las emisiones de bonos desarrolladas por la compañía en la gestión de Pablo Alcalde.
“Nos interesa esa información, ya que podría quedar en entredicho la condición de querellantes de los bancos. Además, queremos tener información sobre las deudas prescritas. Eso lo hemos informado al Ministerio Público, pero hasta el momento no se ha acogido”, precisa.
Si bien no profundiza sobre las diligencias que espera incorporar a su defensa, el abogado de Pablo Alcalde, Jorge Bofill, también deja abierta la puerta a un nuevo aumento en el plazo de investigación.
“No me voy a pronunciar por ahora acerca del eventual cierre de la investigación, ya que existen numerosas diligencias pendientes a la fecha, de modo que mientras no se realicen la investigación debe permanecer abierta”, manifiesta.
El actual panorama expresado por las defensas se contrapone por lo establecido por el Ministerio Público hace dos meses, cuando el fiscal José Morales sostuvo que por su parte la investigación se encontraba cerrada.
Ahora el propio fiscal sostiene que los plazos podrían cambiar. “Estamos llegando a la fase final de la investigación, pero debemos tener claro que los plazos no necesariamente son fijos”, afirma Morales, quien agrega que no habrá más imputados.
En caso que las partes decidan solicitar una prorroga, la ley establece que debe argumentarse. “Se debe precisar cuáles son las diligencias que restan por desarrollar”, explica la abogada de los minoritarios, Bárbara Salinas.
La profesional añade que aún es preciso establecer cuál fue el rol de las corredoras de bolsa en el periodo cuestionado por las repactaciones unilaterales.
RESPUESTA A MEO.
Tras el cuestionamiento por la suspensión de la medida cautelar solicitada por Alcalde, su abogado Jorge Bofill salió al paso de las criticas de Marco Enríquez Ominami, quien afirmó que “estaba de vacaciones”. “El sesgo es tan evidente como que hasta algún candidato presidencial se ha aprovechado de él, criticando que mi cliente haya pasado dos semanas fuera de Santiago. Si hasta alguien que aspira a ser presidente cree que olvidarse de la presunción de inocencia -lo cual es francamente impresentable en un Estado de Derecho- no le va a acarrear costos, los hechos hablan por sí solos”, puntualizó.http://www.pulso.cl
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