Medidas restrictivas que aplica el gobierno desde 2011 y la alta inflación obligaron a varios grupos foráneos a “hacer sus maletas”.
El Cronista, Argentina.
Mientras la presidenta Cristina Fernández utiliza la cadena nacional para transformar proyectos empresarios en mitines electorales en los cuales se anuncian nuevas inversiones y radicación de compañías extranjeras en el país, entre 2011 y lo que va de este año más de 20 grupos multinacionales optaron por cerrar sus operaciones locales.
Y en todos los casos los motivos están vinculados al cambiante escenario económico y a medidas del gobierno que pusieron en riesgo las actividades de estos grupos o directamente las convirtieron en inviables. Control cambiario, restricciones para importar, prohibición para girar divisas al exterior, inflación cada vez más alta, desdoblamiento cambiario y otras políticas oficiales ayudaron a que las compañías fueran perdiendo competitividad en los últimos dos años.
El último caso es el de Elektra, empresa mexicana que desembarcó en el país en 2007 prometiendo una inversión de US$ 60 millones y la apertura de 35 locales de venta de electrodomésticos y artículos para el hogar. Propiedad del grupo Salinas, dueño de TV Azteca y el Banco Azteca, su negocio apuntaba a sectores de medios y bajos ingresos, a través de créditos con cuotas de bajos importes y plazos más extendidos.
Sin embargo, la compañía emitió el miércoles un comunicado desde su casa matriz en el cual argumenta que su decisión “resulta de un difícil entorno macroeconómico y de negocios, que resta viabilidad a la operación”. También identifica al cepo cambiario y la pérdida de competitividad como factores que la fueron dejando sin mercado.
Las razones de Elektra son similares a las de otros grupos extranjeros que también armaron las maletas o redujeron sus actividades a su mínima expresión. Ejemplos sobran. La minera brasileña Vale, que por costos y vaivenes cambiarios, frenó un proyecto por US$ 4.000 millones en Mendoza. También los brasileños de América Latina Logística (ALL), cuyos negocios fueron expropiados por el gobierno -como Repsol de YPF- por considerar que no realizó las inversiones necesarias en sus ramales ferroviarios de carga. Petrobras, que ya vendió el 50% de sus activos al empresario Cristóbal López y no renunció a desprenderse de lo que aún le queda.
Del mismo modo lo hizo el gigante petrolero Exxon, cediendo la empresa Esso a la familia Bulgheroni. En el área energética, British Gas se fue de Metrogas, como lo hicieron otros grupos de fuera con participación en empresas privatizadas de generación, transmisión y distribución de energía.
La lista sigue con la también brasileña Deca Piazza, fabricante de sanitarios y griferías; el grupo español Jazztel, dueño de un call center en Córdoba. Lo mismo hizo la estadounidense Sykes Enterprises, que mudó a otro país su call center que operaba en la misma provincia.
En el sector alimenticio se fueron la canadiense Agropur, que controlaba el 50% de La Lácteo; el gigante de EEUU Tyson Foods, que se desprendió del frigorífico Carnes Pampeanas a fines de 2011; la pesquera asiática Sealord, que operaba en Tierra del Fuego; el grupo brasileño JBS, que llegó con la compra de Swift, y que hoy sólo opera un frigorífico.
Y en todos los casos los motivos están vinculados al cambiante escenario económico y a medidas del gobierno que pusieron en riesgo las actividades de estos grupos o directamente las convirtieron en inviables. Control cambiario, restricciones para importar, prohibición para girar divisas al exterior, inflación cada vez más alta, desdoblamiento cambiario y otras políticas oficiales ayudaron a que las compañías fueran perdiendo competitividad en los últimos dos años.
El último caso es el de Elektra, empresa mexicana que desembarcó en el país en 2007 prometiendo una inversión de US$ 60 millones y la apertura de 35 locales de venta de electrodomésticos y artículos para el hogar. Propiedad del grupo Salinas, dueño de TV Azteca y el Banco Azteca, su negocio apuntaba a sectores de medios y bajos ingresos, a través de créditos con cuotas de bajos importes y plazos más extendidos.
Sin embargo, la compañía emitió el miércoles un comunicado desde su casa matriz en el cual argumenta que su decisión “resulta de un difícil entorno macroeconómico y de negocios, que resta viabilidad a la operación”. También identifica al cepo cambiario y la pérdida de competitividad como factores que la fueron dejando sin mercado.
Las razones de Elektra son similares a las de otros grupos extranjeros que también armaron las maletas o redujeron sus actividades a su mínima expresión. Ejemplos sobran. La minera brasileña Vale, que por costos y vaivenes cambiarios, frenó un proyecto por US$ 4.000 millones en Mendoza. También los brasileños de América Latina Logística (ALL), cuyos negocios fueron expropiados por el gobierno -como Repsol de YPF- por considerar que no realizó las inversiones necesarias en sus ramales ferroviarios de carga. Petrobras, que ya vendió el 50% de sus activos al empresario Cristóbal López y no renunció a desprenderse de lo que aún le queda.
Del mismo modo lo hizo el gigante petrolero Exxon, cediendo la empresa Esso a la familia Bulgheroni. En el área energética, British Gas se fue de Metrogas, como lo hicieron otros grupos de fuera con participación en empresas privatizadas de generación, transmisión y distribución de energía.
La lista sigue con la también brasileña Deca Piazza, fabricante de sanitarios y griferías; el grupo español Jazztel, dueño de un call center en Córdoba. Lo mismo hizo la estadounidense Sykes Enterprises, que mudó a otro país su call center que operaba en la misma provincia.
En el sector alimenticio se fueron la canadiense Agropur, que controlaba el 50% de La Lácteo; el gigante de EEUU Tyson Foods, que se desprendió del frigorífico Carnes Pampeanas a fines de 2011; la pesquera asiática Sealord, que operaba en Tierra del Fuego; el grupo brasileño JBS, que llegó con la compra de Swift, y que hoy sólo opera un frigorífico.
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