Analistas consultados por La Tercera señalaron que el acuerdo alcanzado entre el gobierno y empresas de comercio apunta a influir en las negociaciones salariales que se iniciaron esta semana.
por Nicolás Vivanco
El fuerte avance de la inflación en Argentina y la legitimidad de las medidas para calcular su variación han estado en el centro de la polémica los últimos días luego que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aplicara la semana pasada una inédita censura al país transandino por su demora en implementar medidas para remediar “la inexactitud de sus datos de IPC y PIB”.
Los números oficiales de inflación y crecimiento económico han sido cuestionados por el FMI, economistas y políticos, desde 2007, cuando el entonces Presidente Néstor Kirchner reemplazó a los técnicos y la plana ejecutiva del Instituto de Estadísticas y Censos, Indec.
El gobierno llegó a multar a consultoras que difundieron estimaciones diferentes de las oficiales.
Sólo para 2012, los cálculos de economistas privados apuntan a una inflación de 25,6%, muy lejos del 10,8% que subieron los precios al consumidor, según el Indec.
A solo tres días de aplicada la declaración de censura del FMI el gobierno argentino anunció un acuerdo con las principales cadenas de supermercados para congelar los precios de la totalidad de los productos que comercializan hasta el 1 de abril.
A la medida se sumaron posteriormente compañías de retail, la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas así como la Federación de Entidades de Autoservicistas y Polirrubros de Buenos Aires, que agrupa a almacenes de barrio.
Sin embargo, economistas argentinos descartan que el congelamiento de precios tenga efecto en la inflación, la que según consultoras privadas, como M&S del economista Carlos Melconián, habría saltado a entre un 2,6% y un 2,9% en enero, desde el 1,6% y 1,9% de los meses previos.
"No tendrá impacto, la lógica que está detrás de esto es evitar que los ajustes salariales de los sindicatos estén basados en un incremento de precios, la idea es decir no pidan tanto porque los precios están congelados" señaló a La Tercera, Carolina Monti, economista del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres.
Los sindicatos han advertido que en las negociaciones salariales que han comenzado con el gobierno y los empresarios exigirán aumentos de entre 25% y 30%.
Carolina Monti señala además que los 60 días en que regirá el congelamiento es un periodo "insuficiente".
Mariano Lamothe, gerente de Análisis Económico de la consultora ABECEB plantea una tesis similar.
"Es una medida muy transitoria, se está tomando solo como un puente para iniciar negociaciones salariales que comienzan en estos meses", sostiene.
El economista agrega que el problema de la alta inflación tiene que ver con temas más estructurales como una demanda sobrecalentada sobre una oferta que no tiene más margen y a su vez una política fiscal que involucra mucha emisión de papel moneda.
Respecto a las opciones de que la situación pueda corregirse en el mediano plazo, Monti advierte que "veo díficil un giro de la política económica argentina, sobre todo por que este año hay elecciones legislativas".
LA TARJETA AMARILLA DEL FMI
Luego de la advertencia del FMI, que dio plazo hasta el 29 de septiembre para que Argentina reformule sus estadísticas económicas, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, informó que a fines de este año se comenzará a implementar un nuevo índice para medir la inflación, el que a diferencia del actual que solo incluye a Buenos Aires, será a nivel nacional.
Sin embargo, los analistas dudan que el gobierno avance hacia una correción que se ajuste a los lineamientos del organismo internacional.
"Para todo lo que diga el FMI, el Estado va intentar hacer lo contrario como una forma de orgullo. Es el populismo que tiene el gobierno" señala Lamothe.
Por su parte Monti evalúa la adevertencia como "un capítulo más dentro de la permanente discusión que se ha tenido con el FMI" y agrega "no veo al gobierno cambiando sus políticas de manejo económico y tampoco veo posible que el FMI termine expulsando a Argentina, podría existir una sanción más severa pero no veo una expulsión directa".
Los números oficiales de inflación y crecimiento económico han sido cuestionados por el FMI, economistas y políticos, desde 2007, cuando el entonces Presidente Néstor Kirchner reemplazó a los técnicos y la plana ejecutiva del Instituto de Estadísticas y Censos, Indec.
El gobierno llegó a multar a consultoras que difundieron estimaciones diferentes de las oficiales.
Sólo para 2012, los cálculos de economistas privados apuntan a una inflación de 25,6%, muy lejos del 10,8% que subieron los precios al consumidor, según el Indec.
A solo tres días de aplicada la declaración de censura del FMI el gobierno argentino anunció un acuerdo con las principales cadenas de supermercados para congelar los precios de la totalidad de los productos que comercializan hasta el 1 de abril.
A la medida se sumaron posteriormente compañías de retail, la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas así como la Federación de Entidades de Autoservicistas y Polirrubros de Buenos Aires, que agrupa a almacenes de barrio.
Sin embargo, economistas argentinos descartan que el congelamiento de precios tenga efecto en la inflación, la que según consultoras privadas, como M&S del economista Carlos Melconián, habría saltado a entre un 2,6% y un 2,9% en enero, desde el 1,6% y 1,9% de los meses previos.
"No tendrá impacto, la lógica que está detrás de esto es evitar que los ajustes salariales de los sindicatos estén basados en un incremento de precios, la idea es decir no pidan tanto porque los precios están congelados" señaló a La Tercera, Carolina Monti, economista del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres.
Los sindicatos han advertido que en las negociaciones salariales que han comenzado con el gobierno y los empresarios exigirán aumentos de entre 25% y 30%.
Carolina Monti señala además que los 60 días en que regirá el congelamiento es un periodo "insuficiente".
Mariano Lamothe, gerente de Análisis Económico de la consultora ABECEB plantea una tesis similar.
"Es una medida muy transitoria, se está tomando solo como un puente para iniciar negociaciones salariales que comienzan en estos meses", sostiene.
El economista agrega que el problema de la alta inflación tiene que ver con temas más estructurales como una demanda sobrecalentada sobre una oferta que no tiene más margen y a su vez una política fiscal que involucra mucha emisión de papel moneda.
Respecto a las opciones de que la situación pueda corregirse en el mediano plazo, Monti advierte que "veo díficil un giro de la política económica argentina, sobre todo por que este año hay elecciones legislativas".
LA TARJETA AMARILLA DEL FMI
Luego de la advertencia del FMI, que dio plazo hasta el 29 de septiembre para que Argentina reformule sus estadísticas económicas, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, informó que a fines de este año se comenzará a implementar un nuevo índice para medir la inflación, el que a diferencia del actual que solo incluye a Buenos Aires, será a nivel nacional.
Sin embargo, los analistas dudan que el gobierno avance hacia una correción que se ajuste a los lineamientos del organismo internacional.
"Para todo lo que diga el FMI, el Estado va intentar hacer lo contrario como una forma de orgullo. Es el populismo que tiene el gobierno" señala Lamothe.
Por su parte Monti evalúa la adevertencia como "un capítulo más dentro de la permanente discusión que se ha tenido con el FMI" y agrega "no veo al gobierno cambiando sus políticas de manejo económico y tampoco veo posible que el FMI termine expulsando a Argentina, podría existir una sanción más severa pero no veo una expulsión directa".
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